Las declaraciones juradas de 2025 dejaron al descubierto una serie de propiedades adquiridas por funcionarios y legisladores vinculados al Gobierno de Javier Milei mediante créditos del Banco Nación. Lotes, casas en barrios privados, casasquintas y departamentos aparecen entre los bienes incorporados, mientras la Justicia investiga posibles irregularidades en el otorgamiento de algunos préstamos.
Las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a 2025 permitieron reconstruir el destino de varios de los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo. El relevamiento realizado por Página/12 identificó propiedades de importantes dimensiones y elevado valor, entre ellas terrenos en countries, casas en barrios privados, casasquintas y departamentos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. El caso generó cuestionamientos debido a que algunos de los beneficiarios ya contaban con viviendas, mientras que en otros surgieron dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de capacidad de pago establecidos por el propio banco.
El origen de la controversia está en una línea crediticia del Banco Nación denominada “+Hogares Sector Público”, destinada originalmente a trabajadores estatales y que contemplaba condiciones particularmente favorables. Entre sus características se encontraba la posibilidad de financiar hasta el 90 por ciento del valor de una propiedad y acceder a montos superiores a los de otras líneas. Según la investigación periodística, el propio Banco Nación reconoció que funcionarios y legisladores fueron incluidos deliberadamente dentro de este esquema, una decisión que terminó alimentando las sospechas sobre posibles beneficios especiales y derivó en una investigación judicial.
Entre los nombres que aparecen en el relevamiento se encuentran integrantes del equipo económico del Gobierno y legisladores libertarios. Federico Furiase, Felipe Núñez, Felipe Berón y Pedro Inchauspe aparecen entre los casos más cuestionados por los montos de los préstamos y las características de los inmuebles adquiridos. También figuran otros dirigentes y funcionarios como Lorena Villaverde, Santiago Santurio, Sharif Menem, Nazarena Menem, Mariano Campero y Juan Pablo Carreira, conocido públicamente como “Juan Doe”. La investigación de Página/12 sostiene que en algunos casos las propiedades incorporadas al patrimonio presentan características que exceden las necesidades de una vivienda familiar convencional.
Uno de los casos señalados es el de Lorena Villaverde, quien declaró una propiedad de casi 1.500 metros cuadrados en Cipolletti, Río Negro, valuada fiscalmente en más de 319 millones de pesos. Según la información publicada, la vivienda se encuentra en un barrio privado y la diputada ya contaba anteriormente con una propiedad en Escobar. Además, figura un terreno en Las Grutas adquirido mediante otro préstamo. El caso adquirió especial relevancia porque, de acuerdo con la investigación, una entidad bancaria le habría rechazado previamente un crédito debido a que no alcanzaba el “scoring” requerido, mientras que posteriormente obtuvo financiamiento del Banco Nación.
Otro de los expedientes mencionados es el del diputado Santiago Santurio, quien recibió un crédito cercano a los 239 mil dólares y adquirió una casaquinta de más de 1.100 metros cuadrados en Bella Vista. La operación fue cuestionada judicialmente por la diputada Marcela Pagano, quien lo denunció por presunto enriquecimiento ilícito y supuestas negociaciones incompatibles con la función pública. La presentación sostiene, entre otros argumentos, que el legislador no habría reunido las condiciones económicas necesarias para acceder al préstamo bajo los parámetros habituales de evaluación crediticia. La causa se convirtió así en una de las derivaciones judiciales del escándalo de los créditos otorgados por el Nación.
Entre los integrantes del equipo económico también aparecen operaciones que generaron cuestionamientos. Felipe Núñez incorporó a su patrimonio la mitad de una casa de 389 metros cuadrados ubicada en San Isidro, mientras que Pedro Inchauspe recibió uno de los créditos de mayor monto, superior a los 500 millones de pesos, para adquirir un departamento de 133 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires. En este último caso, el inmueble fue declarado como destinado a “otros” y no como vivienda habitual, dado que el funcionario ya contaba con una casa declarada como “casa habitación” en San Fernando. La situación alimentó las críticas acerca de la utilización de una línea hipotecaria destinada originalmente a facilitar el acceso a la vivienda.
También aparece el caso de Sharif Menem, integrante del entorno de Martín Menem en la Cámara de Diputados, quien declaró la compra de un departamento de 60 metros cuadrados en CABA. Según el relevamiento periodístico, el inmueble fue valuado fiscalmente en más de 339 millones de pesos y su situación fue incluida en una denuncia presentada por Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa y falsedad en la declaración jurada patrimonial. El caso despertó cuestionamientos adicionales debido a los ingresos declarados por Menem y a las dudas planteadas sobre cómo se determinó su capacidad de repago para acceder al financiamiento.
La lista se completa con otros funcionarios y legisladores que utilizaron los créditos para adquirir propiedades en distintas zonas del país. Mariano Campero obtuvo un préstamo de 275 millones de pesos para una propiedad de casi 1.000 metros cuadrados en Yerba Buena, mientras que Javier Matías Mana recibió 242 millones para un inmueble de tipo country en Escobar. También aparecen Federico Ramos Napoli, Juan Pablo Carreira y Leandro Massaccesi entre quienes adquirieron departamentos o propiedades mediante estos mecanismos. La diversidad de operaciones muestra que el fenómeno no se limitó a un único funcionario ni a una sola modalidad inmobiliaria.
El caso continúa bajo investigación judicial y uno de los principales reclamos apunta a conocer en detalle las carpetas de cada préstamo, las evaluaciones de riesgo y los criterios utilizados por el Banco Nación para aprobarlos. Un pedido de acceso a la información pública presentado por el diputado Esteban Paulón busca precisamente acceder a esa documentación, mientras la causa penal que investiga las posibles irregularidades permanece bajo reserva. El debate político queda planteado alrededor de una pregunta central: si los créditos subsidiados fueron diseñados para facilitar el acceso a la vivienda, por qué terminaron siendo utilizados por funcionarios y dirigentes con capacidad patrimonial para comprar propiedades de grandes dimensiones o, en algunos casos, segundas viviendas.
Fuente: Página12
