El Gobierno nacional destinó casi 22 millones de dólares del Fondo del Servicio Universal para llevar internet satelital de Starlink a 6.000 escuelas rurales de todo el país. El acuerdo con la empresa de Elon Musk se concretó sin licitación ni concurso público y establece que las provincias deberán asumir los costos del servicio una vez finalizado el financiamiento nacional.
El Gobierno de Javier Milei, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), oficializó un acuerdo con Starlink para brindar conectividad satelital a unas 6.000 escuelas rurales de todo el país. La operación contempla un desembolso total de 21.876.000 dólares provenientes del Fondo del Servicio Universal (FSU), destinado a financiar la instalación, los equipos, el soporte técnico y parte del servicio de conectividad. La iniciativa es presentada por el Gobierno como una herramienta para reducir la brecha digital y garantizar el acceso a internet en establecimientos educativos ubicados en zonas donde las alternativas tradicionales de conectividad resultan más difíciles o costosas. Sin embargo, el procedimiento utilizado para seleccionar a la compañía de Elon Musk generó cuestionamientos por la ausencia de una licitación o concurso público.
De acuerdo con la información publicada por Política Argentina, el esquema contempla que Starlink aporte en carácter de “donación” equipos y dos años de servicio por un valor declarado de 9.978.000 dólares. A su vez, el Estado nacional desembolsará otros 11.898.000 dólares destinados a la instalación, el soporte técnico y un tercer año de conectividad. De esta manera, el acuerdo combina un aporte de la empresa con recursos públicos provenientes del Fondo del Servicio Universal, un mecanismo creado precisamente para promover el acceso a las telecomunicaciones en sectores y regiones que presentan dificultades de conectividad.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la velocidad con la que se concretó el acuerdo. Según el artículo citado por Política Argentina, Starlink presentó su “Carta de Intención” el 15 de julio y apenas ocho días después, el interventor del Enacom, Juan Martín Ozores, firmó la Resolución 663/2026 que formalizó la iniciativa. El procedimiento no incluyó concurso público, licitación ni una compulsa con otros prestadores que permitiera comparar propuestas, precios y condiciones. Esta circunstancia generó interrogantes acerca de los mecanismos utilizados para determinar que Starlink constituía la alternativa más conveniente para llevar conectividad a las escuelas rurales.
La discusión también alcanza al precio establecido para la prestación. Según el análisis citado en la nota, la valuación de los equipos y servicios fue determinada por la propia Starlink, sin un proceso competitivo previo que permitiera establecer un precio de referencia entre distintos proveedores. El costo por establecimiento, de acuerdo con esa información, incluso quedaría por encima del abono residencial estándar que la compañía ofrece actualmente en Argentina. De esta manera, los cuestionamientos no se limitan al hecho de que no haya existido una licitación, sino también a la metodología utilizada para establecer cuánto valen los equipos y servicios que serán financiados parcialmente con fondos públicos.
Otro aspecto controvertido es que el acuerdo fue formalizado antes de identificar concretamente cuáles serían las escuelas beneficiarias. La nota señala que tampoco habría existido una articulación previa suficiente con provincias y municipios, pese a que estas jurisdicciones tienen responsabilidades directas sobre buena parte de los establecimientos educativos que recibirán el servicio. El planteo adquiere especial importancia porque la conectividad satelital requiere determinadas condiciones técnicas y de infraestructura para funcionar correctamente, por lo que la selección de los establecimientos debería contemplar las características particulares de cada zona y escuela.
El esquema establece además que el financiamiento nacional finalizará después del tercer año de servicio. A partir de ese momento, las provincias que adhieran al programa deberán hacerse cargo de los costos de continuidad. Esto implica que una política financiada inicialmente con recursos nacionales podría generar obligaciones presupuestarias futuras para las jurisdicciones provinciales. El riesgo adquiere una dimensión adicional porque se trata de un servicio cuyo precio se encuentra vinculado al dólar: una eventual depreciación del peso podría aumentar significativamente el costo que deberán afrontar las provincias para mantener conectadas las escuelas una vez terminado el aporte nacional.
El acuerdo también contiene condiciones que, según los cuestionamientos difundidos, otorgarían una posición favorable a Starlink frente a eventuales problemas técnicos. Si una escuela seleccionada finalmente no pudiera ser conectada debido a inconvenientes de infraestructura o cuestiones técnicas, la empresa no quedaría obligada a reemplazarla ni a devolver los fondos asignados. En caso de que se autorice excepcionalmente el reemplazo del establecimiento, las gestiones y los costos correspondientes quedarían a cargo de la provincia. El esquema, por lo tanto, trasladaría parte de los riesgos operativos desde la empresa hacia las jurisdicciones que deberán sostener el servicio en el futuro.
La elección de Starlink también vuelve a poner en discusión el papel de las empresas privadas frente a las capacidades tecnológicas desarrolladas por el Estado argentino. La compañía de Musk posee una extensa red de satélites de órbita baja que le permite ofrecer conectividad en zonas alejadas de las redes terrestres convencionales. El Gobierno de Milei mantiene además una relación política y personal cercana con Elon Musk, quien fue uno de los empresarios tecnológicos internacionales que mostró públicamente su respaldo al Presidente argentino. En este contexto, el acuerdo para conectar miles de escuelas rurales vuelve a instalar el debate sobre hasta qué punto las políticas públicas de conectividad deben apoyarse en empresas privadas internacionales o priorizar capacidades e infraestructura desarrolladas dentro del país.
La iniciativa representa, en definitiva, una inversión importante para intentar reducir la brecha digital que afecta a miles de estudiantes de zonas rurales, pero también abre interrogantes sobre las condiciones bajo las cuales se concretó. El Gobierno decidió utilizar casi 22 millones de dólares del Fondo del Servicio Universal y seleccionar a Starlink sin un proceso competitivo entre proveedores. Mientras el oficialismo puede presentar el programa como una solución rápida para escuelas que necesitan conectividad, las críticas se concentran en el precio, la falta de licitación, la determinación de las escuelas beneficiarias y el traslado de los costos posteriores a las provincias. El acuerdo con la empresa de Elon Musk quedará así bajo la lupa no solamente por sus objetivos educativos, sino también por la forma en que el Estado decidió contratar el servicio y distribuir los riesgos financieros y operativos del programa.
Fuente: Política Argentina
