La Legislatura de Córdoba dio despacho favorable al proyecto que busca adaptar el Régimen Procesal Penal Juvenil provincial a la nueva normativa nacional. La reforma incorpora los cambios establecidos por la Ley 27.801, entre ellos la posibilidad de que adolescentes desde los 14 años queden alcanzados por un proceso penal.
La Legislatura de Córdoba avanzó con la adecuación del régimen penal juvenil provincial al nuevo marco establecido a nivel nacional. Las comisiones de Seguridad y de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia se reunieron este martes y emitieron despacho favorable para un proyecto unificado que modifica distintos aspectos de la Ley 11.035, con el objetivo de adaptar los procedimientos provinciales a las disposiciones del nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, establecido por la Ley 27.801.
Uno de los principales cambios que deberá contemplar Córdoba está relacionado con la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar sometido a un proceso de responsabilidad penal. El nuevo régimen nacional establece que los adolescentes desde los 14 años pueden quedar alcanzados por un proceso penal, mientras que el esquema anterior tenía como referencia los 16 años. La modificación implica un cambio sustancial en el sistema y obliga a las provincias a revisar sus procedimientos para garantizar que la aplicación de la nueva normativa se realice dentro de un marco especializado.
El proyecto que analiza la Unicameral corresponde al expediente 47297 y reúne distintas iniciativas que habían sido presentadas previamente en la Legislatura. Entre ellas se encuentra una propuesta impulsada por las legisladoras Julieta Rinaldi, Stella Peralta, Luciana Presas, Doris Mansilla y Brenda Austin, junto con los legisladores Matías Chamorro y Mauricio Jaimes. También fue compatibilizada con el expediente 46415, presentado por Oscar Agost Carreño, que planteaba modificaciones a la Ley 11.035 para adecuarla al nuevo escenario nacional.
El tratamiento de la reforma provincial se desarrolló a través de un proceso que incluyó aportes de distintos sectores vinculados con la Justicia y las políticas de niñez y adolescencia. En las instancias de análisis participaron representantes del Poder Judicial, la Fiscalía General, la Defensa Pública, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, universidades y diferentes espacios políticos. El objetivo fue incorporar miradas técnicas y jurídicas antes de avanzar con una modificación que tendrá impacto directo sobre el funcionamiento del sistema penal juvenil cordobés.
La iniciativa busca, además de adecuar la legislación provincial a la normativa nacional, preservar los principios de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Desde la Legislatura señalaron que el proyecto pretende actualizar los aspectos procesales y procedimentales del sistema, procurando mantener un régimen de justicia penal especializado y compatible con las garantías establecidas por la Constitución y los tratados internacionales. De esta manera, la discusión no queda limitada exclusivamente a la edad de responsabilidad penal, sino que también involucra la forma en que deberán desarrollarse las investigaciones y los procesos judiciales.
La adecuación llega en un momento de plazos ajustados para las provincias, debido a la entrada en vigencia del nuevo régimen nacional. La normativa 27.801 establece un nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil y modifica parámetros que hasta ahora regían en el país. Córdoba debe adaptar su legislación procesal para evitar incompatibilidades entre el sistema nacional y las herramientas jurídicas utilizadas en el ámbito provincial, especialmente en materia de intervención judicial, defensa, medidas aplicables y tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.
El debate también se encuentra atravesado por una discusión más amplia sobre cómo equilibrar la respuesta estatal frente al delito cometido por adolescentes con las obligaciones de protección de sus derechos. La reforma provincial busca establecer reglas claras para la actuación de los distintos organismos y garantizar que quienes sean incorporados al sistema reciban un tratamiento acorde con su edad y condición. En ese sentido, el proyecto pretende combinar una respuesta penal especializada con los estándares de protección integral que Córdoba ya contempla en su legislación sobre niñez y adolescencia.
Con el despacho favorable, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto de la Legislatura de Córdoba. Según lo informado oficialmente, la iniciativa podría ser abordada durante la sesión ordinaria de este miércoles, en un contexto marcado por la proximidad de la entrada en vigencia del nuevo régimen nacional. La eventual aprobación significará una nueva modificación del marco procesal provincial y abrirá una etapa de implementación que requerirá coordinación entre la Justicia, los organismos de niñez, las fuerzas de seguridad, la defensa pública y el resto de las instituciones involucradas.
Fuente: Cba24n
