El legislador de Hacemos Unidos por Córdoba presentó su renuncia indeclinable a la banca que ocupaba por el departamento Río Seco, pocos días después de haber obtenido una licencia de 180 días. La decisión se produce en medio de una investigación por grooming y presuntos abusos sexuales contra adolescentes que involucra a integrantes de su entorno.
El legislador provincial Ernesto Ramón “Cañito” Flores presentó este domingo su renuncia indeclinable a la banca que ocupaba en la Legislatura de Córdoba en representación del departamento Río Seco. La decisión se conoció después de una semana de fuerte repercusión política y judicial por una investigación iniciada en Villa de María de Río Seco, en la que se investigan presuntos hechos de grooming y abusos sexuales contra adolescentes y en la que se encuentra imputado José Aníbal Ricardo Villarreal, quien había trabajado como asesor vinculado al legislador. Flores, cabe aclarar, no se encuentra imputado en la causa.
La salida de Flores se produce apenas unos días después de que la Unicameral aprobara una licencia de 180 días sin goce de sueldo solicitada por el propio legislador. Aquella decisión ya había generado fuertes cuestionamientos de sectores de la oposición, que reclamaban que el dirigente dejara definitivamente su banca. Finalmente, Flores optó por presentar su renuncia y abandonar la Legislatura provincial, en un contexto de creciente presión política y social alrededor de la investigación que conmueve al norte cordobés.
En el escrito presentado ante las autoridades legislativas, Flores sostuvo que durante los últimos tiempos había sido víctima de una campaña de “difamación y descalificación personal” y atribuyó esas acciones a intereses de determinados sectores de la política local. El dirigente afirmó que las diferencias políticas habían sido trasladadas a un terreno que consideró injusto y sostuvo que decidió apartarse para preservar su tranquilidad, su dignidad personal y el respeto por las instituciones. También manifestó su confianza en que los hechos, las pruebas y la verdad permitan esclarecer la situación.
El trasfondo de la renuncia es una causa judicial que comenzó a partir de la denuncia por la desaparición de una adolescente en Villa de María de Río Seco. La investigación permitió localizar a la menor junto a otra adolescente y, a partir de los testimonios y elementos reunidos, derivó en una pesquisa por presuntos delitos contra la integridad sexual. La investigación está a cargo de la fiscal Analía Cepede y suma múltiples personas imputadas y detenidas. Entre ellas se encuentra Villarreal, exasesor vinculado al espacio legislativo de Flores, cuya imputación fue agravada recientemente a partir de nuevos elementos incorporados al expediente.
El caso adquirió además una dimensión institucional porque la investigación puso bajo la lupa el funcionamiento de distintas estructuras estatales en Río Seco. El Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso el desplazamiento de la cúpula de la Departamental Río Seco y ordenó investigar qué ocurrió con una denuncia presentada años atrás contra integrantes del entorno familiar de uno de los imputados. Según la información publicada, aquel expediente no habría avanzado desde la dependencia policial hacia la Fiscalía, situación que ahora es objeto de revisión.
La dimensión política tampoco quedó al margen. La senadora nacional Alejandra Vigo había reclamado públicamente que Flores dejara su banca, marcando una posición diferente a la estrategia inicial del oficialismo provincial, que había respaldado la licencia temporal. El reclamo terminó instalando una discusión dentro del propio espacio político sobre los límites de la responsabilidad institucional y sobre qué respuesta corresponde cuando una investigación judicial alcanza a personas que integran el entorno de un funcionario público.
Hay, además, una discusión que excede la situación personal de Flores y obliga a mirar el funcionamiento de las instituciones. Cuando una investigación de esta gravedad alcanza a colaboradores de un dirigente político, la pregunta no debería limitarse a determinar responsabilidades penales individuales. También corresponde revisar los mecanismos de selección y control de asesores, la actuación de las fuerzas de seguridad ante denuncias previas, los canales de protección de niñas y adolescentes y la capacidad de los organismos estatales para detectar situaciones de violencia antes de que se transformen en tragedias. La Justicia deberá determinar responsabilidades con pruebas y garantías, pero las instituciones políticas tienen la obligación de revisar sus propios mecanismos de control.
La renuncia de Ramón Flores cierra, al menos por ahora, una etapa de la crisis política, pero no resuelve el problema de fondo. La banca queda vacante y el expediente judicial continúa su curso. En una sociedad atravesada por reiteradas denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes, la respuesta no puede agotarse en una renuncia cuando el escándalo adquiere dimensión pública. El desafío institucional es mucho más profundo: garantizar que las denuncias sean escuchadas, que las investigaciones avancen, que las fuerzas de seguridad respondan, que la Justicia actúe con celeridad y que ningún vínculo político, territorial o institucional pueda convertirse en un obstáculo para llegar a la verdad y proteger a las víctimas.
Fuente: La Nueva Mañana
