El ministro de Seguridad de Córdoba ordenó el recambio de las principales autoridades policiales del departamento Río Seco, en medio de una investigación que ya tiene 15 imputados y 14 detenidos. Además, pidió investigar una denuncia de 2020 que habría quedado sin avanzar en una dependencia policial.
El escándalo que sacude al norte cordobés sumó este miércoles un nuevo capítulo institucional. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, dispuso el desplazamiento de la cúpula policial del departamento Río Seco, en medio de la investigación judicial por una presunta trama de grooming, abusos y explotación sexual de menores.
La medida alcanza a las principales autoridades de la Unidad Regional Departamental: el director, el subdirector y los responsables de las zonas 1 y 2, que tienen bajo su jurisdicción a la comisaría de Villa de María de Río Seco. La Provincia justificó el recambio como una señal frente a la pérdida de confianza de la comunidad en la institución policial.
La causa judicial, que está a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, ya cuenta con 15 personas imputadas y 14 detenidas. Entre ellas hay un efectivo policial en actividad y José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor del legislador oficialista Ramón Flores.
Pero uno de los elementos que más presión puso sobre la estructura policial fue la aparición de una denuncia anterior, presentada en 2020, contra uno de los principales acusados. Según trascendió, esa denuncia habría quedado sin avanzar en dependencias policiales de la zona. Frente a esta situación, Quinteros solicitó al Tribunal de Conducta Policial que investigue qué ocurrió con aquella presentación.
La investigación comenzó a partir de un caso de desaparición de una adolescente de 13 años y posteriormente avanzó sobre una presunta red que habría utilizado las redes sociales para contactar a adolescentes. La pesquisa busca establecer cómo se produjeron los contactos y determinar la responsabilidad individual de cada una de las personas investigadas.
En las últimas horas, el expediente sumó además el testimonio de una cuarta víctima, que derivó en nuevas órdenes de detención. Entre los últimos detenidos figura un policía que prestaba servicio en Córdoba capital.
Con este escenario, la decisión del Ministerio de Seguridad intenta marcar un punto de quiebre en la conducción policial de la región. Las nuevas autoridades quedaron encabezadas por el comisario inspector Pablo Sebastián Allendes, como director; el comisario inspector Miguel Silva, como subdirector; y el comisario Franco Javier Montoya, al frente de las zonas 1 y 2.
El cambio de autoridades, sin embargo, no resuelve las preguntas que rodean al caso. La Justicia deberá determinar qué ocurrió con las denuncias previas, si existieron omisiones institucionales y cuáles son las responsabilidades concretas de cada uno de los imputados. Mientras tanto, el desplazamiento de la cúpula policial expone la dimensión institucional que alcanzó un caso que comenzó como una investigación penal y terminó poniendo bajo la lupa a toda la estructura de seguridad de Río Seco.
Con ayuda de La Nueva Mañana
