La organización Libres del Sur se movilizó frente a la sede central de Mercado Libre y Mercado Pago en el barrio porteño de Saavedra para denunciar tasas de interés que, según sus referentes, llegan hasta el 1.300% anual. La protesta estuvo precedida por un boicot de 24 horas y se produjo en paralelo con una denuncia penal contra la empresa por presunta usura.
La organización política y social Libres del Sur realizó una protesta frente a la sede central de Mercado Libre y Mercado Pago, ubicada en el barrio porteño de Saavedra, para cuestionar las tasas de interés aplicadas a los créditos ofrecidos a través de sus plataformas. La movilización se desarrolló el martes 18 de agosto, luego de un boicot de 24 horas convocado por la propia organización, que había llamado a los usuarios a no realizar operaciones mediante Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito. El eje del reclamo estuvo puesto en el costo de los préstamos y en el impacto que, según denunciaron los manifestantes, tiene el endeudamiento sobre trabajadores, jubilados y familias que recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos.
Durante la protesta, los manifestantes utilizaron pancartas con fuertes críticas hacia el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y cuestionaron también al Gobierno de Javier Milei. Entre las consignas se acusó a la compañía de aplicar tasas consideradas abusivas y se responsabilizó al Ejecutivo nacional por el marco regulatorio que permite a las plataformas financieras establecer sus condiciones crediticias. Desde Libres del Sur sostuvieron que no cuestionan la existencia de los préstamos ni el hecho de que las empresas cobren intereses, sino lo que consideran niveles desproporcionados que pueden profundizar el endeudamiento de quienes ya atraviesan dificultades económicas.
Uno de los principales argumentos utilizados por los impulsores de la protesta está relacionado con el Costo Financiero Total de determinados créditos. Según documentación incorporada a una denuncia penal, el Costo Financiero Total Efectivo Anual de Mercado Crédito puede alcanzar el 1.375,94%. La cifra generó una fuerte controversia, aunque debe aclararse que se trata del máximo de un rango informado para determinados préstamos y no significa que todos los usuarios de Mercado Pago o Mercado Crédito paguen automáticamente esa tasa. La Justicia deberá determinar si las condiciones cuestionadas constituyen o no una conducta ilegal, ya que hasta el momento no existe una resolución judicial que haya declarado usurarias esas tasas.
La discusión llegó también al ámbito judicial. El dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra Mercado Libre por las condiciones de determinados préstamos y sostuvo que las tasas cuestionadas serían significativamente superiores a las aplicadas por la misma empresa en otros mercados. Posteriormente, la presentación fue ampliada y se solicitó que la Justicia evalúe medidas para suspender determinados cobros mientras se investiga el fondo de la denuncia. El planteo judicial agregó una nueva dimensión al conflicto y trasladó la discusión desde el terreno político y social hacia los tribunales.
Desde Libres del Sur vincularon las tasas de los créditos con el deterioro de la situación económica de numerosos hogares. La organización afirmó que millones de trabajadores y jubilados recurren a préstamos para cubrir necesidades básicas como alimentos, medicamentos y servicios, y sostuvo que el endeudamiento se convirtió en una herramienta para llegar a fin de mes. En ese contexto, señalaron que los altos costos financieros pueden transformar una deuda inicialmente pequeña en una obligación difícil de cancelar. La organización también mencionó una morosidad del 17,5% entre quienes recurren a este tipo de financiamiento, aunque ese dato corresponde a una estimación difundida por los propios impulsores del reclamo y no implica que todos los usuarios de la plataforma se encuentren en esa situación.
El reclamo apuntó además contra una modificación del escenario regulatorio financiero. Los manifestantes cuestionaron la eliminación de determinados límites sobre las tasas de interés aplicadas por tarjetas y billeteras virtuales y consideraron que esa decisión amplió el margen de las empresas para establecer costos financieros elevados. Desde Libres del Sur sostuvieron que las nuevas condiciones pueden favorecer un esquema en el que quienes tienen menores ingresos terminan pagando costos proporcionalmente mayores para acceder a financiamiento. El debate, de esta manera, excede a Mercado Libre y plantea una discusión más amplia sobre el funcionamiento del crédito digital, la regulación de las fintech y el nivel de protección que deben tener los consumidores financieros.
La posición del Gobierno nacional fue diferente. El ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó la idea de establecer una intervención sobre las tasas y calificó la cuestión como un “asunto entre privados”. La respuesta oficial fue cuestionada por las organizaciones que impulsaron la protesta, que consideran que el Estado no puede desentenderse de las consecuencias sociales derivadas del endeudamiento de las familias. En paralelo, Mercado Libre no realizó declaraciones institucionales sobre la movilización ni emitió una respuesta pública específica frente a las acusaciones formuladas durante la protesta.
La protesta frente a Mercado Libre terminó convirtiéndose así en la expresión visible de una discusión más profunda sobre el acceso al crédito en la Argentina. Mientras organizaciones sociales y políticas reclaman límites a lo que consideran tasas abusivas y medidas de alivio para los deudores, la empresa mantiene silencio frente a las acusaciones y el Gobierno sostiene que las condiciones crediticias corresponden a una relación entre privados. Al mismo tiempo, la Justicia deberá determinar si las tasas denunciadas pueden encuadrarse legalmente como usura. El conflicto combina, de este modo, una disputa política, una denuncia judicial y un problema económico que afecta a hogares que recurren cada vez más al crédito para cubrir sus necesidades, dejando abierta una pregunta central: hasta dónde puede llegar el costo de financiar una deuda antes de convertirse en una nueva forma de exclusión económica.
Fuente: Infonews
