La CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular realizaron una multitudinaria movilización hacia el Ministerio de Economía para denunciar el crecimiento del endeudamiento de los hogares argentinos. Las organizaciones sindicales y sociales reclamaron medidas urgentes para aliviar la situación de millones de familias que recurren a créditos, tarjetas y préstamos para afrontar gastos cotidianos.
La protesta reunió a columnas sindicales y organizaciones sociales frente al Palacio de Hacienda, en una jornada marcada por el reclamo contra la creciente morosidad y el peso de las deudas sobre la economía cotidiana. La movilización fue convocada por la CGT, las dos CTA, la UTEP y el movimiento Ni Una Menos, que coincidieron en exigir una respuesta estatal ante una problemática que, según los datos difundidos durante la jornada, afecta a más de 21 millones de personas.
El eje central de la convocatoria fue el pedido de un programa de desendeudamiento para las familias argentinas. Las organizaciones sostienen que el deterioro de los ingresos obligó a una parte creciente de la población a recurrir a préstamos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otras formas de financiamiento para cubrir alimentos, alquileres, medicamentos, servicios y otros gastos básicos. Una de las consignas que resonó durante la movilización sintetizó esa crítica: “No fue un revólver en la cabeza, fue una motosierra en los salarios”.
La concentración se desarrolló en las inmediaciones del Ministerio de Economía, que permaneció vallado y bajo un importante operativo de seguridad. Las columnas partieron desde distintos puntos de concentración sobre las avenidas Paseo Colón e Independencia y avanzaron hacia el Palacio de Hacienda. La protesta buscó trasladar al centro de la agenda política una problemática que los gremios consideran una consecuencia directa de la pérdida del poder adquisitivo y del encarecimiento del crédito.
Uno de los datos más preocupantes señalados durante la jornada fue el crecimiento de la morosidad. Según la información citada por InfoGremiales a partir de datos oficiales, cerca de 5,8 millones de personas se encuentran con atrasos superiores a 90 días, mientras que la mora bancaria de los hogares alcanzó el 12,8% en mayo de 2026 y se ubicó en 12,7% en junio. La tendencia acumuló 19 meses consecutivos de crecimiento, en un contexto de caída del salario real y elevadas tasas de interés.
Durante la movilización, la CGT presentó un petitorio formal ante el Ministerio de Economía dirigido a Luis Caputo. El documento incluyó tres reclamos principales: que el Banco Central avance en la regulación de las tasas de interés aplicadas al crédito, un programa de refinanciación para pequeñas y medianas empresas y un plan de desendeudamiento familiar con condiciones acordes a la evolución de los ingresos.
Jorge Solá, uno de los integrantes de la conducción de la CGT, sostuvo que el endeudamiento no puede ser considerado simplemente como un problema entre privados. Desde la central obrera plantearon que la expansión de las deudas está vinculada con las condiciones generales de la economía y reclamaron que el Gobierno intervenga para evitar que millones de hogares continúen recurriendo a créditos cada vez más costosos para sostener sus gastos básicos.
La protesta también contó con la participación de referentes de las dos CTA y de organizaciones de la economía popular. La presencia conjunta de sectores sindicales y sociales buscó darle mayor volumen político al reclamo y expresar una preocupación compartida por el crecimiento de la deuda de los hogares. Las organizaciones advirtieron que la situación puede profundizarse si continúan deteriorándose los ingresos y aumenta la cantidad de familias que deben tomar nuevos préstamos para cancelar compromisos anteriores.
La movilización dejó así una nueva señal de unidad entre la CGT, las CTA, la UTEP y distintos movimientos sociales frente al escenario económico. El reclamo por el endeudamiento familiar se instaló como uno de los nuevos focos de conflicto social, con millones de personas alcanzadas por créditos y un nivel de morosidad que las organizaciones consideran alarmante. Ahora, las centrales sindicales esperan una respuesta del Gobierno a las propuestas presentadas ante el Ministerio de Economía, mientras anticipan que continuarán reclamando políticas destinadas a aliviar la situación financiera de las familias y las pequeñas empresas.
Fuente: InfoGremiales
