El gobierno bonaerense prepara acciones contra Mercado Pago y otras billeteras virtuales por presuntos incumplimientos de las normas de defensa del consumidor. La medida apunta a las condiciones de contratación y a la información que reciben los usuarios, en un nuevo capítulo de la disputa entre la administración de Axel Kicillof y las principales plataformas financieras digitales.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que abrirá expedientes e impulsará acciones contra varias billeteras virtuales y plataformas financieras a partir de denuncias de usuarios. La medida alcanza, entre otras, a Mercado Pago, Mercado Libre, Naranja Digital, Ualá y Personal Pay, y se basa en acusaciones por presunto acoso y hostigamiento a familias endeudadas, falta de información clara sobre los préstamos y problemas en el cumplimiento de condiciones previstas por la normativa de defensa del consumidor. Según Augusto Costa, solo durante el primer semestre de 2026 se recibieron más de 2.200 denuncias vinculadas a este tipo de servicios.
Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar cómo las empresas informan las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total de los créditos ofrecidos a través de las aplicaciones. También se investiga la ausencia o falta de visibilidad del denominado botón de arrepentimiento, un mecanismo contemplado por la normativa de defensa del consumidor para determinadas contrataciones a distancia.
La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por el endeudamiento de los hogares. Desde la administración bonaerense sostienen que muchas familias recurren a los préstamos ofrecidos por las billeteras virtuales para afrontar gastos cotidianos y luego enfrentan dificultades para cumplir con los pagos. Kicillof vinculó ese fenómeno con la política económica del gobierno de Javier Milei y cuestionó la idea de que el problema pueda reducirse a una relación exclusivamente privada entre las empresas y sus clientes.
Durante el anuncio, el gobernador bonaerense sostuvo que el incremento de la morosidad está relacionado con el deterioro de los ingresos y con el creciente nivel de endeudamiento de los hogares. Para Kicillof, la imposibilidad de afrontar los compromisos financieros no puede analizarse por fuera del contexto económico general. Esa mirada introduce una dimensión política en la investigación y profundiza el enfrentamiento entre la gestión bonaerense y la Casa Rosada en torno a las consecuencias sociales del programa económico nacional.
Las actuaciones de Defensa del Consumidor se concentrarán en las denuncias por prácticas de cobranza consideradas presuntamente abusivas y en la información que las plataformas brindan antes de otorgar un crédito. Las empresas involucradas deberán presentar sus descargos y responder a los requerimientos de información realizados por la Provincia, mientras avanza la investigación para determinar si existieron incumplimientos a la legislación vigente.
Si las irregularidades son comprobadas, las compañías podrían enfrentar sanciones económicas de hasta $1.883 millones, de acuerdo con lo informado por el gobierno bonaerense. Además de las multas, la Provincia anticipó que las empresas podrían ser obligadas a revertir las prácticas o condiciones que sean consideradas contrarias a las normas de defensa de los consumidores.
La ofensiva contra las billeteras virtuales se suma a otros conflictos que la administración de Kicillof mantiene con grandes empresas tecnológicas y financieras. Meses atrás, la Provincia ya había iniciado actuaciones contra Mercado Libre por cláusulas que consideró abusivas y por prácticas vinculadas a las condiciones de uso de su plataforma y a la utilización de Mercado Pago. Ese antecedente muestra que el nuevo expediente forma parte de una política más amplia de intervención sobre el funcionamiento de las plataformas digitales que operan en territorio bonaerense.
La investigación abre ahora un nuevo frente para algunas de las principales empresas del sistema de pagos digitales argentino. Mientras las compañías deberán responder a las imputaciones y requerimientos de la Provincia, el gobierno bonaerense buscará determinar si las condiciones de otorgamiento y cobro de los préstamos respetan las obligaciones de transparencia e información previstas para los consumidores. El resultado del proceso podría derivar en multas millonarias y en modificaciones sobre las prácticas comerciales de las plataformas investigadas, en un escenario donde el crecimiento de las fintech convive con un aumento de las denuncias por endeudamiento y dificultades de pago.
Fuente: Política Argentina
