Turismo apagado. Fondos desviados y los millones que llegan a los gigantes del mercado.
En la teoría constitucional y económica, los impuestos con afectación específica representan un pacto explícito entre el Estado y el contribuyente: se crea un gravamen con el único propósito de financiar un servicio o una infraestructura determinada. La realidad de las cuentas públicas argentinas de los últimos dos años, sin embargo, exhibe una distorsión de ese pacto. El ciudadano sigue pagando las tasas específicas que financian la promoción del país que habita y el mantenimiento de las rutas que transita, pero ese dinero no llega a destino: se queda en la caja para sostener el superávit fiscal o, más llamativo aún, convive con exenciones impositivas multimillonarias para una de las corporaciones más valiosas de la región.
El turismo: recaudación récord, promoción apagada
El primer capítulo de esta historia es la política de promoción internacional de la Argentina turística, que en el último bienio sufrió un giro de 180 grados. Mientras los ingresos del Fondo Nacional de Turismo —sostenidos por la tasa del 7% sobre la venta de pasajes aéreos y marítimos al exterior, establecida por la Ley Nacional de Turismo N° 25.997— continuaron ingresando de manera sostenida, su destino final no fue el fomento de la actividad sino el sostenimiento del resultado fiscal del Tesoro.
Según los datos consolidados por la Asociación de Presupuesto y Planificación Financiera de la Administración Pública (ASAP) al 10 de diciembre de 2024, la entonces jurisdicción de Turismo y Deportes cerró el ejercicio con una ejecución global de apenas el 52,5% de su crédito vigente. El deterioro más severo se concentró en las áreas misionales de la actividad: el Programa 49 (Promoción Turística) sufrió un recorte nominal del 80,1% —de $32.209 millones a $6.410 millones— y, sobre ese remanente ya licuado por la inflación, solo se devengaron $4.664 millones. En términos comparativos, por cada $100 originalmente asignados por el Congreso para promocionar el país, se ejecutaron $14,50.
| Programa (Jurisdicción Turismo y Deportes, 2024) | Crédito inicial | Crédito vigente | Devengado | Ejecución |
| Prog. 49 – Promoción Turística | $32.209 M | $6.410 M | $4.664 M | 72,8% s/vigente |
| Prog. 50 – Desarrollo Turismo Nacional | $3.892 M | $3.992 M | $1.168 M | 29,3% |
| Prog. 52 – Inversión con Financ. Internacional | — | $2.680 M | $464 M | 17,3% |
| Total de la jurisdicción | $73.159 M | $66.686 M | $34.993 M | 52,5% |
Fuente: ASAP, relevamiento sobre la Jurisdicción 322 (Turismo y Deportes) al 10/12/2024. Cifras en pesos corrientes.
El segundo frente es el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), el ente mixto encargado de posicionar al país ante operadores y viajeros internacionales, que sufrió su propio estrangulamiento en 2025. Su presupuesto nació devaluado —una asignación global equivalente a unos US$ 18,1 millones, una caída real estimada del 54% interanual en su poder de compra— y, aún sobre ese piso recortado, la plataforma oficial Presupuesto Abierto de la Nación registró una nueva subejecución: de un crédito inicial de $12.143,42 millones, solo se devengaron $9.676,53 millones. El 20,31% restante —$2.466,89 millones— venció sin utilizarse y regresó de forma automática a la caja central del Estado.
La traducción territorial de estos números fue inmediata: de una planificación original de 80 ferias internacionales, se redujo a 30 encuentros sectoriales prioritarios; de un cronograma de 133 misiones comerciales y rondas de negocios (“roadshows”), se ejecutaron apenas 69. Mientras tanto, destinos competidores de la región como Brasil, Chile o Colombia sostuvieron campañas de marketing agresivas.
La Ley 25.997 establece con claridad que el dinero recaudado por la tasa del 7% a los pasajes al exterior tiene afectación específica estricta y no puede desviarse a gastos corrientes generales del Estado. Sin embargo, relevamientos de cámaras privadas del sector —como la Cámara Argentina de Turismo (CAT)— sostienen que el INPROTUR apenas pudo disponer de menos del 8% del total de la recaudación tributaria que le correspondía por derecho; el resto fue absorbido por el Tesoro Nacional para sostener el equilibrio fiscal general, en simultáneo con la cancelación del programa PreViaje y el congelamiento de obra pública turística en las provincias.
“CUOTA 0” las agencias pelean por subsistir pero, el fideicomiso no se entrega.
Otro ataque a la sostenibilidad del sector es lo que sucede con el fideicomiso de turismo estudiantil (asociado históricamente a la Cuota Cero y administrado por Nación Fideicomisos) era un fondo de garantía creado para proteger a los estudiantes ante quiebras o incumplimientos de las agencias de viajes.
Se reemplazó el viejo Fondo Fiduciario de Turismo Estudiantil y la “Cuota Cero” por un esquema de seguros de caución directos. Más allá de las distorsiones y complicaciones operativas que esta medida le trajo al sector de turismo educativo y estudiantil, se entró en un bucle burocrático del banco, la Subsecretaria de Turismo y el Ministerio de Economía.
La FAEVYT denuncia que los tiempos de trámites están agotados. El banco fiduciario continúa enviando formularios y exigencias administrativas que el sector privado ya rechazó por ser de cumplimiento imposible bajo las condiciones actuales. El estado retiene en la Cuenta Fiduciaria y las inversiones vigentes al 30/04/2026, un total de $23.657.350.193,36, que no hacen otra cosa que alimentar la bicicleta financiera y acudir al rescate del superávit fiscal, mientras el sector privado urge por estos activos para inyectar liquidez al sistema.
El Fondagro (Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria) fue un fideicomiso público de administración y financiero de Argentina creado en 2017 ideado para gestionar de forma ágil recursos destinados a políticas activas para el sector rural, corrió la misma suerte, los 2802 millones de pesos en su haber junto con el stock total de créditos vigentes y pendientes de cobro que superan los $1.100 millones de pesos. pasaron a Economía usados para gasto corriente y sostener un superávit fiscal cada vez más pintoresco.
La lista puede continuar, la lógica se repite, casi calcada, en la infraestructura vial. El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que paga cualquier automovilista, transportista o productor agropecuario al cargar combustible tiene, a través del Sistema Vial Integrado (SisVial), un destino legal taxativo: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial nacional.
El SisVial recaudó más de $1,5 billones, pero solo aplicó $394.406 millones a obras viales —una cuarta parte del total—. Al 31 de mayo de 2026, la cartera de inversiones financieras del fideicomiso (plazos fijos y títulos públicos administrados por el Banco Nación) superaba el billón de pesos habría alcanzado para intervenir entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial, casi dos tercios del total nacional, pero no.
La paradoja: asfixia para el turismo, olvido de los productores y las rutas, privilegios para Mercado Libre
La justificación oficial para mantener retenidos los fondos específicos del turismo y de las rutas se apoya en el argumento de la restricción presupuestaria y la eliminación de subsidios estatales. Ese argumento pierde consistencia cuando se observa a quién sí decide subsidiar el Estado argentino.
Según el propio balance que Mercado Libre presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por el primer semestre de 2026 —y confirmado por un análisis del investigador del CONICET Gustavo García Zanotti, difundido por distintos medios—, la compañía computó beneficios fiscales por US$ 42 millones bajo el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (Ley 27.506), equivalentes a unos $68.000 millones de pesos. De ese total, US$ 29 millones correspondieron a reducciones del Impuesto a las Ganancias y otros US$ 13 millones a contribuciones sociales y aportes patronales; el régimen, ampliado por decreto ante la falta de un Presupuesto votado por el Congreso, seguirá vigente hasta 2029.
El dato adquiere otra dimensión si se considera la composición del negocio de la empresa fundada por Marcos Galperin: según sus propios balances ante la SEC, el 64,3% de la facturación de Mercado Libre en la Argentina proviene hoy de su brazo financiero, Mercado Pago, y no del comercio electrónico o del desarrollo de software que la Ley de Economía del Conocimiento —diseñada en 2004 para incentivar a pequeñas startups tecnológicas— buscaba originalmente promover.
Un contrato social quebrado.
La comparación entre las realidades fiscales —turismo, producción, agro y rutas Vs tecno finanzas— describe un modelo de país, con un patrón de funcionamiento, no son casos aislados. Muestra con crudeza que pocos se benefician del difícil derrotero de muchos argentinos.
El usuario turístico paga una tasa específica para promocionar el país, y ese dinero no se ejecuta. Las empresas y los egresados pagaron para asegurar sus viajes y ese dinero no se devuelve. El automovilista paga un recargo en el combustible para mantener las rutas y ese dinero, como los demás casos, termina en plazos fijos y títulos del Tesoro para finianciar gasto corriente y sostener un opaco superávit. En simultáneo, el Estado sostiene —por ley y por decreto— exenciones impositivas de miles de millones de pesos para unos pocos afortunados.
Ninguno de los tres mecanismos es ilegal en sí mismo: la subejecución presupuestaria, la finalización de un fideicomiso y los regímenes de promoción industrial tienen marcos normativos propios. Lo que exponen, el conjunto es una elección de política económica: qué afectaciones específicas se cumplen y cuáles se posponen, y a quién se le pide el esfuerzo del ajuste.
La sociedad Argentina tiene claro ya, que la austeridad, la eficacia y eficiencia transforma el gasto en inversión pública. En un futuro no muy lejano, la pregunta — el debate público — debiera ser de futuro y no de pasado. La discusión que deberíamos plantearnos como sociedad sería, ¿cómo distribuimos equitativamente los costos y los beneficios que buscamos? Volver a adherir a una máxima “el esfuerzo de cada uno es en beneficio de todos” y no para unos pocos afortunados del modelo.
Por Sergio Keko Castro – Turismo en Datos
Nota metodológica y de fuentes
Los datos de ejecución presupuestaria de la Jurisdicción Turismo y Deportes correspondientes al Ejercicio Fiscal 2024 provienen del relevamiento de la Asociación de Presupuesto y Planificación Financiera de la Administración Pública (ASAP) al 10 de diciembre de ese año. Los datos de INPROTUR (SAF 119) para 2025 corresponden a la plataforma oficial Presupuesto Abierto de la Nación y a informes de gestión del organismo. Los datos sobre el Sistema Vial Integrado (SisVial) fueron actualizados sobre la base de la investigación de Hugo Alconada Mon publicada en LA NACION el 9 y 10 de agosto de 2026, más precisa y reciente que estimaciones previas. El dato sobre el estado de la red vial nacional corresponde a un relevamiento de FEPEVINA (julio de 2026), que el propio gremio aclara como una proyección propia ante la falta de mediciones oficiales actualizadas. Los datos sobre Mercado Libre surgen del balance de la compañía ante la SEC por el primer semestre de 2026 y de coberturas periodísticas (Ámbito Financiero, Infobae, La Política Online, entre otras) que retoman el análisis del investigador del CONICET Gustavo García Zanotti.
