Una investigación periodística volvió a poner en el centro del debate el funcionamiento de distintos establecimientos privados de salud mental en el interior de Córdoba. El caso de una joven de 20 años que murió tras una internación y la denuncia de un paciente que aseguró haber sufrido un abuso sexual forman parte de una serie de situaciones que ahora generan fuertes interrogantes sobre los controles, las derivaciones y las condiciones en las que permanecen personas con padecimientos de salud mental.
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La periodista Agustina Sosa presentó en Informativo Cordobés parte de una investigación realizada para el ciclo Striptease del Poder, donde expuso denuncias y testimonios vinculados a centros privados ubicados principalmente en la localidad de Pilar. La investigación menciona establecimientos como La Arbolada, Casa Serena y La Colmena, además de un geriátrico denominado San Pedrito. Según lo expuesto durante la entrevista, estos espacios reciben a adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con diferentes situaciones de salud mental.
Uno de los casos que genera mayor conmoción es el de Martina Mamón de Tapia, una joven de 20 años que falleció luego de haber permanecido internada en uno de estos establecimientos. Según relató la periodista, existe una denuncia impulsada por la madre de la joven y la familia cuestiona las circunstancias en las que se produjo el deterioro de su estado de salud. De acuerdo con la información presentada en la entrevista, Martina habría perdido alrededor de 30 kilos durante un mes de internación, sin que sus familiares consideraran suficientes las explicaciones que recibieron sobre esa situación.
Según los testimonios recogidos en el marco de la investigación periodística, desde el establecimiento se habría atribuido parte de las lesiones, los vómitos y el deterioro físico de la joven a su propio cuadro de salud mental. Sin embargo, la familia decidió avanzar con una denuncia para que se investiguen las circunstancias que rodearon su internación y posterior fallecimiento. La causa se encuentra en curso y será la Justicia la encargada de determinar si existieron responsabilidades.
El segundo caso mencionado es el de Miguel, un joven de 35 años que había estado internado en La Colmena en 2023 y que, según se relató durante la entrevista, denunció haber sufrido un abuso sexual por parte de un enfermero. La acusación fue presentada ante la Justicia y, de acuerdo con la información aportada por la periodista y los familiares del denunciante, existía preocupación porque el trabajador denunciado continuaría desempeñando tareas en el establecimiento. Esa situación, según plantearon, contradice compromisos que habrían sido comunicados previamente a la familia.
La investigación también puso el foco en el circuito de derivaciones de pacientes desde otros establecimientos de salud mental hacia centros privados del interior provincial. En el caso de Martina, la periodista explicó que su familia habría confiado en la recomendación médica para concretar el traslado, bajo la expectativa de que la joven sería atendida en un espacio más adecuado para personas de su edad. Sin embargo, posteriormente surgieron cuestionamientos sobre el tipo de pacientes que convivían dentro del establecimiento y las condiciones generales de la internación.
Uno de los puntos más sensibles planteados durante la entrevista tiene que ver precisamente con la convivencia de personas con diagnósticos y situaciones muy diferentes. Según fuentes consultadas por la investigación, en algunos de estos espacios podrían compartir lugar pacientes jóvenes con personas que presentan cuadros de mayor complejidad o que incluso han atravesado situaciones judiciales graves. La periodista advirtió que esta realidad genera preocupación tanto entre familiares como entre trabajadores de los propios establecimientos, especialmente por las condiciones de seguridad.
La investigación periodística también menciona al médico José Alonso como propietario o vinculado a varios de los establecimientos analizados. Según lo expuesto, la actividad empresarial vinculada a la salud mental se extendería a distintas localidades de Córdoba. Durante la entrevista se hizo referencia a información obtenida a partir de registros públicos y testimonios de familiares. Hasta el momento, las denuncias y los cuestionamientos mencionados forman parte de investigaciones que deberán ser analizadas por las autoridades competentes y no implican, por sí mismos, una responsabilidad penal comprobada.
El debate ahora trasciende los casos particulares. Las denuncias abren interrogantes sobre los mecanismos de control del sistema de salud mental, las condiciones de internación, la protección de los pacientes y el seguimiento de las instituciones privadas que reciben derivaciones. Cuando una familia entrega el cuidado de un hijo, una hija o un familiar a una institución de salud, la confianza debería ser una garantía. Las denuncias expuestas en esta investigación plantean una pregunta incómoda que todavía espera respuestas: ¿quién controla realmente lo que ocurre puertas adentro de estos centros?
La investigación fue presentada durante una entrevista en Informativo Cordobés, el programa de Multimedio Mordisquito que se emite todos los miércoles a las 17 horas por el canal de YouTube Mordisquito TV.
Fuente: Multimedio Mordisquito
