La Corte Suprema de Justicia revocó el sobreseimiento de exjueces y asesores de menores que intervinieron en la adopción ilegal de Manuel Gonçalves Granada. La decisión reabre la posibilidad de investigar la responsabilidad de funcionarios judiciales en hechos vinculados con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La Corte Suprema de Justicia ordenó avanzar en la investigación sobre exfuncionarios del Poder Judicial que participaron en el proceso de adopción ilegal de Manuel Gonçalves Granada, apropiado durante la última dictadura cívico-militar. La decisión del máximo tribunal revocó los sobreseimientos que habían beneficiado a jueces y asesores de menores involucrados en aquel procedimiento y vuelve a poner bajo la lupa el papel que determinados integrantes de la Justicia pudieron haber tenido en la consolidación de delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
El caso está vinculado con la apropiación de Manuel Gonçalves Granada, cuya historia forma parte de las investigaciones sobre la sustracción, ocultamiento y sustitución de identidad de niños y niñas durante la dictadura. La resolución conocida este 13 de agosto abre nuevamente la discusión judicial sobre la eventual responsabilidad de quienes, desde distintos cargos dentro del sistema judicial, intervinieron en trámites que derivaron en la adopción ilegal.
La decisión de la Corte implica que los exfuncionarios que habían sido desvinculados de la causa mediante sobreseimientos deberán volver a ser investigados. El punto central pasa por determinar cuál fue el grado de conocimiento y participación que tuvieron jueces y asesores de menores en un procedimiento que, según la investigación judicial, estuvo relacionado con la apropiación ilegal y posterior modificación de la identidad de una víctima del terrorismo de Estado.
La resolución tiene una importancia particular porque desplaza el foco de investigación más allá de quienes ejecutaron directamente los crímenes. En este caso, la Justicia deberá analizar nuevamente si funcionarios pertenecientes al propio sistema judicial pudieron haber contribuido, mediante sus decisiones, intervenciones u omisiones, a dar apariencia de legalidad a una situación originada en delitos vinculados con el aparato represivo de la dictadura.
Durante décadas, las investigaciones por delitos de lesa humanidad se concentraron en identificar y juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y estructuras civiles que participaron de manera directa en el terrorismo de Estado. Sin embargo, distintas causas también avanzaron sobre la posible responsabilidad de sectores civiles y funcionarios que, desde otras instituciones, pudieron haber intervenido en mecanismos destinados a ocultar crímenes, falsificar identidades o garantizar la continuidad de las apropiaciones. El nuevo pronunciamiento de la Corte se inscribe en ese debate.
El caso de Manuel Gonçalves Granada vuelve a exponer una de las dimensiones más graves del plan represivo desplegado durante la última dictadura: la apropiación de niños y niñas y la alteración de su identidad. Estas prácticas fueron investigadas durante años por organismos de derechos humanos y por la Justicia, con un papel central de Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de las víctimas y en la reconstrucción de sus historias.
La revocación de los sobreseimientos no implica una condena, sino la reapertura de la instancia de investigación. A partir de ahora, la Justicia deberá profundizar el análisis de las responsabilidades de los exfuncionarios involucrados y establecer, con las pruebas correspondientes, si existieron conductas que puedan ser vinculadas penalmente con la apropiación y la posterior adopción ilegal. El proceso podría aportar nuevos elementos sobre el funcionamiento de las instituciones estatales durante aquellos años y sobre la participación de actores que hasta ahora habían quedado fuera de un eventual juzgamiento.
La decisión de la Corte representa, además, una nueva oportunidad para avanzar en el esclarecimiento de hechos ocurridos durante la dictadura y en la determinación de responsabilidades pendientes. La posibilidad de investigar nuevamente a integrantes del Poder Judicial coloca en el centro una pregunta que atraviesa numerosas causas de derechos humanos: hasta qué punto distintas instituciones civiles pudieron haber contribuido, de manera activa o mediante omisiones, al funcionamiento y la permanencia de los mecanismos del terrorismo de Estado.
