El oficialismo negocia modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal II para conseguir respaldo parlamentario y avanzar con el dictamen. La propuesta contempla limitar el acceso de funcionarios públicos a los principales beneficios del régimen, luego de las controversias generadas por el caso de Manuel Adorni.
El Gobierno nacional analiza introducir un cambio en el proyecto de Inocencia Fiscal que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados: excluir a los funcionarios públicos de los principales beneficios del régimen. La modificación aparece como parte de las negociaciones que el oficialismo mantiene con bloques aliados para conseguir los votos necesarios y avanzar con el tratamiento de la iniciativa en el Congreso. El proyecto será analizado en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal.
La posibilidad de establecer una restricción para quienes ocupan cargos públicos surgió con fuerza después de la controversia alrededor del caso de Manuel Adorni. Según informó CBA24N, el exjefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, habían adherido al régimen simplificado de Ganancias en medio de cuestionamientos vinculados con fondos no declarados y una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El episodio generó reparos entre legisladores que acompañan habitualmente las iniciativas del Gobierno y abrió un debate sobre si los funcionarios deberían tener el mismo tratamiento que el resto de los contribuyentes.
La discusión no implica necesariamente que los funcionarios queden impedidos de cumplir sus obligaciones mediante mecanismos simplificados. Una de las alternativas que se analiza consiste en permitirles utilizar determinados procedimientos tributarios, pero excluirlos de las presunciones y efectos liberatorios más importantes que contempla la nueva iniciativa. De esta manera, el Gobierno busca responder a uno de los principales cuestionamientos políticos al proyecto sin modificar su objetivo central, que es incentivar la formalización de activos y facilitar el ingreso de dinero al circuito financiero.
El proyecto de Inocencia Fiscal forma parte de la estrategia económica del Gobierno para reducir los niveles de informalidad y estimular que los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero puedan incorporarse a la economía formal. Cuando presentó la iniciativa en julio, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el objetivo era brindar mayor seguridad a los contribuyentes y permitir que los ahorros pudieran ser formalizados sin penalidades bajo determinadas condiciones. La propuesta plantea modificaciones al régimen tributario y busca fortalecer el esquema de declaración jurada simplificada de Ganancias.
Desde el oficialismo consideran que la exclusión de funcionarios podría ayudar a despejar parte de las dudas que existen entre los bloques aliados. El objetivo inmediato es conseguir un dictamen que permita llevar el proyecto al recinto durante agosto. CBA24N señaló que el Gobierno apunta a una sesión para el 26 de agosto, aunque para llegar a esa instancia todavía deberá completar las negociaciones parlamentarias y reunir las firmas necesarias en las comisiones correspondientes.
La iniciativa, además, llega al Congreso con antecedentes importantes. La primera Ley de Inocencia Fiscal ya fue aprobada a fines de 2025 y posteriormente reglamentada por el Gobierno. La normativa vigente creó un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias y estableció cambios en los umbrales del Régimen Penal Tributario. Según explicó oficialmente el Gobierno, el nuevo esquema busca dejar atrás un sistema basado en una presunción generalizada de incumplimiento y concentrar la fiscalización en determinados aspectos de la actividad económica.
En paralelo, los funcionarios públicos cuentan con obligaciones específicas en materia de transparencia patrimonial que no alcanzan de la misma manera al resto de los contribuyentes. La Oficina Anticorrupción establece la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales integrales al inicio de la función, durante el ejercicio del cargo y al momento de dejarlo. En ese contexto, la discusión sobre la Inocencia Fiscal adquiere una dimensión adicional, porque cualquier modificación que incluya o excluya a funcionarios puede ser evaluada también desde la perspectiva del control patrimonial y la transparencia en el ejercicio de la función pública.
El debate promete así convertirse en una de las primeras pruebas políticas del oficialismo en Diputados durante esta etapa. El Gobierno busca preservar el espíritu económico de la iniciativa, pero al mismo tiempo necesita evitar que el tratamiento parlamentario quede condicionado por la polémica en torno al acceso de funcionarios y exfuncionarios al régimen. La discusión que comienza en las comisiones será determinante para saber si el oficialismo logra construir un texto con suficiente respaldo o si deberá realizar nuevas modificaciones antes de intentar llevar la denominada Inocencia Fiscal II al recinto.
Fuente: CBA24N
