El Sindicato de Trabajadores Viales denunció el desfinanciamiento de Vialidad Nacional, cuestionó el recorte presupuestario y advirtió sobre las consecuencias del deterioro de la infraestructura vial en todo el país.
El conflicto por el financiamiento de las rutas nacionales sumó un nuevo capítulo. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) lanzó una dura crítica contra el Gobierno de Javier Milei y denunció que la política de “déficit cero” está provocando un progresivo deterioro de la red vial nacional.
El pronunciamiento sindical se produjo luego de que el vocero presidencial Adrián Ravier admitiera que el Gobierno había destinado fondos que originalmente estaban previstos para infraestructura vial a otros fines vinculados con el equilibrio de las cuentas públicas. El gremio interpretó esa situación como una confirmación de las denuncias que viene realizando desde hace dos años.
Desde el sindicato, que conduce Graciela Aleñá, cuestionaron duramente el recorte presupuestario aplicado sobre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y sostuvieron que la reducción de recursos está dejando a las rutas nacionales cada vez más deterioradas.
“El déficit cero se paga con vidas”, fue la contundente definición utilizada por la organización sindical para advertir sobre las consecuencias que podría generar la falta de mantenimiento de las rutas.
El gremio también denunció que el desfinanciamiento no afecta solamente a Vialidad Nacional. Según planteó, el recorte alcanza a los distintos distritos jurisdiccionales y termina impactando sobre las condiciones de circulación, la seguridad vial y las economías del interior del país.
En ese sentido, los trabajadores viales sostienen que el Gobierno frenó obras, redujo inversiones y recortó recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura, mientras las rutas nacionales continúan soportando el deterioro generado por la falta de intervención.
Uno de los puntos centrales del reclamo está relacionado con el SISVIAL, mecanismo mediante el cual se financia buena parte del mantenimiento de las rutas nacionales. Desde el sindicato cuestionaron que esos recursos no estén llegando en la proporción necesaria a Vialidad Nacional.
La dirigente Graciela Aleñá afirmó además que existen fondos provenientes del impuesto a los combustibles que, según la organización sindical, fueron retenidos por el Ministerio de Economía y no destinados al mantenimiento vial. El gremio asegura que esos recursos incluyen montos correspondientes a 2024 y 2025 y remanentes de períodos anteriores.
El reclamo tiene una dimensión política que va más allá del estado de las rutas. Para el sindicato, la discusión enfrenta dos modelos de administración de los recursos públicos: por un lado, la prioridad oficial de alcanzar el equilibrio fiscal; por otro, la necesidad de garantizar fondos para servicios e infraestructura considerados esenciales.
La pregunta que queda planteada es quién paga el costo de ese ajuste.
Porque si se reducen los recursos para mantener rutas, el impacto no queda encerrado en una planilla presupuestaria: puede trasladarse a transportistas, trabajadores, productores, empresas, pasajeros y a millones de personas que utilizan diariamente las rutas nacionales.
El sindicato cerró su cuestionamiento insistiendo en que el deterioro de Vialidad Nacional no es un fenómeno nuevo, pero que las políticas aplicadas por la actual administración profundizaron la falta de financiamiento y la paralización de obras.
Así, mientras el Gobierno defiende el déficit cero como una de las principales banderas de su programa económico, los trabajadores viales lanzan una advertencia que busca instalar otro interrogante:
¿Cuánto cuesta ahorrar cuando lo que se deja de mantener son las rutas por las que circula todo el país?
Con ayuda de La Nueva Mañana
