La paz con el Gobierno de Córdoba parece cada vez más lejana. Los gremios estatales aportantes lanzaron un durísimo comunicado contra la gestión de Martín Llaryora, asegurando que continuarán con todas las acciones gremiales, políticas y judiciales hasta lograr la derogación de la Ley de Equidad Jubilatoria. Además, acusaron a la Provincia de incumplir los criterios fijados por el Tribunal Superior de Justicia y advirtieron que el conflicto está lejos de terminar.
El enfrentamiento entre el Gobierno provincial y los gremios estatales volvió a escalar. Las organizaciones que integran el espacio de Gremios Estatales Aportantes endurecieron su postura y anunciaron que profundizarán el plan de lucha contra la denominada Ley de Equidad Jubilatoria, una norma que desde su sanción viene siendo cuestionada por trabajadores activos y jubilados del sector público.
A través de un comunicado, los sindicatos fueron contundentes al advertir que no darán un paso atrás hasta conseguir la derogación de la legislación impulsada por la Provincia. Según sostienen, la administración de Martín Llaryora continúa aplicando criterios que vulneran derechos previsionales y no respeta los lineamientos establecidos por el Tribunal Superior de Justicia.
Lejos de conformarse con los fallos judiciales obtenidos hasta el momento, los gremios adelantaron que intensificarán todas las herramientas de presión disponibles. En ese sentido, confirmaron que seguirán impulsando acciones gremiales, políticas y judiciales para forzar al Ejecutivo provincial a modificar el sistema previsional vigente.
El reclamo también apunta directamente al funcionamiento de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Las organizaciones denuncian que los descuentos aplicados sobre los haberes de los jubilados representan un ajuste permanente sobre quienes aportaron durante décadas al Estado y consideran que la llamada “equidad jubilatoria” terminó convirtiéndose en un mecanismo de recorte previsional.
La tensión se produce en un contexto de creciente malestar dentro del sector público provincial. Durante los últimos meses se multiplicaron las movilizaciones, presentaciones judiciales y protestas contra la política previsional del Gobierno, mientras distintos sindicatos insisten en que la Provincia debe restituir plenamente los derechos afectados por la ley.
En el documento difundido públicamente, los gremios sostienen que Córdoba debe garantizar un sistema previsional “justo, sustentable y respetuoso de los derechos constitucionales de los trabajadores y jubilados”. Para las organizaciones, la discusión ya no pasa únicamente por una ley específica, sino por el modelo previsional que pretende consolidar la administración provincial.
El conflicto amenaza con seguir creciendo. Si el Gobierno mantiene su postura y no modifica el esquema previsional, desde los sindicatos anticipan que las medidas de fuerza podrían profundizarse durante las próximas semanas, reactivando un frente de conflicto que parecía haber ingresado en una etapa de negociación.
Mientras tanto, el oficialismo provincial enfrenta un nuevo foco de desgaste político. Con los gremios decididos a mantener la presión y la discusión instalada en la Justicia, la Ley de Equidad Jubilatoria vuelve a convertirse en uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno de Córdoba y los trabajadores estatales, en una disputa que promete seguir sumando capítulos.
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