La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en el marco de una investigación por los bloqueos de caminos que durante 53 días afectaron al país. El exmandatario es acusado por delitos como terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. Morales rechazó las acusaciones y denunció una persecución política en su contra.
La Justicia boliviana volvió a poner a Evo Morales en el centro de la escena política luego de que la Fiscalía General del Estado emitiera una nueva orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en las protestas y bloqueos que paralizaron distintas regiones del país durante 53 días. La investigación apunta a determinar la responsabilidad del exmandatario y otros dirigentes sociales en una serie de medidas de fuerza que generaron fuertes consecuencias económicas y políticas.
Según la acusación fiscal, Morales estaría vinculado a una serie de hechos que incluyen delitos como terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y afectación a servicios públicos. La causa busca establecer si existió una coordinación política detrás de los bloqueos que mantuvieron aisladas a varias zonas del territorio boliviano.
Las protestas investigadas ocurrieron durante mayo y junio de 2026 y tuvieron como reclamo central la salida del presidente Rodrigo Paz. Los bloqueos de rutas se extendieron durante más de siete semanas y provocaron dificultades en el transporte, el abastecimiento y la actividad económica. De acuerdo con reportes oficiales, el conflicto dejó además un saldo de víctimas fatales y profundizó la tensión política que atraviesa Bolivia.
La situación de Evo Morales vuelve a tensar el escenario político boliviano. El ex presidente, que gobernó el país entre 2006 y 2019, permanece refugiado en la región del Chapare, donde conserva una fuerte base de apoyo entre sectores campesinos y organizaciones sociales. Desde allí, el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) sostiene que las causas judiciales en su contra forman parte de una estrategia para apartarlo definitivamente de la política nacional.
La defensa de Morales cuestionó la decisión de la Fiscalía y afirmó que se trata de una persecución política. Sus seguidores también denunciaron que el proceso busca criminalizar la protesta social y debilitar la influencia del exmandatario dentro del movimiento indígena y sindical boliviano. En tanto, el Gobierno y sectores opositores sostienen que los responsables de los bloqueos deben responder ante la Justicia por los perjuicios generados.
El conflicto se suma a otros procesos judiciales que enfrenta Morales. El ex presidente ya tenía una orden de detención relacionada con otra investigación penal por la que fue declarado en rebeldía tras no presentarse ante un tribunal. La acumulación de causas incrementa la presión sobre el dirigente boliviano y profundiza la disputa interna dentro del espacio político que durante años encabezó.
La orden de aprehensión abre ahora una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro político y judicial de Evo Morales. Mientras la Fiscalía avanza con la investigación y busca que el exmandatario comparezca ante la Justicia, sus aliados preparan una defensa política y denuncian un intento de proscripción. El caso promete mantener la tensión en Bolivia, donde la disputa entre el oficialismo, la oposición y el sector vinculado a Morales continúa marcando la agenda nacional.
Fuente: Noticias Argentinas
