Las autoridades rusas emitieron una orden de búsqueda internacional contra Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram, al acusarlo de presunta complicidad con actividades terroristas. La medida representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Kremlin y la popular plataforma de mensajería, utilizada por más de mil millones de personas en todo el mundo.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) anunció la emisión de una orden de búsqueda internacional contra Pavel Durov, a quien acusa de haber permitido que Telegram fuera utilizada para facilitar actividades vinculadas al terrorismo y al sabotaje dentro del territorio ruso. Según las autoridades, la plataforma habría sido empleada por servicios de inteligencia ucranianos y organizaciones consideradas extremistas para coordinar acciones ilícitas durante el conflicto entre Rusia y Ucrania.
De acuerdo con la investigación, el Gobierno ruso sostiene que Telegram no eliminó contenidos ni canales que presuntamente eran utilizados para organizar atentados, ataques a infraestructuras estratégicas, operaciones de ciberfraude y otras acciones que, según el FSB, provocaron víctimas y millonarias pérdidas económicas. Las autoridades afirman que esa conducta constituye una forma de colaboración con actividades terroristas, un delito que en Rusia puede ser castigado con penas de hasta cadena perpetua.
La orden internacional busca que Durov pueda ser localizado y detenido fuera del territorio ruso. El empresario reside desde hace años en Dubái y posee ciudadanía francesa y de los Emiratos Árabes Unidos, además de la rusa. Tras abandonar Rusia en 2014, el fundador de Telegram denunció en reiteradas oportunidades presiones del Kremlin para entregar información privada de usuarios y modificar las políticas de la plataforma.
El enfrentamiento entre Durov y las autoridades rusas no es nuevo. En 2018, Moscú intentó bloquear Telegram después de que la empresa se negara a proporcionar claves de cifrado y datos de usuarios a los servicios de inteligencia. Aunque la aplicación volvió a estar disponible tiempo después, las tensiones nunca desaparecieron y se profundizaron en el marco de la guerra con Ucrania y del endurecimiento de las políticas de control sobre internet en Rusia.
La medida también se produce mientras el Gobierno ruso impulsa el uso de plataformas nacionales de mensajería y refuerza su estrategia de control sobre el ecosistema digital. Diversos analistas consideran que la ofensiva contra Telegram forma parte de una política más amplia destinada a aumentar la supervisión estatal sobre las comunicaciones y reducir la dependencia de servicios tecnológicos que operan fuera del país.
El caso de Durov adquiere además una dimensión internacional debido a que el empresario enfrenta investigaciones en otros países. En Francia, por ejemplo, continúa bajo investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la moderación de contenidos en Telegram, aunque esas actuaciones judiciales son independientes de las acusaciones formuladas por Rusia.
Hasta el momento, Telegram no emitió un comunicado oficial sobre la nueva orden de búsqueda internacional. En ocasiones anteriores, Durov rechazó las acusaciones de distintos gobiernos y sostuvo que la plataforma cumple con las leyes aplicables sin comprometer la privacidad de sus usuarios. También defendió el cifrado y la protección de las comunicaciones como principios fundamentales del servicio.
La decisión del Kremlin vuelve a colocar a Telegram en el centro del debate sobre la libertad de expresión, la seguridad digital y el papel de las plataformas tecnológicas frente a las exigencias de los Estados. Mientras Rusia sostiene que busca combatir el terrorismo y el crimen organizado, organizaciones defensoras de los derechos digitales advierten que este tipo de medidas podrían profundizar las restricciones al acceso libre a la información y a las comunicaciones privadas.
Fuente: Noticias Argentinas
