La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió una carta abierta en la que cuestionó con dureza su situación judicial y sostuvo que la “proscripción perpetua” constituye la verdadera pena que pesa sobre ella. En el texto, anunció que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y afirmó que la discusión excede su situación personal para convertirse en un debate sobre la calidad democrática de la Argentina.
Cristina Fernández de Kirchner volvió a instalar el debate político con la publicación de una extensa carta abierta titulada “Yo Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia”. Allí aseguró que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye el verdadero objetivo de la condena dictada en su contra y sostuvo que su caso representa una forma de persecución política mediante el uso del sistema judicial.
En el documento, la exmandataria planteó que la democracia no se limita a la realización periódica de elecciones, sino que depende del funcionamiento de instituciones capaces de garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. En ese sentido, afirmó que cuando el Poder Judicial deja de actuar como garante de esos derechos y pasa a intervenir en la disputa política, se produce un deterioro de la calidad democrática.
Uno de los ejes centrales de la carta es la denuncia de una supuesta “proscripción perpetua”. Cristina Kirchner sostuvo que la utilización del sistema judicial para impedir que un dirigente participe de la competencia electoral no afecta únicamente al dirigente involucrado, sino también al derecho de millones de ciudadanos a elegir libremente a sus representantes mediante el voto.
La expresidenta también repasó distintos episodios que, según su interpretación, evidencian un proceso de persecución política y judicial. Entre ellos mencionó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y aseguró que durante los últimos años fue sometida a un proceso plagado de arbitrariedades que vulneró las garantías del debido proceso previstas por la legislación nacional e internacional.
Como parte de su estrategia jurídica, Cristina confirmó que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que ese organismo analice si el Estado argentino respetó las garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante su juzgamiento. Según explicó, el objetivo es que el caso sea evaluado a la luz de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
La exjefa de Estado informó además que designó para esta etapa internacional de su defensa al jurista brasileño Rafael Valim y al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego. Ambos serán los encargados de representar su presentación ante los organismos internacionales y de sostener los planteos vinculados con las garantías procesales y los derechos políticos.
En el tramo final de la carta, Cristina Kirchner afirmó que no busca privilegios ni excepciones, sino un juicio imparcial e independiente conforme a los compromisos internacionales asumidos por la Argentina. También aseguró que continuará utilizando todas las herramientas previstas por el Estado de Derecho para sostener su inocencia y defender lo que considera derechos fundamentales que trascienden su situación personal.
La publicación reavivó el debate político y jurídico sobre la condena dictada en la causa Vialidad y sobre el alcance de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Mientras el kirchnerismo insiste en denunciar un caso de proscripción política, otros sectores sostienen que la sentencia es el resultado de un proceso judicial válido. La carta vuelve a colocar esa discusión en el centro de la escena pública y anticipa una nueva etapa de la disputa en el plano internacional.
Fuente: Página/12.
