El secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, expresó su rechazo al proyecto de desregulación de la actividad farmacéutica que impulsa el Gobierno nacional. A través de la Federación Nacional Mercantil Mutualista (FENAMMF), el dirigente advirtió que la iniciativa prioriza una lógica comercial por encima del derecho a la salud y alertó sobre sus posibles consecuencias para el sistema sanitario argentino.
La discusión por la reforma del sistema farmacéutico comenzó a sumar nuevos actores. En las últimas horas, Armando Cavalieri manifestó su “profunda preocupación” por el proyecto que el Gobierno nacional prevé enviar al Congreso y sostuvo que los cambios propuestos modificarían de manera sustancial el funcionamiento de las farmacias en todo el país. Para el dirigente mercantil, el debate no debe limitarse a cuestiones comerciales, sino que involucra directamente el acceso de la población a los medicamentos y la protección de la salud pública.
En un documento difundido por la Federación Nacional Mercantil Mutualista, Cavalieri afirmó que “el medicamento no es una mercancía: es un bien social y una responsabilidad indelegable del Estado”. Según el gremialista, cualquier modificación normativa debe garantizar la calidad, la trazabilidad y el uso racional de los medicamentos, preservando el rol sanitario de las farmacias y de los profesionales farmacéuticos.
El dirigente sostuvo que la iniciativa oficial implicaría una flexibilización de los mecanismos de comercialización y expendio, además de habilitar una mayor participación de plataformas digitales y grandes operadores en la distribución de medicamentos. A su entender, estas modificaciones trasladan decisiones sanitarias hacia una lógica predominantemente comercial, donde los intereses económicos podrían imponerse sobre los criterios de salud pública.
Otro de los puntos cuestionados por Cavalieri es el posible impacto sobre las farmacias mutuales, cooperativas, sindicales y de pequeñas localidades. Según explicó, estos establecimientos cumplen una función social esencial porque muchas veces representan el único acceso cercano a medicamentos y asesoramiento profesional para miles de personas. Advirtió que una mayor concentración del mercado podría afectar especialmente a esos actores, favoreciendo a grandes cadenas con mayor capacidad financiera y logística.
El planteo del dirigente coincide con las advertencias realizadas por distintas entidades farmacéuticas del país. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y diversos colegios profesionales vienen manifestando que la farmacia debe ser considerada un servicio sanitario y no un comercio común. También sostienen que la venta de medicamentos fuera del circuito farmacéutico podría incrementar los riesgos de automedicación, errores en los tratamientos y pérdida de controles sobre la cadena de distribución.
Por su parte, el Gobierno nacional impulsa la iniciativa como parte de su política general de desregulación económica. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado sostiene que busca simplificar normas, fomentar la competencia y ampliar las opciones para consumidores y empresas, aunque el texto definitivo del proyecto aún se encuentra en revisión antes de su envío al Congreso.
Mientras el debate comienza a instalarse en el ámbito legislativo, la reforma promete convertirse en uno de los temas más sensibles de la agenda sanitaria. Con posiciones enfrentadas entre el oficialismo, los sindicatos y las organizaciones farmacéuticas, la discusión no solo involucra el funcionamiento del mercado, sino también el alcance de las políticas públicas en materia de salud y el rol que deberá asumir el Estado en el acceso seguro a los medicamentos.
Fuente: InfoGremiales
