El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsa un nuevo paquete de reformas que propone modificar o derogar numerosas leyes para profundizar la desregulación económica. La iniciativa alcanza a sectores como las librerías, las farmacias, el mercado inmobiliario, el gas licuado, la navegación y la actividad agropecuaria, y ya comenzó a generar fuertes cuestionamientos.
El Gobierno nacional avanza con un nuevo proyecto de ley de desregulación elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El borrador, de 144 páginas, todavía no fue enviado al Congreso, pero ya comenzó a circular entre distintos sectores económicos y políticos. La iniciativa propone modificar o eliminar regulaciones históricas con el objetivo de ampliar la competencia, reducir la intervención estatal y profundizar el proceso de liberalización económica impulsado por la administración de Javier Milei.
Uno de los cambios más debatidos apunta al mercado editorial. El proyecto propone derogar la Ley de Precio Uniforme del Libro, permitiendo que cada comercio pueda fijar libremente los valores de venta. De aprobarse, grandes cadenas comerciales, supermercados y plataformas digitales podrían ofrecer descuentos sin las restricciones actuales, una situación que, según advierten las cámaras del sector, pondría en desventaja a las librerías independientes y a las pequeñas editoriales.
La iniciativa también modifica de manera significativa la legislación sobre farmacias. Entre las principales reformas figura la eliminación de la exclusividad para comercializar medicamentos de venta libre, habilitando su expendio en supermercados, kioscos y otros comercios. Además, autoriza la venta de medicamentos mediante plataformas digitales y el servicio de entrega a domicilio, incorporando aplicaciones de terceros para la logística y los pagos.
Otro de los capítulos más extensos está dedicado al sector agropecuario. El proyecto elimina la obligación de fabricar en el país determinados productos veterinarios importados y modifica distintos regímenes vinculados con la producción agroganadera. También plantea cambios en los contratos rurales, flexibilizando las condiciones para los acuerdos entre productores y propietarios de tierras bajo el principio de la autonomía de las partes.
La propuesta además alcanza a la actividad vitivinícola y a la promoción de la carne vacuna. Entre otras medidas, prevé la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), cuyos recursos pasarían al Instituto Nacional de Vitivinicultura, y elimina las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que pasaría a sostenerse mediante aportes voluntarios y servicios propios.
El paquete incorpora además una desregulación del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), utilizado en garrafas y cilindros. La propuesta elimina las facultades del Estado para fijar precios de referencia, regular márgenes de rentabilidad y establecer condiciones comerciales, dejando que esos aspectos sean determinados por la oferta y la demanda. Asimismo, modifica el régimen de corretaje inmobiliario, reduciendo los requisitos para ejercer la profesión y eliminando la fijación de aranceles mínimos o máximos.
La difusión del borrador provocó reacciones inmediatas de distintos sectores involucrados. Entidades representativas de libreros, farmacéuticos, productores agropecuarios y organizaciones vinculadas a la industria cultural manifestaron preocupación por el impacto que podrían tener estas reformas sobre las pequeñas y medianas empresas, el empleo y el funcionamiento de actividades que históricamente estuvieron reguladas por el Estado.
Aunque el proyecto todavía no ingresó formalmente al Congreso, el Gobierno anticipa que buscará convertirlo en una de las principales iniciativas legislativas del segundo semestre. De avanzar en el Parlamento, el paquete impulsado por Federico Sturzenegger podría representar una de las reformas desregulatorias más amplias de los últimos años, abriendo un intenso debate político, económico y social sobre el rol del Estado en la regulación de los mercados.
Fuente: Política Argentina
