Un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reveló un fuerte aumento del endeudamiento entre los trabajadores de plataformas de reparto. La deuda promedio de los repartidores ronda el millón de pesos y, en muchos casos, los préstamos son otorgados por las mismas aplicaciones para las que trabajan, lo que abre un debate sobre la dependencia económica y la necesidad de una mayor regulación.
La expansión de las aplicaciones de delivery modificó profundamente el mercado laboral argentino y se convirtió en una alternativa de ingresos para miles de personas. Sin embargo, un reciente informe del Banco Central puso el foco en un fenómeno que crece silenciosamente: el endeudamiento de los trabajadores de plataformas con las propias empresas para las que prestan servicios.
Según el relevamiento, la deuda promedio de los repartidores ya se ubica entre los 900.000 y el millón de pesos, mientras que los comercios asociados a las aplicaciones acumulan compromisos financieros cercanos a los seis millones de pesos. El informe señala además que durante 2025 la cantidad de trabajadores que tomó este tipo de créditos aumentó un 122%, luego de otro salto del 177% entre 2023 y 2024.
Los préstamos son utilizados principalmente para la compra o reparación de bicicletas y motocicletas, herramientas indispensables para sostener la actividad laboral. En muchos casos, las cuotas se descuentan automáticamente de los ingresos que los repartidores perciben por cada entrega realizada, lo que genera un vínculo financiero directo entre el trabajador y la plataforma.
El Banco Central advirtió que las aplicaciones desarrollaron mecanismos propios de evaluación crediticia. En lugar de analizar recibos de sueldo o historial bancario, utilizan la información que generan los trabajadores dentro de la aplicación: cantidad de horas trabajadas, pedidos aceptados, calificaciones de los usuarios y nivel de actividad. De esta manera, quienes tienen mayor productividad y permanencia en la plataforma son los que más posibilidades tienen de acceder al financiamiento.
El fenómeno afecta especialmente a los trabajadores independientes y a quienes no tienen acceso al sistema bancario tradicional. De acuerdo con el informe, más de la mitad de quienes toman estos créditos son trabajadores autónomos y concentran alrededor del 62% del saldo total financiado. Además, el 70% de los deudores tiene menos de 40 años y depende de las aplicaciones como principal fuente de ingresos.
Uno de los puntos más cuestionados son las tasas de interés. Si bien las plataformas sostienen que ofrecen condiciones competitivas y una herramienta de inclusión financiera, desde el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SITRAREPA) denuncian que algunos préstamos pueden alcanzar costos financieros de hasta el 700% anual. La organización también advirtió que muchos repartidores extienden sus jornadas laborales para poder afrontar las cuotas de los créditos.
La tasa de mora registrada por el Banco Central se ubica en el 11,7%, un nivel inferior al promedio general del sistema financiero y al de muchas empresas fintech. Sin embargo, el organismo sigue con atención la evolución del fenómeno y advierte sobre el riesgo de que el endeudamiento se convierta en una “bola de nieve” para trabajadores cuyos ingresos suelen ser variables y dependen de la cantidad de horas conectados a la aplicación.
Especialistas en economía digital sostienen que el crecimiento de estos créditos plantea un nuevo desafío regulatorio. Por un lado, permiten que miles de personas excluidas del sistema financiero accedan al financiamiento; por el otro, profundizan la dependencia económica respecto de las plataformas, que no solo organizan el trabajo mediante algoritmos sino que también se convierten en acreedoras de quienes dependen de ellas para generar ingresos.
El debate sobre la economía de plataformas y las nuevas formas de empleo sigue abierto. Mientras las aplicaciones defienden este modelo como una herramienta de inclusión y crecimiento, los sindicatos reclaman una regulación específica que garantice transparencia, protección laboral y condiciones de financiamiento que no profundicen la vulnerabilidad económica de miles de repartidores argentinos.
Fuente: Política Argentina
