La Justicia federal dispuso la prohibición de salida del país para el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, la conductora Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La medida busca asegurar el desarrollo de la causa y evitar posibles riesgos procesales mientras continúan las diligencias judiciales.
La resolución fue adoptada por el juez federal que interviene en el expediente luego de una serie de medidas de prueba realizadas durante las últimas semanas. La investigación tomó un nuevo impulso tras la difusión pública de videos en los que aparecen importantes sumas de dinero en efectivo ocultas en un vestidor presuntamente vinculado a Insaurralde, material que volvió a colocar la causa en el centro de la agenda política y judicial.
El expediente investiga la evolución patrimonial del exfuncionario, quien renunció a la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires en 2023 tras el denominado “Yategate”, luego de que se difundieran imágenes de un viaje de lujo por Marbella junto a Sofía Clerici. Desde entonces, la Justicia analiza si parte de su patrimonio resulta compatible con los ingresos declarados durante su paso por la función pública.
En el caso de Jésica Cirio, la investigación procura determinar si tuvo algún grado de participación en las operaciones patrimoniales bajo análisis. Días atrás, la conductora reconoció parcialmente la autenticidad de los videos difundidos, aunque sostuvo que fueron obtenidos de manera ilegal y denunció haber sido víctima de extorsiones relacionadas con material de carácter privado.
Por su parte, Sofía Clerici continúa vinculada a la causa debido al viaje realizado con Insaurralde en el Mediterráneo, episodio que originó las primeras denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia busca establecer el origen de los fondos utilizados para solventar aquellos gastos y otras operaciones económicas investigadas dentro del expediente.
La prohibición de salida del país constituye una medida cautelar destinada a garantizar que los imputados permanezcan a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones. Este tipo de decisiones no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad de los involucrados, sino que procura evitar eventuales riesgos de fuga o dificultades para el desarrollo del proceso judicial.
En paralelo, la causa continúa incorporando nuevas pruebas documentales, pericias patrimoniales y declaraciones testimoniales. Los investigadores analizan movimientos financieros, bienes registrados, viajes al exterior y otras operaciones económicas que podrían resultar relevantes para determinar si existió un incremento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por los imputados.
El caso mantiene una fuerte repercusión política debido a la relevancia institucional que tuvo Martín Insaurralde dentro del gobierno bonaerense y al impacto que el escándalo produjo desde su estallido en 2023. Las nuevas medidas judiciales confirman que la investigación continúa avanzando y que el expediente permanece activo con nuevas diligencias ordenadas por el juzgado interviniente.
Fuente: Noticias Argentinas.
