La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir parcialmente con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución mantiene vigente la actualización salarial para docentes y no docentes, así como la recomposición de programas y becas estudiantiles, en un nuevo revés judicial para la administración de Javier Milei.
La decisión fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional al considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva. De esta manera, el máximo tribunal dejó vigente la medida cautelar que ya había sido dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y que ordena la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
El fallo representa un nuevo obstáculo para la estrategia judicial del Gobierno, que desde la aprobación de la ley intentó impedir su aplicación argumentando que el Congreso no había establecido de qué manera se financiarían los recursos adicionales previstos para el sistema universitario. Sin embargo, la Corte no analizó el fondo de la discusión, sino que resolvió que el recurso oficial era inadmisible por cuestiones procesales, dejando firme la cautelar mientras continúa el trámite principal del expediente.
Los artículos alcanzados por la medida cautelar obligan al Estado nacional a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, además de recomponer programas destinados a estudiantes y actualizar las becas previstas por la normativa. La resolución no implica todavía una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del decreto cuestionado, pero sí obliga al Ejecutivo a cumplir esas disposiciones mientras el proceso judicial continúa.
La causa tuvo origen en un amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades públicas contra el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había condicionado la aplicación de la ley a la determinación previa de fuentes específicas de financiamiento. Tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara entendieron que esa decisión podía vulnerar derechos vinculados a la educación pública y ordenaron la aplicación inmediata de parte de la norma.
Desde el sistema universitario la decisión fue recibida con satisfacción. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, calificó el fallo como “una extraordinaria noticia” para las universidades públicas y sostuvo que la resolución fortalece las instituciones democráticas. Diversos rectores y representantes académicos remarcaron que la medida constituye un respaldo al reclamo sostenido por docentes, estudiantes y autoridades universitarias durante los últimos meses.
El conflicto por el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno nacional y la comunidad académica desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Las multitudinarias marchas federales realizadas en distintas ciudades del país reclamaron mayores recursos para las universidades nacionales y denunciaron el deterioro del poder adquisitivo de docentes y no docentes, además de la insuficiencia presupuestaria para garantizar el normal funcionamiento de las casas de estudio.
Aunque días atrás el Gobierno alcanzó un acuerdo con las universidades para otorgar una recomposición salarial parcial, distintos gremios docentes sostienen que ese incremento no reemplaza las obligaciones previstas en la Ley de Financiamiento Universitario. Con la resolución de la Corte, el Ejecutivo deberá avanzar en el cumplimiento de la cautelar mientras continúa la discusión judicial sobre el fondo del conflicto, que todavía deberá resolverse en instancias posteriores.
La decisión del máximo tribunal marca un nuevo capítulo en la disputa institucional entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario argentino. Mientras el Gobierno deberá adecuar su actuación a lo dispuesto por la Justicia, las universidades consideran que el fallo representa un respaldo al principio de división de poderes y al cumplimiento de una ley que fue aprobada por el Congreso y ratificada pese al veto presidencial.
Fuente: La Nueva Mañana
