Trabajadoras del Polo de la Mujer de Córdoba volvieron a manifestarse con fuertes reclamos por condiciones laborales que describen como precarias, irregularidades en los pagos y falta de estabilidad en los contratos. El conflicto se enmarca en una situación que, según denuncian desde hace años distintos sectores gremiales, afecta el funcionamiento del dispositivo provincial destinado a la atención de casos de violencia de género, con impacto directo tanto en las trabajadoras como en la capacidad de respuesta del organismo
Las trabajadoras señalaron que atraviesan una situación sostenida de precarización laboral, con modalidades de contratación inestables que incluyen monotributo, becas o convenios temporarios. Según plantean, esto se traduce en ingresos bajos, falta de derechos laborales básicos y una alta rotación de personal, lo que dificulta la continuidad de los equipos que intervienen en situaciones de violencia de género.
Uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con la falta o demora en el pago de haberes y prestaciones, una situación que, de acuerdo a las denuncias, se repite de manera periódica. Las trabajadoras advierten que estas irregularidades afectan no solo su economía personal, sino también la organización interna de los equipos de trabajo y la atención de casos sensibles.
El conflicto también pone en discusión la estabilidad de los programas vinculados a la asistencia de mujeres en situación de violencia. Según expresan distintos sectores gremiales y colectivos que acompañan el reclamo, la sobrecarga laboral es creciente debido al aumento de demandas de atención, sin que eso se traduzca en un refuerzo proporcional de personal o recursos.
Las denuncias de precarización en el Polo de la Mujer no son nuevas. En los últimos años, distintos informes gremiales y periodísticos vienen señalando reclamos por salarios por debajo de la línea de pobreza, falta de reconocimiento de la tarea de riesgo psicosocial y ausencia de pases a planta permanente, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad laboral.
A esto se suma la demanda por mejores condiciones materiales de trabajo, incluyendo recursos, insumos y herramientas adecuadas para la atención de situaciones de alta complejidad. Las trabajadoras sostienen que muchas veces deben sostener dispositivos de intervención con recursos limitados, lo que impacta en la calidad del servicio.
Desde el Gobierno provincial, en este tipo de conflictos, suele plantearse la existencia de restricciones presupuestarias y la necesidad de ordenar el gasto público, aunque las trabajadoras insisten en que la falta de inversión en el área debilita la política de prevención y asistencia frente a la violencia de género.
El reclamo también se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado en las políticas de género y la sostenibilidad de los dispositivos de atención. Organizaciones sociales y gremiales vienen advirtiendo que la precarización laboral en estos espacios termina repercutiendo directamente en la calidad de atención a las víctimas.
Mientras el conflicto continúa sin una resolución definitiva, las trabajadoras mantienen sus demandas de regularización laboral, pago en tiempo y forma y reconocimiento de la tarea que realizan en un área considerada clave dentro de las políticas públicas provinciales.
Fuente: La Nueva Mañana
