La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó a Matías Tabar, el contratista que realizó las refacciones en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El organismo le solicitó documentación sobre sus ingresos, movimientos patrimoniales y detalles de la obra ejecutada en la propiedad del funcionario, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al dirigente oficialista.
La causa que tiene como protagonista a Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que ARCA enviara una intimación formal a Matías Tabar, arquitecto y contratista encargado de las remodelaciones realizadas en la casa que el jefe de Gabinete posee en el country Indio Cuá, ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. La medida exige la presentación de documentación respaldatoria sobre ingresos, actividad económica y operaciones realizadas durante los años 2024 y 2025.
Según trascendió, el organismo recaudador otorgó un plazo de diez días para que Tabar entregue información vinculada a su facturación, la compra de materiales, los pagos realizados a proveedores y los detalles completos de la obra ejecutada en la propiedad de Adorni. También deberá justificar diversos movimientos patrimoniales y operaciones financieras que quedaron bajo análisis de las autoridades.
La decisión se produce después de la declaración judicial del contratista ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. En su testimonio, Tabar aseguró que las remodelaciones realizadas en la vivienda tuvieron un costo total de 245 mil dólares y que los pagos fueron efectuados en efectivo. Sus declaraciones generaron un fuerte impacto dentro de la investigación que busca determinar si existieron irregularidades patrimoniales vinculadas al funcionario nacional.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, las obras se desarrollaron durante aproximadamente diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Los trabajos incluyeron reformas en distintos sectores de la vivienda, como la cocina, los baños, la construcción de mobiliario para el quincho, nuevas instalaciones y tareas de reacondicionamiento en la pileta.
El contratista sostuvo además que el pago se realizó en dos etapas. Según declaró, recibió una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y posteriormente otros 190 mil dólares a lo largo de 2025. También indicó que, mientras se desarrollaban las obras, Adorni habría alquilado otra vivienda dentro del mismo barrio cerrado para residir temporalmente junto a su familia.
La intimación de ARCA generó repercusiones políticas debido a que algunos sectores de la oposición interpretaron la medida como una respuesta posterior a la declaración testimonial que complicó la situación judicial del jefe de Gabinete. Legisladores opositores señalaron que resulta necesario garantizar que cualquier actuación administrativa se desarrolle con absoluta transparencia y sin interferencias en el proceso judicial.
Desde el entorno del Gobierno, en tanto, insisten en que Adorni no cometió ninguna irregularidad y sostienen que la investigación permitirá aclarar definitivamente todas las dudas planteadas sobre la evolución de su patrimonio. El oficialismo considera que las denuncias tienen un fuerte componente político y rechaza los pedidos de apartamiento impulsados por algunos sectores parlamentarios.
Mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas y documentación, el caso sigue escalando en la agenda política nacional. La información que aporte el contratista a ARCA podría convertirse en un elemento relevante dentro de una investigación que mantiene bajo presión al Gobierno y que amenaza con seguir generando repercusiones tanto en el Congreso como dentro de la propia coalición oficialista.
Fuente: La Nueva Mañana
