Betiana Cabrera Fasolis cuestionó el desmantelamiento de políticas públicas, defendió el rol de los observatorios feministas y aseguró que la sociedad aún no puede naturalizar los femicidios.
A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, la coordinadora de Mumalá Córdoba, Betiana Cabrera Fasolis, realizó un balance sobre los avances y desafíos que enfrenta la lucha contra las violencias de género en Argentina. Lo hizo en una entrevista brindada al programa Estamos Mal Pero Vamos Bien, donde repasó la evolución del movimiento feminista, la construcción de estadísticas propias y la situación actual de las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar los femicidios.
Según explicó, una de las principales conquistas de Ni Una Menos fue haber instalado en la agenda pública una problemática que hasta entonces permanecía prácticamente relegada a ámbitos académicos y organizaciones sociales.
“Logramos un consenso social básico pero fundamental: que está mal pegar, violar y asesinar a mujeres y disidencias”, sostuvo.
Para la referente feminista, la irrupción de las multitudinarias movilizaciones de 2015 marcó un antes y un después en la discusión pública sobre la violencia machista, generando una conciencia colectiva que trascendió las fronteras argentinas y se convirtió en referencia para otros países de la región.
El rol de Mumalá y la construcción de estadísticas propias
Cabrera Fasolis recordó que el Observatorio Nacional Mumalá nació justamente ante la falta de registros oficiales sobre femicidios y violencias extremas de género.
Desde entonces, la organización lleva adelante un relevamiento permanente y federal de los casos, construido a partir del trabajo militante de mujeres y diversidades que acompañan a víctimas y familiares en distintos puntos del país.
En ese sentido, cuestionó las cifras oficiales difundidas por el Gobierno nacional y aseguró que los registros elaborados por la organización muestran una realidad distinta.
“Nosotras registramos más femicidios que el Estado, aun teniendo muchos menos recursos”, afirmó.
Además, señaló que durante los últimos cuatro años la tasa nacional de femicidios se ha mantenido estable en torno a un femicidio cada 100.000 mujeres e identidades feminizadas, un indicador que, según explicó, permite comparar de manera más precisa la situación entre distintas provincias.
Críticas al desmantelamiento de las políticas de género
Uno de los puntos más críticos de la entrevista estuvo centrado en la eliminación y reducción de programas específicos destinados a abordar la problemática.
La coordinadora de Mumalá consideró contradictorio sostener que los femicidios disminuyen mientras se desmantelan áreas estatales dedicadas a la prevención y asistencia de las víctimas.
En contrapartida, destacó que las jurisdicciones que mantienen estructuras institucionales activas muestran mejores resultados.
Como ejemplo mencionó a la provincia de Buenos Aires, donde continúa funcionando un ministerio específico con presupuesto y programas de prevención, asistencia y promoción de derechos.
También señaló que Córdoba registra una reducción en la cantidad de femicidios respecto de años anteriores, aunque advirtió que la problemática sigue siendo grave y requiere una intervención sostenida del Estado.
El impacto social tras el femicidio de Agostina
La entrevista tuvo lugar en un contexto atravesado por la conmoción que generó el femicidio de Agostina, caso que motivó masivas movilizaciones en Córdoba y distintos puntos del país.
Para Cabrera Fasolis, las multitudinarias marchas representan mucho más que una manifestación de dolor.
“Hay un grito de basta muy contundente. Es un mensaje político y social de enorme potencia”, expresó.
La referente destacó que las movilizaciones convocaron no solo a organizaciones feministas, sino también a familias, estudiantes, docentes, instituciones y ciudadanos que se sienten interpelados por una problemática que atraviesa a toda la sociedad.
Según relató, la participación masiva pese a las condiciones climáticas adversas reflejó la vigencia de una demanda social que rechaza la violencia machista y exige respuestas concretas.
Una problemática que no puede naturalizarse
Hacia el final de la entrevista, Cabrera Fasolis insistió en que detrás de cada estadística existen historias de vida, familias y comunidades profundamente afectadas.
Por eso, consideró imprescindible sostener la discusión pública sobre los femicidios y evitar que los casos se transformen en una noticia más dentro de la agenda mediática.
“Que no nos olvidemos. Que cuando ocurra otro caso no lo naturalicemos ni lo tomemos como algo habitual”, planteó.
La dirigente recordó que, pese a los avances logrados en materia de visibilización y conciencia social, la violencia extrema contra mujeres y diversidades continúa siendo una realidad persistente en Argentina.
Y concluyó con una cifra que resume la magnitud del problema: en el país ocurre un femicidio aproximadamente cada 31 a 35 horas.
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