En el marco de un nuevo aniversario de la histórica movilización Ni Una Menos, la abogada Paola Graziani, integrante de Seroviolencia y especialista en violencia de género, expresó su preocupación por la persistencia de graves falencias institucionales en la prevención y abordaje de la violencia contra mujeres y diversidades.
Durante una entrevista en el programa Derechos a la Carta, que se emite por Multimedio Mordisquito, Graziani sostuvo que resulta “paradójico e increíble” que, a más de once años de la primera movilización de Ni Una Menos, continúen registrándose situaciones donde funcionarios públicos incumplen obligaciones básicas en materia de protección de víctimas.
La especialista señaló que casos recientes como los de Agostina, Dulce y Noelia evidencian que las herramientas legales existentes no están siendo aplicadas de manera efectiva.
“La Ley Micaela fue dictada en 2019 y todavía no se cumple. No se han generado las capacitaciones necesarias ni se están brindando los recursos urgentes que demanda la emergencia por violencia de género”, afirmó.
La preocupación por el retroceso en políticas públicas
Graziani advirtió que el desfinanciamiento de programas y políticas vinculadas a la prevención de las violencias representa un retroceso respecto de las conquistas alcanzadas por el movimiento feminista en los últimos años.
Según explicó, Argentina asumió compromisos nacionales e internacionales para garantizar la prevención, investigación y sanción de las violencias contra las mujeres, responsabilidades que requieren recursos concretos y funcionarios capacitados.
“Todo lo que se avanzó a través de años de lucha y movilización hoy se está desfinanciando”, sostuvo.
Casos que exponen fallas institucionales
La abogada hizo especial referencia al caso de Agostina y cuestionó la actuación de funcionarios judiciales que intervinieron previamente en denuncias vinculadas a violencia de género.
En ese sentido, remarcó que la falta de perspectiva de género en investigaciones y decisiones judiciales puede derivar en consecuencias irreparables.
“Los mecanismos legales existen, pero si no se ponen de manera oportuna y eficaz al servicio de las mujeres y las familias, vamos a seguir parados en el mismo lugar”, advirtió.
Para Graziani, los femicidios continúan revelando falencias estructurales que exceden el plano normativo y alcanzan directamente la implementación de las políticas públicas.
“La Ley Micaela parece que no existiera”
Uno de los planteos más contundentes de la entrevista estuvo vinculado al grado de cumplimiento de la Ley Micaela, norma que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
“Si uno observa lo sucedido en estos casos, la Ley Micaela parece que no existiera”, afirmó.
La especialista sostuvo que no alcanza con que las leyes estén vigentes si no existen mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento y controlar a quienes incumplen sus obligaciones.
La necesidad de nuevas herramientas de control
Finalmente, Graziani planteó la necesidad de avanzar en mecanismos más rigurosos para evaluar el desempeño de funcionarios que intervienen en situaciones de violencia de género.
A su entender, la capacitación obligatoria fue un paso importante, pero insuficiente frente a la persistencia de actuaciones estatales que continúan reproduciendo prácticas sin perspectiva de género.
“A once años de Ni Una Menos seguimos discutiendo problemas que deberían estar resueltos. La violencia de género debe seguir siendo una prioridad en la agenda pública y en el accionar cotidiano de todos los organismos del Estado”, concluyó.
La entrevista se realizó en el programa Derechos a la Carta, espacio dedicado al análisis de derechos ciudadanos, consumo y problemáticas sociales, emitido por Multimedio Mordisquito.
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