Una resolución oficial del SENASA avanzó con una desregulación en el sistema de control alimentario que modifica requisitos históricos aplicados a la producción de grasas comestibles y margarinas. La medida elimina exigencias técnicas que regían desde hace décadas y abre un nuevo debate sobre el alcance de la flexibilización de controles en la industria alimentaria.
El Gobierno nacional dispuso una actualización del marco regulatorio que impacta directamente en la elaboración de grasas alimenticias y margarinas, al eliminar una serie de exigencias técnicas que formaban parte del esquema de control de calidad histórico en la Argentina. La decisión fue adoptada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Según los considerandos de la norma, la modificación responde a la necesidad de adecuar el sistema a los “avances tecnológicos” en la industria alimentaria. El texto oficial sostiene que ciertas exigencias de control dejaron de ser necesarias debido a los cambios en los métodos de producción y verificación de calidad, lo que habilita un esquema más simplificado para la elaboración de estos productos.
Uno de los puntos centrales de la medida es la eliminación de controles específicos que apuntaban a prevenir fraudes en la composición de margarinas y otros productos grasos. Esos mecanismos habían sido incorporados en reglamentaciones anteriores con el objetivo de garantizar estándares de calidad y composición en alimentos de consumo masivo.
La decisión se inscribe dentro de un proceso más amplio de revisión normativa del sistema alimentario argentino, que incluye la actualización del Código Alimentario y la simplificación de regulaciones técnicas en distintos rubros. En ese marco, el Ejecutivo argumenta que la reducción de burocracia puede facilitar la producción y mejorar la competitividad del sector.
Sin embargo, la medida también genera preocupación en sectores técnicos y sanitarios que advierten sobre el posible impacto en los niveles de control de calidad. Especialistas del área alimentaria suelen señalar que este tipo de regulaciones cumplen un rol clave en la protección del consumidor, especialmente en productos de consumo cotidiano.
En paralelo, la discusión se traslada al plano político, donde la desregulación es defendida por el Gobierno como parte de una estrategia de modernización del Estado y reducción de costos regulatorios. Desde esa perspectiva, se sostiene que los controles deben enfocarse en la inocuidad general de los alimentos más que en requisitos técnicos específicos que podrían considerarse obsoletos.
Distintas voces críticas plantean que la eliminación de estándares históricos podría generar zonas grises en la fiscalización, especialmente en industrias con alto nivel de procesamiento. El debate se centra en cómo equilibrar la simplificación normativa con la garantía de calidad y seguridad alimentaria.
Por ahora, la resolución ya está en vigencia y el sector alimentario deberá adaptarse al nuevo esquema regulatorio. El impacto real de los cambios dependerá de su aplicación práctica y de cómo evolucione el sistema de control en los próximos meses.
Fuente: El Destape
