La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme el decomiso de bienes vinculado a la causa Vialidad. La medida también alcanza a Máximo y Florencia Kirchner, además del empresario Lázaro Báez, y habilita el avance de la ejecución patrimonial impulsada por la Justicia.
La decisión judicial representa un nuevo capítulo en una de las causas más resonantes de la política argentina de los últimos años. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar los planteos presentados por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme el decomiso de bienes dispuesto tras la condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Con esta resolución, el Estado podrá avanzar sobre propiedades, empresas y distintos activos considerados parte del perjuicio económico ocasionado a las arcas públicas.
El fallo también involucra a los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner, quienes habían intentado excluir parte de los bienes heredados o cedidos de la medida judicial. Según trascendió, la Justicia avanzará sobre más de 100 bienes y activos vinculados a la familia Kirchner y al empresario Lázaro Báez, considerado uno de los principales beneficiarios de la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Por mayoría, el tribunal rechazó los recursos extraordinarios y ratificó la validez del decomiso dispuesto en instancias anteriores. El juez Borinsky votó parcialmente en disidencia respecto de algunos bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner, aunque el criterio mayoritario terminó imponiéndose y consolidando el avance de la ejecución patrimonial.
El monto total que la Justicia busca recuperar supera los 684 mil millones de pesos, cifra que forma parte de la condena impuesta en el expediente por irregularidades en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz. La causa investigó presuntos direccionamientos de contratos estatales hacia empresas ligadas a Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Desde el entorno de Cristina Kirchner sostienen desde hace años que la causa forma parte de un esquema de persecución judicial y política contra el kirchnerismo. La ex presidenta denunció reiteradamente la existencia de un mecanismo de “lawfare” impulsado por sectores del Poder Judicial, medios de comunicación y dirigentes opositores. Incluso luego de la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema, el kirchnerismo continuó denunciando una supuesta proscripción política contra la principal figura del espacio.
Por su parte, los magistrados sostuvieron que el decomiso se fundamenta en que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. En los argumentos del fallo, la Cámara remarcó que la condena firme acredita la existencia de maniobras fraudulentas vinculadas a contratos de obra pública y consideró válido avanzar sobre el patrimonio relacionado con los condenados para resarcir al Estado nacional.
La causa Vialidad se convirtió en uno de los expedientes judiciales más importantes de la historia reciente argentina. Iniciada formalmente en 2016, investigó la adjudicación de 51 contratos de obra pública vial en Santa Cruz y derivó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Corte Suprema dejó firme esa condena en 2025, consolidando una decisión que modificó profundamente el escenario político nacional.
Con esta nueva resolución, la defensa de la ex presidenta solamente podría recurrir mediante una presentación directa ante la Corte Suprema. Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal 2 continuará con los procedimientos vinculados a la ejecución patrimonial y el recupero económico. La discusión judicial sigue desarrollándose en un contexto político de fuerte polarización, donde el caso continúa generando repercusiones tanto en el oficialismo como en la oposición y dentro del propio peronismo.
Fuente: El Destape
