La Cámara Nacional del Trabajo anuló las elecciones de la UOM, desplazó a Abel Furlán y ordenó la intervención judicial del sindicato por seis meses. La decisión desató una fuerte reacción de la CGT y abrió un conflicto político-sindical de enorme magnitud.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), uno de los gremios industriales más poderosos de la Argentina, atraviesa una crisis institucional histórica. La Justicia laboral resolvió anular las últimas elecciones nacionales y seccionales del sindicato, desplazar a toda la conducción encabezada por Abel Furlán e intervenir judicialmente la organización por 180 días.
La decisión fue tomada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tras una denuncia presentada por la opositora Lista Naranja de la seccional Campana, que cuestionó el proceso electoral realizado entre el 2 y el 4 de marzo de 2026
El fallo que detonó la crisis
El tribunal consideró que existieron irregularidades graves en el manejo de los comicios, especialmente en la seccional Campana, y concluyó que esas anomalías contaminaban también la elección nacional del gremio, en la que Furlán había sido reelecto.
Entre los puntos más delicados señalados por los jueces aparecen:
- Urnas bajo control del oficialismo durante tres días
- Ausencia de escrutinio provisorio diario
- Falta de garantías sobre la inviolabilidad del voto
- Presiones y condiciones irregulares para fiscales opositores
El fallo incluso calificó algunas prácticas como “inaceptables e irrazonables”.
Intervención y desplazamiento total
Como consecuencia, la Cámara dispuso:
- El cese inmediato de Abel Furlán
- La suspensión de todas las autoridades electas
- La intervención judicial de la UOM por seis meses
El interventor designado será el abogado Alberto Biglieri, quien tendrá amplias facultades para administrar el sindicato y organizar nuevas elecciones.
Un golpe político al sindicalismo combativo
La decisión tiene un impacto que excede lo gremial.
La UOM es uno de los sindicatos industriales más importantes del país y forma parte del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), junto a gremios como Aceiteros y ATE, espacios que vienen enfrentando abiertamente las políticas laborales del gobierno de Javier Milei.
Por eso, desde sectores sindicales ya hablan de “persecución judicial” y “disciplinamiento político”.
La CGT salió al cruce
La reacción de la CGT fue inmediata y durísima.
La central obrera emitió un comunicado repudiando la intervención y advirtió que avanzar judicialmente sobre un sindicato implica “atacar la autonomía de los trabajadores”.
La frase no fue casual: en el sindicalismo interpretan la medida como un antecedente peligroso para el movimiento obrero.
El trasfondo: una interna feroz
El conflicto venía escalando desde marzo.
Ya entonces la Justicia había suspendido parcialmente el congreso donde Furlán buscaba su reelección, luego de denuncias por fraude e irregularidades impulsadas por sectores opositores.
Sin embargo, la conducción avanzó igual con la votación y proclamó a Furlán con apoyo mayoritario de congresales metalúrgicos.
Ese desafío a la cautelar judicial terminó profundizando la crisis.
Un gremio clave en medio de la crisis industrial
La intervención ocurre además en un momento extremadamente sensible para la actividad metalúrgica.
La industria atraviesa:
- Caída de producción
- Suspensiones
- Despidos
- Retroceso del empleo formal
En ese contexto, la UOM venía protagonizando fuertes reclamos salariales y conflictos con grandes empresas del sector.
Lo que viene: elecciones, conflicto y disputa de poder
Durante los próximos seis meses, el interventor deberá reorganizar el sindicato y convocar nuevas elecciones.
Pero el conflicto recién empieza.
Porque detrás de la discusión judicial aparece algo mucho más grande:
- la interna del sindicalismo,
- la pelea por el control de uno de los gremios más fuertes del país,
- y el avance de una tensión cada vez más fuerte entre el Gobierno y los sindicatos.
Cuando intervienen a la UOM, no cae solo un gremio: tiembla una parte del poder sindical argentino.
La discusión ya no es únicamente electoral o judicial.
Es política.
Y también es una señal de época:
la confrontación entre el Gobierno y el movimiento obrero acaba de entrar en una fase mucho más dura.
