El sistema previsional argentino enfrenta una situación crítica: la relación entre trabajadores formales y jubilados cayó a apenas dos aportantes por beneficiario, un nivel que pone en riesgo su sostenibilidad y obliga a una creciente dependencia del Estado.
El sistema previsional argentino atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Según datos recientes, actualmente hay apenas dos trabajadores formales por cada jubilado, una proporción que se ubica por debajo del umbral mínimo necesario para garantizar el equilibrio financiero del sistema.
Este dato no es solo una estadística: es la síntesis de un problema estructural que se viene profundizando con el tiempo. En términos técnicos, los especialistas señalan que se necesitan al menos tres aportantes por cada beneficiario para sostener el sistema sin recurrir de manera permanente a financiamiento externo.
La caída del empleo formal aparece como una de las principales causas de este deterioro. En las últimas décadas, el mercado laboral argentino fue mutando hacia formas más precarias o flexibles, lo que redujo la base de aportes genuinos al sistema previsional.
Uno de los fenómenos más significativos es el crecimiento del monotributo. Si bien amplía la formalización en términos administrativos, implica menores contribuciones en comparación con el empleo asalariado tradicional, lo que impacta directamente en la recaudación previsional.
En paralelo, el sistema perdió alrededor de tres millones de empleos formales en los últimos 20 años. Este dato refleja una transformación profunda del mercado laboral, donde el trabajo registrado ya no logra sostener el mismo peso que tenía en el pasado.
Como consecuencia, el sistema depende cada vez más de transferencias del Estado nacional. Es decir, las jubilaciones no se financian únicamente con los aportes de los trabajadores activos, sino también con recursos fiscales que provienen de impuestos u otras fuentes.
Este esquema genera una tensión permanente. Por un lado, el Estado debe garantizar el pago de jubilaciones. Por el otro, enfrenta restricciones fiscales que limitan su capacidad de sostener ese esfuerzo sin afectar otras áreas.
A esto se suma un problema adicional: el envejecimiento poblacional. Con una expectativa de vida en aumento y una tasa de natalidad en descenso, el número de jubilados crece más rápido que el de trabajadores activos, profundizando el desequilibrio a largo plazo.
El resultado es un sistema cada vez más exigido, donde la sostenibilidad no depende solo de decisiones previsionales, sino también de variables macroeconómicas como el crecimiento, el empleo y la formalización laboral.
En definitiva, el dato de “dos aportantes por jubilado” no es una foto aislada. Es el reflejo de un modelo que enfrenta límites estructurales y que, sin cambios profundos, seguirá dependiendo del Estado para sostenerse en el tiempo.
Fuente: 50ambito
