Testigos clave confirmaron ante la Justicia que el vocero presidencial Manuel Adorni adquirió un departamento en Caballito muy por debajo de su valor de mercado. La causa por presunto enriquecimiento ilícito suma nuevos elementos y crece la polémica.
La causa que investiga al funcionario Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo explosivo. En las últimas horas, testigos clave ratificaron ante la Justicia que la operación inmobiliaria bajo la lupa presenta inconsistencias importantes.
Los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación declararon que el departamento tenía un valor cercano a los 340.000 dólares, muy por encima del monto declarado oficialmente por el funcionario.
Según la documentación judicial, la propiedad fue escriturada por unos 230.000 dólares, es decir, aproximadamente 110.000 dólares menos que su valor estimado en el mercado.
La diferencia es el eje central de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Otro punto que llamó la atención es la modalidad de pago: el departamento habría sido financiado en gran parte en cuotas sin interés, algo considerado inusual dentro del mercado inmobiliario.
La Justicia también investiga la participación de intermediarios en la operación, quienes habrían conectado a las partes y facilitado la compra en condiciones poco habituales.
El escándalo no solo es judicial, sino también político. La investigación golpea a una de las figuras más visibles del gobierno y vuelve a poner en discusión la transparencia de los funcionarios.
Aunque la causa está en plena etapa investigativa, los nuevos testimonios complican el panorama para Adorni. La gran incógnita es si la Justicia avanzará hacia imputaciones más firmes o si el caso quedará diluido.
Más allá del desenlace judicial, el caso expone un problema de fondo: cuando las operaciones patrimoniales de funcionarios generan dudas, la confianza pública entra en crisis. Y en ese terreno, cada dato que aparece no solo suma a una causa… también alimenta el desgaste político.
Fuente: Infonews
