Doble discurso: mientras el gobierno se hace el duro con Bolivia, los Ingleses se pasean por el Mar Argentino

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Mientras el Gobierno de Javier Milei se muestra intransigente con Bolivia y levanta banderas de soberanía en sus discursos, el Reino Unido continúa vulnerando la soberanía argentina en el Atlántico Sur con la complicidad del silencio oficial.

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur denunció la presencia del rompehielos británico RRS Sir David Attenborough en aguas argentinas, enarbolando la bandera ilegal de “Falklands”. La embarcación navegó por el estrecho de Le Maire, que separa la Isla Grande de Tierra del Fuego de la Isla de los Estados, tras partir desde el archipiélago ocupado con destino a la base antártica británica de Rothera.

Ante este hecho, la provincia reclamó una postura más firme del Gobierno nacional en la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, manifestó su preocupación por lo que calificó como un “nuevo avasallamiento británico”. A través de sus redes sociales, sostuvo que es urgente adoptar medidas más contundentes frente a estas acciones unilaterales que vulneran los derechos argentinos en la región.

Dachary explicó que, si bien el buque tiene permitido transitar por el estrecho de Le Maire amparado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, este tipo de episodios afectan los intereses nacionales. “La pregunta es: ¿Tenemos forma de remediarlo? Sí. ¿Cómo? Mediante la creación de normas internas complementarias que restrinjan dichos permisos de paso a buques de entidades no reconocidas por nuestro país. Esto permitiría, mínimamente, que navíos que enarbolen la ilegítima bandera de nuestras Islas Malvinas no naveguen en aguas territoriales no usurpadas”, manifestó.

En esta misma línea, anunció la elaboración de un proyecto de ley que será presentado en el Congreso, con el objetivo de reforzar la defensa de la soberanía argentina.

Hace unos días, diputados de Unión por la Patria solicitaron al Poder Ejecutivo que brinde explicaciones sobre un vuelo de la Real Fuerza Aérea británica que se habría acercado a rutas comerciales argentinas. La inquietud surgió a raíz del trayecto del Airbus 400M matrícula ZM42, que partió desde una base de la OTAN en las Islas Malvinas y generó preocupación por su proximidad con aviones de Aerolíneas Argentinas y Flybondi en el Atlántico Sur.

El proyecto, impulsado por la diputada Ana María Ianni, señala que el hecho tuvo lugar el 13 de enero a las 14:20. Según el portal Agenda Malvinas, el avión militar voló a unos 64 kilómetros de la ruta comercial, en una zona cercana a la provincia de Santa Cruz. Uno de los aspectos más llamativos del incidente es que, en el momento de mayor aproximación a los vuelos argentinos, el avión apagó su transpondedor. Esto impidió determinar con exactitud la distancia real con las aeronaves comerciales, lo que hace sospechar que la separación pudo haber sido aún menor. Los registros del vuelo fueron verificados a través de la plataforma Flightradar24 y fuentes periodísticas.

En el documento, los legisladores remarcan la importancia de proteger la soberanía nacional y solicitan al Gobierno que investigue el hecho. Además, advierten que este tipo de acciones por parte del Reino Unido generan malestar en la región patagónica, en particular en Santa Cruz, donde la cuestión territorial es un tema sensible. Por ello, exigen que se adopten medidas concretas y se informe al Congreso sobre los resultados de la investigación.

El caso del James Cook

En diciembre pasado, al buque británico de investigación científica RRS James Cook se le había rechazado la solicitud de efectuar investigaciones oceanográficas en aguas de jurisdicción argentina.

El 20 de agosto, la Embajada del Reino Unido en Argentina presentó una solicitud para que el buque “James Cook”, de pabellón británico, realizara campañas de investigación científica marina en aguas jurisdiccionales nacionales entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Sin embargo, la Dirección General de Consejería Legal Internacional (DICOL) de la Cancillería argentina advirtió que la solicitud no cumplía con la antelación mínima requerida y que dificultaba el desarrollo normal del procedimiento de autorización.

El RSS James Cook: un informe de la Armada Argentina advirtió que los datos recolectados por este buque podrían tener aplicaciones militares.

A pesar de esto, la Armada y el Servicio de Hidrografía Naval elevaron una opinión en la que aseguraban que las tareas científico-técnicas previstas por el buque no vulneraban los intereses nacionales ni la capacidad de control y vigilancia del Estado argentino. Además, se permitió el embarque de un oficial naval argentino en calidad de observador. Llamativamente el informe agregó: “Los datos oceanográficos a colectar durante el tránsito del buque (conductividad, temperatura y profundidad, así como los análisis de corrientes) tienen aplicación militar y pueden ser usados en los ámbitos de defensa”.

El buque de investigación RRS James Cook pertenece al Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural (NERC), un organismo público dependiente del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología del gobierno británico.

El Radar de la empresa Leo Labs

La observación realizada por la Armada sobre las capacidades duales del RSS James Cook, recuerda también al caso de la antena radar de la empresa británica Leo Labs en Tierra del Fuego, la cual fue suspendida por el gobierno anterior por su potencial de uso dual (civil-militar) tal como quedó demostrado en un informe técnico del ministerio de defensa entonces encabezado por Jorge Taiana y también según los datos publicados por la misma empresa que son de acceso publico.

El informe del ministerio destacaba entre otros aspectos:  “pueden brindar alerta temprana y Conciencia Situacional Espacial (SSA por sus siglas en inglés) en la órbita baja en la Argentina. Esto significa que, desde nuestro propio territorio nacional, podrá monitorear la actividad satelital argentina tanto civil como militar (actividad que utiliza proyectos de satélites de órbita baja). Interceptar datos, comunicaciones y observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves” …”La banda de operación declarada por la empresa coincide con la banda de operación de las estaciones terrenas de emisión y recepción de datos en banda S, recepción en banda X y K de los satélites argentinos”.

El “Área Marina Protegida” (AMP) de Georgias decretada unilateralmente por el Reino Unido en 2024.

A inicios del pasado año, el Reino Unido de Gran Bretaña amplió de manera arbitraria la posesión de inmensos espacios marítimos en el Atlántico Sudoccidental bajo el pretexto ambiental de conformar un Área Marina Protegida (AMP) estableciendo de esta manea restricciones totales a la navegación y pesca sobre casi 170.000km2 adicionales del Mar Austral.  Estas acciones del gobierno de ocupación británico se enmarcan en una agresiva política de fortalecimiento y expansión de su presencia en el Atlántico Sur, la que incluye la construcción de una renovada infraestructura portuaria y logística que busca rivalizar con el proyecto del polo logístico antártico que Argentina decidió llevar adelante en Tierra del Fuego (obra que hoy esta ralentizada y sin mayores novedades sobre su continuidad) que tiene como finalidad ser una puerta de entrada al continente antártico para el país y para terceros, y que se combinará con la recuperación y modernización integral de la base antártica Petrel cuyas características la tornan una pieza estratégica en la política Antártica Argentina.

En este sentido la estrategia británica en el Atlántico Sur busca por un lado apuntalar la proyección de Londres sobre el continente antártico, donde los reclamos territoriales si bien están contenidos por el marco del tratado antártico, vale resaltar que los de Gran Bretaña se superponen casi en su totalidad con los de nuestro país y con buena parte del área ambicionada por Chile. El tratado antártico y sus protocolos si bien no caducan, podrán ser revisados a partir del 2048, quedando la puerta abierta a posibles reformas en cuanto al tipo de actividades que podrían permitirse, entre ellas posibilidades de exploración y explotación de recursos, con el trasfondo de la disputa geopolítica entre China y EEUU donde los recursos naturales tienen un papel central. Llegar a esta instancia desde una posición de fortaleza será fundamental para los actores con intereses en dicho continente y el Reino Unido tomo ya nota de ello.

Por otro lado, la construcción de un puerto de aguas profundas en las islas permitirá al gobierno de ocupación avanzar con sus proyectos extractivistas en los espacios marítimos usurpados, tanto en materia pesquera (la principal fuente de ingresos de las islas) pero en especial los relacionados a los hidrocarburos, además del potencial uso militar de dicha infraestructura.

La política en torno a Malvinas o exacerbado también las diferencias al interior del gobierno libertario, vaste recordar el acuerdo que tuvo como protagonista a la ex canciller Diana Mondino y a su par del Reino Unido, David Lammy. La declaración firmada por ambos establece medidas humanitarias vinculadas a los reclamos de las familias de las víctimas de la guerra de 1982 y una serie de prerrogativas para el Reino Unido como “conservación de pesquerías” y la “reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba”.

El acuerdo Mondino-Lammy, se enmarca en el conocido como “Paraguas de soberanía” que se estableció entre Argentina y el Reino Unido en la declaración conjunta del 19 de octubre de 1989 en Madrid y que significó que ambas partes podían discutir asuntos sobre el Atlántico Sur sin que esto significara una renuncia al reclamo soberano. Sin embargo, en la práctica esta formula permitió que el Reino Unido de Gran Bretaña avanzara de manera unilateral en actividades de pesca y exploración de hidrocarburos, sin que Argentina pudiera evitarlo. La formula aplicada durante el gobierno de Carlos Saul Menem fue nuevamente reflotada durante el gobierno de Mauricio Macri y que se materializo con el comunicado conjunto Foradori-Duncan cuyo contenido no fue tratado en el Congreso Nacional pero que en la practica implicó importantes concesiones a los ocupantes británicos sin ningún beneficio para la Argentina. Este acuerdo firmado por la ex canciller Mondino generó una fuerte reacción de la vicepresidenta Victoria Villarruel quien manifestó su inconformidad a través de un tuit en su cuenta oficial de la red social X.

Mientras el Gobierno se rasga las vestiduras con discursos de soberanía y endurece su postura con países de la región como Venezuela, Colombia o Bolivia, permite que los británicos sigan avanzando sobre los intereses argentinos en el Atlántico Sur sin mayores consecuencias. La pasividad frente a estas incursiones y la falta de medidas concretas exponen un doble discurso que deja en evidencia quiénes son los verdaderos titiriteros detrás de la política exterior del gobierno libertario.

Fuente: Primereando Las Noticias

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