El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, explicó este miércoles el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), los recortes presupuestarios en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el presupuesto universitario.
Lo hizo durante el primer tramo de la ronda de preguntas y después de exponer el informe de gestión en el Congreso de la Nación.
Según explicó Posse, el “Inadi contaba con un presupuesto de 2800 millones de dólares al año, gastando 8 millones de pesos en alquiler con 400 empleados, pero tenía 7000 expedientes sin tramitar”. Con apenas números, como pretendiendo que un organismo emblemático para ejecutar políticas públicas contra la discriminación, el racismo, en definitiva promoviendo el respeto a las diversidades, arroje ganancias, el funcionario defendió el sentido mercantilista de la gestión.
En referencia al Incaa, argumentó: “Si bien tenía un ingreso proveniente del precio de las entradas y otros mecanismos, lo que generaba 12 millones de dólares al año, tenía un déficit adicional de 4 millones que solventaba el Estado Nacional”.
Del mismo modo, mostró un desprecio total hacia la industria cinematográfica. No habló de los lauros internacionales alcanzados por films argentinos en las últimas décadas, exhibiendo un grave desconocimiento de lo que representa como bien cultural una película, e incluso los ingresos de divisan que reportan las producciones audiovisuales.
Para Posse, de 176 películas que financió el año pasado el instituto, dos de ellas tuvieron “uno y cuatro espectadores” -en todo el tiempo de exhibición- y “otra cinco”. “Otras 12 películas no llegaron a los 100 espectadores, cien no alcanzaron los 1.000 y, solo cinco, superaron los 6.000 sin llegar a los 8.000”, agregó el funcionario nacional.
Presupuesto universitario
Con respecto al presupuesto universitario, señaló que el Gobierno acordó con las “universidades levantar la emergencia”.
“Se estaba afrontando un 70% en marzo y un 70% en mayo, también se hizo un adicional para los hospitales universitarios”, sumó.
“Entendemos que la educación pública es un derecho y que auditar los gastos, financiados con fondos de todos los argentinos, es una obligación”, reflexionó Posse.
Fuente: La Nueva Mañana
