En una nueva arremetida contra la protesta social y bajo la excusa de las denuncias (cuya veracidad es muy frágil), la Justicia ordenó el allanamiento simultáneo de al menos una veintena de casas de dirigentes y militantes sociales, durante la madrugada.
La acción fue pergeñada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que lleva a cabo denuncias por supuesta extorsión a dirigentes sociales a beneficiarixs de programas sociales, que reclaman por asistencia alimentaria y económica para los sectores vulnerables.
Bullrich, además, celebró los allanamientos en su cuenta de Instagram:
“Cayeron en la casa de dos compañeros que viven en Capital y uno en provincia. La causa es la misma, alegan ‘Coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública’, y es del Juzgado Federal Nº 7 a cargo de Martín Smietniansky”, explicó a Canal Abierto Analía del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en la Coordinadora por el Cambio Social.
“Por suerte están todos bien, no los detuvieron. Les secuestraron los celulares y computadoras. En el caso de Charly (Fernández, referente del FOL), la situación fue bastante violenta. Los agentes de la Federal le gritaban a su compañera: ‘vos vas a las marchas. Tu marido va a las marchas’. Estaban ellos dos con sus hijos”, relató la vocera.
En las últimas horas, según destacó el mismo medio, comenzaron a cirular mensajes de allanamientos a referentes de otras organizaciones y, de acuerdo a un artículo publicado por Infobae, de fuente judiciales o policiales, son 27 las órdenes de allanamiento libradas.
“Estuve hablando con compañeros de otras organizaciones, la causa es la misma, es una causa federal enmarcada en la respuesta a la movilización del 20 de diciembre del 2023”, explica Analía.
Esa movilización fue la que Bullrich estrenó su Protocolo Antipiquetes y, en una búsqueda de instalar el miedo, hizo sonar por altoparlantes de las estaciones de trenes la amenaza de su aplicación y la propuesta de llamados a la línea 134 que el Ministerio de Seguridad habilitó para que los beneficiarios de programas sociales denunciaran a dirigentes sociales por supuestas extorsiones para que vayan a marchar. De hecho, también existió la amenaza de quita de plan para quienes participaran de la movilización.
Fuente: Infonews
