El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha anunciado que presentará una demanda contra el Estado nacional ante la Corte Suprema por miles de millones de pesos que, según afirma, son parte del porcentaje establecido por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. La demanda, que será llevada a cabo por los abogados Jorge Yoma y Andrés Gil Domínguez, buscará el reconocimiento y la actualización de $9.300 millones correspondientes al ejercicio 2023, así como $47.000 millones pagados en su totalidad o en 12 cuotas mensuales correspondientes a La Rioja y consolidados en la reconducción del Presupuesto 2024.
Además, como medida cautelar urgente, Quintela solicitará a la Corte Suprema un embargo al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hasta cubrir las cifras adeudadas por la Nación a La Rioja. Según Jorge Yoma, el embargo se justifica por la difícil situación económica de los hogares riojanos, afectados por la inflación descontrolada y la necesidad de garantizar servicios esenciales y recomponer los salarios de los trabajadores públicos.
El sábado, Quintela había hecho otro anuncio que resonó con fuerzas en todo el país y, en especial, en los medios nacionales. El gobernador anunció que enviará al Congreso provincial un proyecto de ley para crear una moneda propia. El dirigente peronista tomó la decisión tras el acuerdo al que llegó con la cúpula policial, que con una protesta solicitó mejoras salariales. Desde hace varias semanas, el mandatario provincial viene advirtiendo sobre el efecto que el plan de ajuste de Javier Milei está teniendo y tendrá sobre la sociedad y las provincias en particular. “Va a ser un genocidio social”, había dicho y había adelantado que pediría rever la ley de coparticipación.
Entre el jueves y el viernes la policía provincial riojana se convirtió en el centro de atención: hicieron una manifestación que llevaron adelante con sus familiares para reclamar un “salario digno”. Según contó el gobernador en una entrevista con Radio 10, pudo llegar a un acuerdo luego de recibir a una comisión que le llevó el mandato. “Los que estaban en actividad respetaron sus responsabilidades. Protestaron lo que estaban de franco y jubilados. He recibido una comisión que venía con mandato, hablamos de la situación difícil por la que estaban pasando puesto que era una suerte de sedición. Eso está penado por la ley nacional, provincial y por los convenios internacionales. Entendieron, pidieron disculpas”, relató Quintela.
Fuente: El Destape
