Pity Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz y cumplirá arresto domiciliario

Pity Alvarez
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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires declaró culpable al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. La condena fue de 12 años de prisión, aunque el músico continuará internado y luego cumplirá la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, con monitoreo electrónico.

Cristian “Pity” Álvarez fue condenado este viernes 20 de noviembre a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, conocido como “El Gringo”, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, del barrio porteño de Villa Lugano. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, luego de un juicio que se extendió durante varios meses y estuvo atravesado por discusiones sobre la responsabilidad penal y el estado de salud del músico.

El tribunal consideró a Álvarez penalmente responsable del homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. De acuerdo con la reconstrucción de la acusación, el hecho se produjo durante una discusión entre el músico y Díaz, de 36 años. La Fiscalía sostuvo que el cantante efectuó cuatro disparos contra la víctima, que murió en el lugar. El caso generó una fuerte repercusión pública desde el comienzo, tanto por la gravedad del crimen como por la trayectoria artística del acusado, reconocido por su paso por las bandas Viejas Locas e Intoxicados.

Uno de los aspectos centrales del fallo es la modalidad en la que Álvarez deberá cumplir la condena. El músico permanece internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar, provincia de Buenos Aires, por disposición judicial. Una vez finalizado el período de internación, previsto para febrero de 2027, deberá continuar cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario y con una tobillera electrónica. Por lo tanto, la sentencia no implica su traslado inmediato a una unidad penitenciaria, sino que contempla su situación actual de salud y las medidas dispuestas por la Justicia.

Durante los alegatos, las partes habían sostenido posiciones muy diferentes respecto de la pena que correspondía aplicar. El fiscal Sandro Abraldes había solicitado 18 años y seis meses de prisión, al considerar acreditada la responsabilidad del músico y rechazar que hubiera actuado en legítima defensa. La querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, había reclamado 11 años y dos meses. Finalmente, el tribunal estableció una condena de 12 años, inferior a la solicitada por la Fiscalía y apenas superior al pedido de la representación de la familia de la víctima.

La defensa, a cargo de los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, había solicitado la absolución al sostener que Álvarez actuó en legítima defensa durante el enfrentamiento con Díaz. Como planteo alternativo, pidió que se considerara un eventual exceso en esa figura, lo que hubiera implicado una calificación penal menos severa. Los letrados también cuestionaron distintos aspectos de las evaluaciones médicas y de las condiciones en las que se desarrolló el proceso. Sin embargo, el tribunal rechazó la postura absolutoria y dictó una condena por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El juicio estuvo marcado por las controversias vinculadas con la salud mental del músico y su capacidad para afrontar el proceso judicial. Las audiencias incluyeron testimonios de policías, médicos, peritos, vecinos, familiares y especialistas. Álvarez permaneció internado durante una parte del procedimiento y participó de algunas instancias mediante videollamada. En una de sus intervenciones finales cuestionó el pedido de pena de la Fiscalía y sostuvo que le había parecido excesivo. También manifestó que dejaba la decisión en manos del tribunal.

La investigación reconstruyó que el homicidio ocurrió después de un conflicto previo entre Álvarez y Díaz. Según la acusación fiscal, el músico disparó contra su vecino durante la madrugada del 12 de julio de 2018 y luego abandonó el lugar. La defensa presentó otra interpretación de lo sucedido y sostuvo que el cantante había reaccionado ante una situación de amenaza. Esa diferencia fue uno de los ejes centrales del debate judicial, que buscó determinar si existieron circunstancias que justificaran el uso del arma o si se trató de un ataque deliberado. La sentencia finalmente descartó la hipótesis de legítima defensa sostenida por los abogados del músico.

Con este veredicto, el tribunal puso fin a una etapa de un expediente que se extendió durante más de ocho años y que tuvo reiteradas demoras por las condiciones de salud del acusado y las discusiones procesales. Además de la condena por el homicidio, el músico fue absuelto del delito de portación ilegal de arma de fuego. La resolución abre ahora una nueva etapa en la situación judicial de Álvarez, que deberá cumplir los 12 años de prisión bajo la modalidad domiciliaria una vez que finalice su internación. El caso vuelve a poner en primer plano el debate sobre la responsabilidad penal, las condiciones de cumplimiento de las condenas y el lugar que ocupan las evaluaciones de salud mental dentro de los procesos judiciales.

Con ayuda de La Nueva Mañana

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