Franco Carbone, candidato a juez federal de Rosario, confirmó ante el Senado que existen investigaciones contra jefes de distintas fuerzas de seguridad por su presunta participación en el negocio de las drogas. También advirtió que la persecución penal no puede concentrarse solamente en los vendedores barriales, sino que debe avanzar sobre las organizaciones que financian y sostienen el narcotráfico.
El fiscal provincial Franco Carbone, actual responsable de la Unidad Fiscal de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, realizó fuertes declaraciones durante su exposición ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. En el marco de la defensa de su postulación para ocupar el Juzgado Federal de Garantías de Rosario, confirmó que existen investigaciones abiertas contra jefes policiales de distintas fuerzas por su presunta participación en actividades vinculadas al microtráfico de drogas.
La revelación surgió a partir de una pregunta del senador santafesino Marcelo Lewandowski, quien consultó sobre las denuncias que involucran a integrantes de las fuerzas de seguridad en el negocio de los estupefacientes. Carbone respondió que tiene a su cargo investigaciones actuales contra jefes policiales señalados como presuntos autores de delitos relacionados con el microtráfico. Además, confirmó que se realizaron allanamientos y que existen efectivos detenidos con prisión preventiva. El fiscal no identificó a los investigados ni precisó a qué fuerzas pertenecen.
“Para mí es muy saludable que el propio sistema sea quien depure esas acciones”, sostuvo Carbone al referirse a la necesidad de investigar a quienes, desde las instituciones encargadas de combatir el delito, podrían estar involucrados en las mismas actividades criminales. Sin embargo, también defendió el trabajo conjunto entre fiscales y policías, al señalar que los efectivos cumplen tareas territoriales mientras el Ministerio Público dirige la persecución penal. Sus declaraciones dejaron expuesto uno de los problemas más delicados de la seguridad santafesina: la posibilidad de que existan redes de protección institucional alrededor del negocio de las drogas.
Durante la audiencia, el funcionario también realizó un diagnóstico sobre las principales organizaciones criminales que marcaron la historia reciente de Rosario. Al ser consultado por la senadora Carolina Losada, identificó a Los Monos y a la banda encabezada por Esteban Alvarado como las dos grandes estructuras que protagonizaron buena parte de la disputa por el poder territorial y el control del negocio ilegal. Según explicó, alrededor de esas organizaciones también operaron distintas células criminales que desarrollaron actividades en diferentes barrios de la ciudad.
Carbone reivindicó el trabajo realizado en las investigaciones contra integrantes de esas bandas y destacó que algunas causas permitieron alcanzar a sus principales referentes. Desde su paso por la Fiscalía de Balaceras, creada en 2022, participó de expedientes destinados a reconstruir el funcionamiento de las organizaciones criminales, identificar a sus integrantes y establecer responsabilidades en los ataques armados. El fiscal sostuvo que hubo condenas contra jefes narcos y personas que administraban el negocio de la droga y ejercían dominio territorial.
Uno de los planteos más importantes de su exposición estuvo relacionado con los límites de la persecución del narcomenudeo. Carbone advirtió que las investigaciones no pueden agotarse en los vendedores callejeros mientras los grandes proveedores, financistas y responsables de las estructuras criminales permanecen fuera del alcance judicial. “Debemos cuidarnos de no ir fácilmente al último eslabón, que es captado por el sistema, sino que debemos avanzar en la estructura criminal”, afirmó. Para lograrlo, consideró indispensable profundizar la articulación entre la Justicia provincial y la federal.
El fiscal también aportó cifras sobre la dimensión del problema en Santa Fe. Según afirmó ante los senadores, el 60 por ciento de los homicidios y de los hechos más violentos de la provincia están vinculados con disputas por la comercialización de estupefacientes. Además, recordó que desde la creación de la Unidad Fiscal de Microtráfico, luego de que Santa Fe adhiriera en diciembre de 2023 al régimen de desfederalización parcial de la persecución del narcomenudeo, se concretó el derribo de 157 búnkeres utilizados para la venta de drogas.
En otro tramo de su exposición, Carbone repasó investigaciones relacionadas con los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Raúl Celentano, el colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich, ocurridos durante la crisis de seguridad de marzo de 2024. Según explicó, la investigación fue elevada a juicio oral y público y permitió reconstruir responsabilidades desde los ejecutores materiales hasta quienes habrían organizado los ataques. Su eventual designación como juez federal de Garantías se produciría en un escenario donde la coordinación entre jurisdicciones aparece como una herramienta central para investigar las redes superiores del narcotráfico y sus posibles vínculos con integrantes de las fuerzas de seguridad.
Fuente: Página/12



