El Senado aprobó el Tratado de Patentes impulsado por Milei y crece la preocupación por un posible aumento en los precios de los medicamentos

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La Cámara alta convirtió en ley la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que llevaba casi tres décadas pendiente y que fue reactivada por el Gobierno nacional. La votación terminó con 47 votos afirmativos y 22 negativos. Organizaciones sanitarias y representantes de la industria farmacéutica nacional advierten que el nuevo esquema podría favorecer a los grandes laboratorios multinacionales, reducir la competencia de los medicamentos genéricos y encarecer los tratamientos para millones de argentinos.

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una decisión que reabre el debate sobre el futuro de la industria farmacéutica nacional y el acceso de la población a los medicamentos. La iniciativa obtuvo 47 votos afirmativos y 22 negativos y fue impulsada nuevamente por la administración de Javier Milei, luego de permanecer durante casi tres décadas sin completar su trámite legislativo. La aprobación representa un avance dentro de la agenda de desregulación económica del Gobierno y genera preocupación entre organizaciones vinculadas al sistema sanitario, laboratorios nacionales y sectores de la oposición.

El tratado establece un mecanismo internacional que permite a los solicitantes gestionar la protección de sus invenciones mediante un procedimiento unificado de presentación de solicitudes de patentes en distintos países. Argentina había firmado el acuerdo en 1970 y el Senado le había otorgado aprobación en 1998, pero faltaba completar el trámite en la Cámara de Diputados. Casi treinta años después, el oficialismo retomó la iniciativa y consiguió su sanción definitiva. Desde el Gobierno sostienen que la adhesión permitirá armonizar el sistema argentino con los estándares internacionales y facilitar la llegada de inversiones e innovaciones tecnológicas.

La reactivación del proyecto estuvo vinculada también a las negociaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos. Según la información publicada, la iniciativa respondió a un pedido expreso del Gobierno estadounidense y se convirtió en uno de los objetivos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. La incorporación al tratado forma parte de una agenda más amplia de modificaciones en el régimen de propiedad intelectual y de las condiciones para la protección de innovaciones. Sin embargo, sus críticos advierten que los cambios pueden tener consecuencias importantes sobre la capacidad de producción de medicamentos a precios competitivos en el mercado argentino.

Uno de los principales focos de preocupación está relacionado con la competencia entre los laboratorios multinacionales y la industria farmacéutica nacional. Las cámaras empresariales CILFA y Cooperala habían manifestado reparos frente a determinados aspectos del tratado, al considerar que podían generar condiciones desfavorables para los fabricantes locales. Sus planteos fueron considerados durante las negociaciones y, según informó La Nueva Mañana, Cancillería y el Ministerio de Economía aceptaron dejar en reserva el capítulo 2 del acuerdo. Este punto resultaba especialmente sensible para los laboratorios argentinos, que advertían sobre los riesgos de ampliar las posibilidades de protección de patentes de compañías extranjeras en detrimento de la producción nacional.

Las organizaciones vinculadas al acceso a la salud también expresaron su rechazo. Desde la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) advirtieron que la adhesión al PCT podría debilitar los estándares de patentabilidad que Argentina sostuvo durante más de 14 años para proteger su sistema científico-tecnológico, su industria farmacéutica y el acceso de la población a medicamentos y vacunas. El planteo apunta a que un sistema de patentes más amplio puede dificultar la aparición de competidores que produzcan versiones genéricas de determinados medicamentos. Cuando disminuye la competencia, las empresas que poseen los derechos exclusivos pueden conservar durante más tiempo posiciones dominantes en el mercado, con consecuencias potenciales sobre los precios que pagan los pacientes y el sistema sanitario.

Otro de los puntos que genera controversia es el denominado evergreening, una práctica mediante la cual una compañía busca extender la protección comercial de un medicamento mediante nuevas patentes sobre modificaciones menores de productos que ya existen. Desde CILFA explicaron que estas protecciones pueden abarcar innovaciones que no necesariamente aportan mejoras terapéuticas significativas, pero que permiten preservar monopolios y obstaculizar durante años el ingreso de medicamentos competidores. Las guías de patentabilidad que tenía Argentina funcionaban como herramientas técnicas para evaluar las solicitudes y evitar que modificaciones menores fueran utilizadas para prolongar artificialmente la exclusividad comercial de un producto farmacéutico.

La discusión también se vincula con el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), firmado en febrero de 2026, que estableció compromisos relacionados con la eliminación de criterios restrictivos de patentabilidad y la adecuación del marco normativo argentino a estándares internacionales de protección. En ese contexto, se derogaron las guías de patentabilidad que orientaban el análisis técnico de las solicitudes y buscaban impedir el registro de innovaciones menores sin valor terapéutico comprobable. Para las organizaciones críticas, la combinación de estas modificaciones con la adhesión al tratado puede favorecer a las grandes corporaciones farmacéuticas y reducir el margen de intervención del Estado para garantizar condiciones de competencia y acceso a los tratamientos.

La sanción definitiva del PCT abre así un nuevo capítulo en la discusión sobre el modelo de desarrollo argentino, la soberanía sanitaria y el precio de los medicamentos. Mientras el Gobierno presenta la adhesión como una herramienta para modernizar el sistema de propiedad intelectual y atraer inversiones, los sectores críticos advierten que los cambios podrían debilitar a los laboratorios nacionales y trasladar mayores costos a pacientes, obras sociales, empresas de medicina prepaga y al sistema público de salud. El interrogante central será cómo se implementará el nuevo régimen y cuáles serán sus consecuencias concretas sobre la producción local, la competencia y el acceso de la población a medicamentos y vacunas.

Fuente: La Nueva Mañana

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