Los sindicatos aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba profundizarán sus acciones gremiales durante noviembre y exigen que el Gobierno provincial concrete la reducción de los aportes extraordinarios del 8% al 6%. Denuncian que Martín Llaryora incumple un compromiso anunciado para septiembre y cuestionan que la Provincia otorgue beneficios impositivos a determinados sectores mientras continúa el ajuste sobre los salarios de trabajadores estatales y los haberes jubilatorios.
Los gremios estatales aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba anunciaron que profundizarán las medidas de fuerza durante noviembre, en respuesta a lo que consideran un nuevo incumplimiento del Gobierno de Martín Llaryora. Las organizaciones sindicales reclaman que se haga efectiva la reducción de los aportes extraordinarios del 8% al 6%, una medida que había sido comprometida por la Provincia y que debía comenzar a implementarse durante septiembre. Sin embargo, aseguran que, pese al paso de los meses, todavía no existe una fecha concreta para que los trabajadores puedan percibir el alivio en sus salarios.
El reclamo está directamente relacionado con la Ley 11.087, denominada Ley de Equidad Jubilatoria, que modificó el esquema de financiamiento del sistema previsional cordobés y estableció mayores exigencias contributivas para determinados trabajadores activos. Desde su aprobación, la normativa generó un fuerte rechazo de distintas organizaciones sindicales, que cuestionan que el costo del déficit de la Caja de Jubilaciones recaiga sobre los salarios de quienes se encuentran en actividad y sobre los ingresos de los jubilados. Los gremios sostienen que la reducción anunciada del 8% al 6% constituye apenas un primer paso dentro de una demanda mucho más amplia: la derogación completa de la ley.
A través de un documento conjunto, las organizaciones expresaron su rechazo a la demora del Ejecutivo provincial y señalaron que la falta de implementación representa un incumplimiento hacia los trabajadores y sus representaciones sindicales. Según manifestaron, la reducción no constituye una concesión política del Gobierno, sino una obligación que debe concretarse a partir de los compromisos asumidos y de los pronunciamientos judiciales existentes. En ese sentido, reclamaron una respuesta administrativa inmediata y cuestionaron que no se haya informado oficialmente cuándo comenzará a aplicarse el nuevo porcentaje.
Otro de los puntos centrales de la denuncia sindical está vinculado con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Los gremios sostienen que el máximo tribunal provincial ya dispuso la reducción de la alícuota extraordinaria del 8% al 6% y planteó la necesidad de avanzar progresivamente en la disminución de estos aportes. Por ese motivo, consideran que la Provincia no solamente está demorando una decisión anunciada, sino que también está desconociendo los lineamientos establecidos por la Justicia. Para las organizaciones, mantener los descuentos sin una fecha cierta de modificación prolonga una carga económica que impacta directamente sobre los ingresos de miles de empleados públicos.
La controversia también se trasladó al terreno presupuestario y político. Los sindicatos cuestionaron que, durante la presentación de los principales lineamientos del Presupuesto provincial 2027, el Gobierno haya anunciado rebajas impositivas y beneficios fiscales para distintos sectores económicos, mientras continúa sin resolver el reclamo de los trabajadores estatales y jubilados. Desde el espacio gremial consideran contradictorio que la administración provincial presente medidas de alivio tributario para determinados contribuyentes, pero mantenga los descuentos extraordinarios sobre los salarios de quienes sostienen el funcionamiento de los servicios públicos.
Frente a este escenario, los sindicatos anticiparon que durante noviembre profundizarán la articulación de medidas gremiales conjuntas en diferentes dependencias y ámbitos del Poder Ejecutivo provincial. La decisión apunta a elevar la presión sobre el Gobierno y conseguir una fecha concreta para la implementación de la reducción comprometida. La estrategia contempla sostener el reclamo de manera coordinada entre las distintas organizaciones aportantes, con acciones que permitan visibilizar el conflicto y exigir respuestas institucionales. Los gremios advirtieron que no aceptarán nuevas postergaciones ni anuncios que no se traduzcan en modificaciones efectivas de los descuentos salariales.
El conflicto previsional cordobés lleva varios meses de enfrentamientos entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales. Los cuestionamientos a la Ley de Equidad Jubilatoria ya habían motivado movilizaciones, concentraciones frente a Tribunales, presentaciones judiciales colectivas y distintas actividades de protesta. En febrero de 2026, más de una veintena de organizaciones sindicales impulsaron un amparo colectivo contra la normativa, mientras que posteriormente los gremios mantuvieron acciones de visibilización y coordinación para exigir cambios en el sistema. El reclamo por la reducción de los aportes extraordinarios se convirtió así en uno de los principales puntos de una disputa que excede el porcentaje de los descuentos y pone en discusión el modelo previsional de la provincia.
Finalmente, las organizaciones sindicales ratificaron que mantendrán la unidad como herramienta central para sostener el reclamo y exigieron que el gobernador Martín Llaryora cumpla con lo anunciado. “No habrá más dilaciones ni anuncios sin cumplimiento: necesitamos una fecha cierta y la aplicación efectiva de la reducción”, expresaron en el documento difundido. La advertencia anticipa un noviembre de mayor conflictividad para la administración provincial, con los gremios dispuestos a intensificar sus acciones si no reciben una respuesta concreta. Mientras tanto, la discusión sobre quién debe afrontar el costo del déficit previsional continúa abierta y vuelve a colocar los salarios estatales y las jubilaciones en el centro de la disputa política cordobesa.
Fuente: La Nueva Mañana



