La legisladora del Frente Cívico exige que la iniciativa sea debatida en la Legislatura de Córdoba y denuncia que lleva un año sin avanzar. El proyecto propone capacitación obligatoria en los tres poderes del Estado para garantizar los derechos de las personas con autismo. La convocatoria de las familias vuelve a poner presión sobre el gobierno de Martín Llaryora.
La discusión por la denominada Ley Fede volvió a instalarse en el centro de la agenda política cordobesa. La legisladora provincial del Frente Cívico, Nancy Almada, confirmó que solicitará el tratamiento sobre tablas de la iniciativa durante la sesión de este miércoles 18 de noviembre en la Legislatura de Córdoba. El proyecto busca establecer una capacitación obligatoria y permanente para los agentes de los tres poderes del Estado en el abordaje de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La parlamentaria denunció que la propuesta permanece sin avanzar desde hace un año y cuestionó al oficialismo provincial por no haber cumplido, según su versión, el compromiso de habilitar su tratamiento.
En declaraciones al programa Ahora Noticias, de SRT Media, Almada explicó que la iniciativa había sido presentada hace aproximadamente un año y que durante los últimos meses se intensificaron los reclamos para conseguir su debate legislativo. Según relató, después de varios pedidos se había acordado que el proyecto llegaría al recinto el 18 de noviembre, pero el oficialismo no habría convocado a las comisiones para avanzar con su discusión. Frente a esa situación, anunció que pedirá que la Cámara se constituya en comisión para abordar la propuesta y habilitar su tratamiento. “Nos vemos obligados a cumplir con las familias”, sostuvo, al justificar la decisión de llevar el reclamo directamente al recinto.
La Ley Fede tiene un origen profundamente doloroso: la muerte de Federico Almada, sobrino de la legisladora, un joven de 25 años con autismo que falleció en una residencia de Valle Hermoso. Según el relato de su familia, Federico fue dejado solo, encerrado y atado de pies y manos, en circunstancias que terminaron con su vida. El caso puso en discusión las condiciones de cuidado, la capacitación del personal y los mecanismos de control sobre las instituciones que alojan a personas con discapacidad. Para Nancy Almada, aquella tragedia expuso las consecuencias que puede tener la falta de conocimientos y herramientas adecuadas para acompañar a personas dentro del espectro autista.
La propuesta busca establecer una política pública integral que garantice formación, concientización y un abordaje respetuoso de la diversidad neurocognitiva. Su alcance comprende a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de organismos públicos, fuerzas de seguridad, servicios de salud, establecimientos educativos y otras instituciones que mantienen contacto con la ciudadanía. También contempla a empresas y entidades privadas que brindan atención al público. El objetivo es que quienes trabajan en esos espacios cuenten con herramientas para comprender las particularidades del autismo, evitar situaciones de discriminación y garantizar un trato digno, accesible y respetuoso de los derechos de cada persona.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la capacitación de los trabajadores de las áreas de Salud y Seguridad. La iniciativa apunta a evitar que situaciones de crisis, desregulación o hipersensibilidad sensorial sean interpretadas equivocadamente como conductas violentas o desafiantes. Una intervención inadecuada puede agravar una situación que requiere comprensión, acompañamiento y conocimiento específico. La propuesta también incorpora la formación en el ámbito educativo, con contenidos y actividades que permitan construir entornos de aprendizaje más inclusivos. En definitiva, plantea que el conocimiento sobre el autismo no debe depender de la voluntad individual de cada trabajador, sino formar parte de una política institucional sostenida.
Almada también rechazó que las dificultades presupuestarias puedan utilizarse como argumento para demorar la aprobación de la ley. Según explicó, el proyecto fue trabajado para que su implementación no implique un gasto adicional significativo para el Gobierno provincial, ya que propone aprovechar estructuras y recursos existentes. La legisladora mencionó que circulaban versiones extraoficiales vinculadas al presupuesto y a cuestiones de agenda, pero insistió en que esas razones no justifican mantener la iniciativa sin tratamiento. En ese sentido, consideró que el principal obstáculo es una falta de decisión política y reclamó que las diferencias entre oficialismo y oposición no terminen perjudicando a las familias que esperan una respuesta del Estado.
La convocatoria de este miércoles también tendrá un componente social. Almada llamó a las familias de personas con autismo y a quienes acompañan la iniciativa a concentrarse a las 14 frente a la Legislatura provincial para respaldar el pedido de tratamiento. En ese contexto, dirigió un mensaje a la vicegobernadora y presidenta de la Unicameral, Myrian Prunotto, y a los legisladores del oficialismo encabezado por Martín Llaryora. Les pidió que no se obstaculice el ingreso de las familias ni se coloquen vallas que puedan generar situaciones de tensión entre manifestantes y fuerzas policiales. El reclamo busca que la presencia de los familiares sea respetada y que puedan acompañar de manera pacífica el debate de una iniciativa que consideran fundamental.
La Ley Fede ya había comenzado a ser analizada en comisiones de la Legislatura en agosto de 2026, bajo el expediente 43566, con la participación de Nancy Almada, Inés Contrera y el bloque del Frente Cívico. Sin embargo, el avance de la discusión no se tradujo hasta ahora en su sanción. La jornada de este 18 de noviembre representa una nueva instancia para determinar si la Cámara habilita el debate y qué posición adoptará el oficialismo. Detrás de la disputa parlamentaria hay una demanda que trasciende las diferencias partidarias: que el Estado cuente con herramientas para proteger a las personas con autismo y acompañar a sus familias. Como planteó Almada, la ley no busca reparar lo ocurrido con Federico, sino evitar que otras familias atraviesen una tragedia semejante.
Fuente: CBA24



