El presidente chileno José Antonio Kast debió retroceder frente a la presión de los pequeños y medianos transportistas, que paralizaron parcialmente las principales rutas del país durante tres días por el aumento del precio de los combustibles. El Gobierno terminó acordando una rebaja de 142 pesos por litro de diésel y el congelamiento de nuevas subas hasta marzo de 2027. El conflicto representó la primera gran prueba de fuego para una administración que había hecho del orden público uno de sus principales ejes políticos.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, atravesó su primera gran crisis política y social desde que asumió el poder el 11 de marzo de 2026. Un paro de pequeños y medianos camioneros, que se extendió durante tres días y provocó bloqueos parciales en distintas rutas del país, obligó al Ejecutivo a modificar reiteradamente sus propuestas hasta alcanzar un acuerdo con los sectores movilizados. La protesta tuvo como principal detonante el fuerte incremento de los combustibles y dejó en evidencia las dificultades del nuevo Gobierno para responder a un conflicto que rápidamente adquirió dimensión nacional.
El origen del reclamo estuvo en el encarecimiento sostenido del diésel, combustible fundamental para el transporte de mercancías y pasajeros. Según los transportistas, desde marzo los aumentos acumularon alrededor de 580 pesos chilenos por litro, mientras que las tarifas de los fletes no se actualizaron al mismo ritmo. La situación golpeó especialmente a los pequeños y medianos propietarios de camiones, que denunciaron una reducción de sus márgenes de rentabilidad y dificultades para sostener los costos operativos. A los combustibles se sumaron los reclamos por los peajes, el TAG, los impuestos específicos y la falta de mecanismos para trasladar los incrementos a los precios de los servicios.
Las primeras manifestaciones comenzaron el lunes 9 de noviembre en localidades como Los Ángeles, Osorno y Curicó. Posteriormente, la protesta se extendió hacia diferentes regiones y alcanzó puntos estratégicos de la Ruta 5 Norte y Sur, la Ruta 68 y los accesos a instalaciones portuarias. Al reclamo de los camioneros se incorporaron agrupaciones de taxistas, colectiveros, buses interurbanos y otros sectores vinculados al transporte. La paralización generó dificultades en la circulación y en el movimiento de mercancías, una situación especialmente sensible para Chile, donde el transporte terrestre tiene un papel central en la distribución de productos a lo largo del territorio.
La respuesta inicial del Gobierno fue considerada insuficiente por los manifestantes. La primera propuesta de La Moneda consistió en limitar a 20 pesos por litro las futuras subas de los combustibles durante un período de 90 días, pero la iniciativa no contemplaba una reducción inmediata de los precios que ya estaban pagando los transportistas. Ante el rechazo, el Ejecutivo presentó una segunda oferta que incluía revertir los últimos incrementos y congelar los valores hasta febrero de 2027. Sin embargo, las organizaciones movilizadas mantuvieron los bloqueos y exigieron mayores concesiones, entre ellas un congelamiento de 120 días y modificaciones en la estructura impositiva de los carburantes.
En medio de las negociaciones, Kast endureció su discurso público y cuestionó los cortes de rutas. «¿Derecho a manifestarse? Sí. ¿Derecho a bloquear carreteras? No», sostuvo el mandatario, al tiempo que su administración advirtió sobre la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado para despejar los caminos. El Presidente también apeló al recuerdo del estallido social de octubre de 2019, cuando Chile atravesó una profunda crisis institucional y social. «No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación», expresó. Sin embargo, mientras el mandatario intentaba imponer una posición de firmeza frente a los manifestantes, sus ministros continuaban negociando una salida al conflicto.
Finalmente, después de tres días de protestas, el Gobierno aceptó una propuesta considerablemente más amplia que la presentada inicialmente. El acuerdo alcanzado con la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro-Sur contempló revertir el último aumento de 42 pesos por litro de diésel y aplicar una reducción adicional de otros 100 pesos. De esta manera, la rebaja total quedó establecida en 142 pesos por litro respecto del valor vigente al 12 de noviembre. Además, se acordó congelar nuevas subas de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, aunque los precios podrán disminuir si se producen bajas en los mercados internacionales.
El entendimiento también incluyó beneficios tributarios para el sector. Se incrementarán los porcentajes de devolución del impuesto específico al diésel, con reintegros de hasta el 90% para los transportistas más pequeños y porcentajes diferenciados para los segmentos de mayor facturación. Asimismo, los buses interurbanos obtendrán un aumento en la devolución de los peajes, que pasará del 35% al 70%. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estimó que el conjunto de las medidas tendrá un costo fiscal cercano a los 500 millones de dólares entre 2026 y 2027. Si bien las principales organizaciones que participaron de la negociación aceptaron levantar la protesta, otros grupos independientes rechazaron inicialmente el acuerdo y anunciaron que continuarían con medidas en distintas localidades.
El conflicto dejó consecuencias políticas para una administración que había construido buena parte de su identidad alrededor del orden, la autoridad y la reducción de la conflictividad social. La capacidad de presión de los transportistas obligó al Ejecutivo a pasar de una propuesta que limitaba futuras subas a una reducción directa del precio del diésel y mayores beneficios económicos. Además, la crisis coincidió con un escenario de deterioro de la imagen presidencial. Según la encuesta Criteria difundida el 15 de noviembre, la aprobación de Kast cayó al 18%, mientras que su desaprobación llegó al 72%. El mismo relevamiento indicó que el 80% de los consultados respaldaba el paro y que el 88% consideraba justificadas las demandas de los camioneros.
La primera gran prueba de fuego de Kast dejó así una señal sobre los límites de su proyecto político y económico. Un sector productivo que no encontraba respuestas frente al aumento de sus costos consiguió, mediante la organización y la presión colectiva, que el Gobierno modificara sustancialmente su posición. La crisis también reabrió el debate sobre el papel del Estado en la regulación de los combustibles y la protección de las actividades económicas frente a los aumentos internacionales. Para un Presidente que llegó al poder prometiendo orden y estabilidad, el episodio demuestra que las demandas sociales y laborales no desaparecen mediante discursos de autoridad: requieren respuestas concretas sobre el bolsillo, el trabajo y las condiciones de vida de la población.
Fuente: Política Argentina.



