La empresa cerró su establecimiento industrial en la provincia de San Luis y dejó sin empleo a unos 60 trabajadores. El conflicto se profundiza por la intención empresarial de abonar solo la mitad de las indemnizaciones, una situación que vuelve a poner en el centro del debate el impacto de la crisis industrial sobre el empleo y los derechos laborales.
Una decisión que sorprendió a los trabajadores
El cierre se conoció el martes 10 de noviembre, cuando los empleados llegaron a la fábrica de Justo Daract para comenzar su jornada laboral y se encontraron con la notificación del cese de actividades. La medida alcanzó a toda la plantilla: 61 trabajadores, entre operarios de producción y personal administrativo, que quedaron desvinculados de manera repentina.
La planta se dedicaba a fabricar discos abrasivos, utilizados principalmente en tareas de corte, lijado y pulido, con destino a sectores como la minería, la metalurgia y la construcción. Había comenzado a funcionar bajo la órbita de Stanley Black & Decker en 2013, luego de una inversión de aproximadamente 100 millones de dólares, con el objetivo de producir localmente y abastecer también a mercados de la región. Página|12+1
Según los trabajadores y el sindicato, la comunicación del cierre fue intempestiva. La llegada de personal de seguridad privada, abogados y representantes de Recursos Humanos terminó de confirmar que la producción no continuaría. Frente a ese escenario, los empleados resolvieron permanecer dentro del establecimiento en una medida pacífica, con el objetivo de resguardar las instalaciones y exigir garantías sobre el pago de sus indemnizaciones. motoreconomico.com.ar+1
El conflicto por el pago de las indemnizaciones
El principal punto de tensión entre la empresa y los trabajadores es la liquidación de los despidos. La compañía pretende encuadrar las desvinculaciones bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla el pago de una indemnización reducida al 50% cuando existe fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, debidamente justificada.
Desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), en cambio, rechazan esa interpretación y reclaman el pago completo, conforme al artículo 245. El gremio sostiene que la empresa no acreditó las condiciones necesarias para aplicar una reducción de esa naturaleza y cuestiona que haya avanzado con el cierre sin haber agotado previamente las instancias correspondientes.
El secretario general de AOMA San Luis, Leandro Pérez, expresó que los trabajadores no abandonarán el predio hasta contar con garantías concretas de cobro. La organización sindical lleva adelante gestiones ante las autoridades laborales y sostiene que no existe justificación para que los empleados reciban solamente la mitad de lo que consideran que les corresponde. gremialesdelsur.com.ar+2
La explicación de la empresa y el impacto de las importaciones
Stanley Black & Decker justificó la decisión a partir de una revisión de sus operaciones y de los cambios en las condiciones del mercado argentino. La compañía sostuvo que evaluó la eficiencia y la sostenibilidad de la planta antes de resolver el cierre, al que calificó como una decisión difícil e inevitable.
Distintos informes periodísticos señalaron que entre los factores que habrían incidido aparecen la competencia de productos importados, especialmente de origen chino, la pérdida de competitividad y las dificultades para sostener las ventas en mercados regionales como Brasil. También se mencionó la contracción de sectores vinculados a la demanda de discos abrasivos, particularmente la construcción y la actividad industrial. LA NACION+2
La multinacional, sin embargo, aclaró que el cierre de Justo Daract no significa su salida del país. Aseguró que continuará operando comercialmente en Argentina y mantendrá sus vínculos con distribuidores, socios y clientes. La empresa también cuenta con otra planta en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, que seguirá funcionando. LA NACION+1
Un nuevo golpe al empleo industrial
La decisión representa un impacto que excede a los trabajadores despedidos. La fábrica había sido una fuente de empleo para numerosas familias de Justo Daract y localidades cercanas, y su cierre afecta también al movimiento económico de la zona, que pierde una unidad productiva con más de una década de actividad.
El caso vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias de la apertura de importaciones y la pérdida de competitividad de determinados sectores industriales. La discusión no se limita a la continuidad de una empresa: también involucra el destino de la producción nacional, la capacidad de las fábricas locales para sostenerse frente a la competencia externa y el futuro de los puestos de trabajo.
Mientras la compañía sostiene que tomó la decisión para garantizar la sostenibilidad de sus operaciones, los trabajadores reclaman que el cierre no se traduzca en una reducción de sus derechos laborales. Por ahora, el conflicto sigue abierto y la disputa por las indemnizaciones se convirtió en el eje de una pelea que mantiene en vilo a 61 familias de San Luis.
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