Cristian Miguel Rivaldi, efectivo de la Policía Federal, será juzgado por haber rociado con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro y a su madre durante una movilización en defensa de los jubilados, el 11 de septiembre de 2024. Está acusado de abuso de autoridad y lesiones leves. Las imágenes del operativo y las pericias médicas forman parte de las pruebas centrales de la causa.
El caso de Fabrizia Pegoraro vuelve a ocupar el centro de la escena judicial. Este miércoles 11 de noviembre comenzó el juicio contra Cristian Miguel Rivaldi, integrante de la Policía Federal Argentina, acusado de haber utilizado gas pimienta contra una niña de diez años y su madre durante una manifestación frente al Congreso de la Nación. El proceso está a cargo del juez federal Daniel Rafecas y constituye una instancia clave para determinar las responsabilidades individuales por un episodio que generó una fuerte conmoción pública y cuestionamientos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.
Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2024, durante una movilización de jubilados y organizaciones sociales que reclamaban frente al Congreso. En medio del operativo de las fuerzas federales para despejar la avenida Rivadavia, Fabrizia y su madre, Carla Mariana Pegoraro, permanecían sentadas sobre el asfalto cuando fueron alcanzadas por el gas irritante. Según la reconstrucción de la acusación, ambas estaban de espaldas a los efectivos y no representaban una amenaza ni ofrecían resistencia al procedimiento policial.
El efectivo acusado es Cristian Miguel Rivaldi, quien se desempeñaba en la División de Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD) de la Policía Federal. La Fiscalía sostiene que utilizó el aerosol disuasivo de manera deliberada, a corta distancia y sin que existiera una situación que justificara su empleo contra las víctimas. El fiscal federal Eduardo Taiano consideró que el accionar fue desmedido e injustificado y solicitó que el policía responda por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves.
Una de las pruebas centrales del expediente son los registros audiovisuales del operativo. Las imágenes permitieron identificar al agente y reconstruir el momento en que accionó el dispositivo contra las mujeres. Para el fiscal Taiano, esos registros contradicen la versión del policía, quien durante la investigación aseguró que no había advertido la presencia de la niña. La acusación sostiene que Rivaldi tenía una visibilidad suficiente del entorno y que las grabaciones muestran que apuntó y utilizó el gas contra las personas que se encontraban sentadas en el suelo.
La documentación médica también forma parte de las pruebas. Fabrizia fue atendida en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde recibió un diagnóstico de conjuntivitis química como consecuencia de la exposición al gas. Su madre declaró que ambas sufrieron irritación ocular, dolores de cabeza y otras molestias después del episodio. El testimonio de Carla Pegoraro reconstruyó además la desesperación de aquel momento, cuando otras personas presentes en la movilización intentaron auxiliarlas para aliviar los efectos del producto químico.
Durante la instrucción, Rivaldi negó haber gaseado a una menor y sostuvo que había recibido órdenes de avanzar para liberar la calle. También planteó que el gas podría haber sido arrojado por una persona ajena a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el fiscal Taiano rechazó esa explicación al considerar que no encontraba respaldo en los registros audiovisuales incorporados al expediente. La defensa, por su parte, ofreció dos integrantes de las fuerzas de seguridad como testigos para sostener su posición durante el debate.
La causa también pone bajo análisis las normas que regulan el uso de armas no letales por parte de las fuerzas federales. El protocolo de actuación establece que los efectivos deben emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente, graduada de acuerdo con la resistencia y el nivel de amenaza existente. Además, exige especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Para la Fiscalía, el accionar atribuido a Rivaldi se apartó de esas disposiciones porque Fabrizia y su madre no estaban agrediendo a los policías ni participando de situaciones de violencia.
El abogado Gregorio Dalbón representa a Fabrizia y a su madre como querellantes y adelantó que reclamará una condena y la inhabilitación del efectivo. El juicio se desarrolla en una sola jornada, con la incorporación de pericias y la declaración de testigos propuestos por la defensa, por lo que se esperaba que el juez Rafecas pudiera dictar sentencia durante el mismo día. El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión fundamental: los límites del uso de la fuerza estatal y la responsabilidad de los funcionarios cuando un operativo de seguridad alcanza a personas que no representan una amenaza, especialmente cuando entre ellas hay niñas y niños.
Fuente: Página/12,
