Después de encabezar una multitudinaria misa en Córdoba, el papa León XIV mantuvo un encuentro privado con representantes de organizaciones sociales y barrios populares. Durante la reunión, una delegación de aproximadamente 20 referentes le entregó una carta en la que denunció el desfinanciamiento de las políticas de integración sociourbana, la paralización de obras de infraestructura y las dificultades que atraviesan millones de personas para acceder a la vivienda y los servicios básicos. Débora Koraj, referente del barrio 12 de Septiembre e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fue una de las encargadas de transmitir el reclamo.
La visita del papa León XIV a Córdoba tuvo un capítulo que trascendió la celebración religiosa y puso en primer plano la realidad social de los sectores más postergados de la Argentina. El martes 10 de noviembre, después de encabezar una multitudinaria misa en la capital provincial, el Pontífice recibió en un encuentro privado a representantes de barrios populares y organizaciones sociales que le acercaron un documento con las principales preocupaciones de sus comunidades. La reunión permitió trasladar directamente al jefe de la Iglesia católica las consecuencias que, según denunciaron los referentes, está teniendo el desfinanciamiento de las políticas públicas destinadas a la integración sociourbana. La audiencia reunió a unos 20 representantes de distintos sectores populares y se convirtió en una instancia de visibilización de reclamos vinculados con el acceso a derechos fundamentales.
Entre las participantes se destacó Débora Koraj, presidenta del barrio popular 12 de Septiembre de Córdoba e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien entregó una carta en representación de la Mesa Nacional de Barrios Populares. El documento expuso las dificultades que atraviesan las familias para acceder a viviendas dignas, agua potable, cloacas, infraestructura urbana y oportunidades laborales. La dirigente transmitió al Papa que detrás de cada obra paralizada existen familias que continúan esperando soluciones concretas para problemas cotidianos que afectan su salud, su seguridad y sus posibilidades de desarrollo. También explicó el trabajo que realizan las organizaciones comunitarias para sostener la vida en los barrios, acompañar a las familias y generar alternativas de empleo frente a un escenario económico cada vez más complejo.
Uno de los datos más preocupantes presentados durante el encuentro fue la existencia de más de 700 obras de integración sociourbana paralizadas en distintos puntos del país. A ese escenario se suma, según las cifras difundidas por las organizaciones, la interrupción de aproximadamente 11.000 intervenciones vinculadas al programa Mi Pieza, destinado a mejorar las condiciones habitacionales de mujeres que viven en barrios populares, y la existencia de más de 98.000 certificados de vivienda pendientes. Los números reflejan la dimensión de una problemática que no se limita a la construcción de infraestructura, sino que involucra cuestiones esenciales como el acceso al agua potable, las redes cloacales, la electricidad, la apertura de calles y el mejoramiento de viviendas. Para las organizaciones, el freno de estas iniciativas representa un retroceso en procesos de integración que llevaron años de organización comunitaria y articulación institucional.
El reclamo tiene como antecedente el proceso de reconocimiento de los barrios populares impulsado a partir del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), una herramienta construida mediante el trabajo conjunto de organizaciones sociales, comunidades y sectores de la Iglesia. El relevamiento permitió identificar miles de barrios en los que viven alrededor de cinco millones de personas en todo el territorio argentino. Posteriormente, la Ley 27.453 estableció un marco legal para avanzar en la integración sociourbana y reconocer el acceso al hábitat digno como una cuestión de interés público. Ese proceso permitió desarrollar políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de comunidades históricamente postergadas. Sin embargo, los referentes sostienen que desde diciembre de 2023 se produjo un fuerte desfinanciamiento de estas iniciativas, dejando numerosos proyectos inconclusos y a miles de familias sin respuestas.
La situación del barrio 12 de Septiembre, del que Koraj es presidenta, representa una muestra concreta de las consecuencias que puede tener la interrupción de estas políticas. La comunidad comenzó a organizarse en 2014 para avanzar en el acceso a la tierra, la vivienda y los servicios esenciales. A partir del esfuerzo colectivo, los vecinos fueron construyendo un espacio de pertenencia y organización comunitaria, aunque todavía existen necesidades estructurales sin resolver. La dirigente describió una realidad en la que las obras de infraestructura inconclusas dejan cañerías sin conectar, calles en condiciones precarias y proyectos de saneamiento que no llegan a completarse. No se trata solamente de estadísticas o expedientes administrativos: son problemas que impactan directamente en la vida de quienes deben convivir diariamente con la falta de servicios básicos y condiciones adecuadas de habitabilidad.
Durante el encuentro, Koraj también reivindicó el papel de las organizaciones sociales y de los trabajadores de la economía popular en la construcción cotidiana de comunidad. Comedores, merenderos, cooperativas, cuadrillas de trabajo y espacios de acompañamiento territorial cumplen funciones fundamentales en lugares donde las respuestas estatales resultan insuficientes. La dirigente destacó que los vecinos no permanecen esperando soluciones de manera pasiva, sino que se organizan para cuidar a sus comunidades, acompañar a las familias y generar trabajo digno. En ese marco, la audiencia con León XIV tuvo un significado que excedió el gesto protocolar: permitió que las voces de quienes viven en los barrios populares llegaran directamente a una autoridad religiosa que, durante su visita a la Argentina, había colocado la dignidad humana y la justicia social entre los ejes centrales de su mensaje.
La consigna de las tres T —Tierra, Techo y Trabajo— atravesó buena parte del intercambio y volvió a ocupar un lugar destacado en la relación entre la Iglesia y los movimientos populares. Se trata de una bandera que el papa Francisco convirtió en una referencia internacional para expresar las demandas de los sectores excluidos y que León XIV también recuperó durante sus intervenciones públicas en la Argentina. Para las organizaciones sociales, esos tres conceptos representan derechos fundamentales que deben garantizarse mediante políticas concretas y no quedar reducidos a declaraciones de buenas intenciones. La referencia adquiere una dimensión particular en un contexto de dificultades económicas, crecimiento de las necesidades sociales y discusión sobre el papel del Estado en la garantía de derechos. Los referentes señalaron que el acompañamiento de la Iglesia constituye una fuente de esperanza para continuar sosteniendo sus reclamos y evitar que las problemáticas de los barrios queden fuera de la agenda pública.
La reunión dejó una imagen significativa de la visita papal a Córdoba: mientras miles de personas participaban de una celebración religiosa multitudinaria, representantes de comunidades populares lograban acercar al Pontífice una descripción directa de las dificultades que atraviesan sus territorios. Koraj expresó que sintió que las organizaciones y sus comunidades estaban siendo escuchadas, y manifestó su expectativa de que ese mismo compromiso pueda traducirse también en respuestas de las autoridades nacionales. Más allá del valor simbólico de la audiencia, el reclamo plantea una discusión concreta sobre el futuro de las políticas de integración sociourbana, la continuidad de las obras y la responsabilidad del Estado frente a millones de personas que todavía esperan condiciones dignas para vivir. La visita de León XIV dejó así una pregunta que excede las fronteras de la Iglesia: qué lugar ocupa la vida de los sectores más vulnerables en las prioridades de un país y qué decisiones políticas se necesitan para que Tierra, Techo y Trabajo sean derechos efectivos y no solamente consignas.
Fuente: Filo News
