Gustavo Sáenz promete convertir la expansión minera en empleo, infraestructura y desarrollo para Salta. Sin embargo, un informe del IERAL reveló que, pese a que la actividad explicó el 44% de las exportaciones provinciales durante 2025, las regalías mineras representaron apenas el 0,2% de los ingresos totales del Estado salteño. El desafío es transformar la riqueza extraída del territorio en beneficios concretos para sus habitantes.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a presentar a la minería como una oportunidad histórica para el desarrollo económico de la provincia. Durante una exposición sobre federalismo minero organizada por la Universidad Austral y la Caja de Abogados de Salta, sostuvo que el territorio cuenta con recursos estratégicos que tienen una demanda creciente en el mercado internacional. Sin embargo, también reconoció que el desafío consiste en evitar que las inversiones se limiten a extraer minerales y exportarlos, sin generar transformaciones profundas en las comunidades donde se desarrolla la actividad. “Las provincias tenemos la responsabilidad de que aquellos que vengan no lo hagan con esa lógica extractiva y nada más”, afirmó.
El planteo del mandatario se enfrenta con un dato que expone los límites de la distribución de la riqueza minera. Según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, durante 2025 la minería explicó el 44% de las exportaciones salteñas, pero las regalías provenientes de esa actividad representaron solamente el 0,2% de los ingresos totales de la provincia. La diferencia entre el peso exportador del sector y su aporte directo a las cuentas públicas instala un interrogante sobre cuánto de la riqueza generada queda efectivamente en el territorio.
El informe también analizó la relación entre las regalías mineras y la inversión pública provincial. Entre 2023 y 2025, esos recursos permitieron financiar entre el 1% y el 5% de la inversión pública de Salta, considerando la inversión real directa y las transferencias de capital. Además, la participación de la inversión pública en los ingresos provinciales pasó del 8% en 2023 al 6% en 2025. Estos indicadores muestran que, pese al crecimiento de la actividad minera, las regalías no constituyen una fuente de financiamiento suficiente para sostener por sí solas las obras y las inversiones que demanda la expansión del sector.
De todos modos, el 0,2% no representa la totalidad de los recursos fiscales que genera la minería. La medición del IERAL se refiere específicamente a las regalías y no incorpora otros tributos, como el Impuesto a las Actividades Económicas, el Impuesto de Sellos, las tasas municipales ni los efectos indirectos sobre proveedores, contratistas y trabajadores. La distinción es importante para evitar interpretaciones equivocadas, aunque no modifica el problema de fondo: si la minería ocupa un lugar central en las exportaciones provinciales, resulta necesario conocer con precisión cuánto recauda el Estado y cómo se distribuyen los beneficios económicos de esa actividad.
Sáenz también reclamó que las inversiones prioricen la contratación de trabajadores y proveedores locales. “La mano de obra tiene que ser de Salta, de Catamarca, de Jujuy y del lugar donde vienen a trabajar aquellos que invierten”, sostuvo. El objetivo es que la actividad no funcione como un enclave económico aislado, sino que impulse otras ramas productivas, desde el transporte y la construcción hasta los servicios profesionales y el abastecimiento industrial. Sin embargo, para evaluar el cumplimiento de esa promesa hacen falta datos concretos sobre cuántos trabajadores son efectivamente residentes de la provincia, qué porcentaje de las compras se realiza a empresas locales y qué calidad y estabilidad tienen los empleos generados.
Una de las principales apuestas de Salta es Taca Taca, el proyecto de cobre de la empresa First Quantum Minerals ubicado en la Puna. La iniciativa contempla una inversión estimada de hasta 5.250 millones de dólares y una producción promedio proyectada de 291.000 toneladas anuales de cobre durante sus primeros diez años de operación, además de oro y molibdeno. Según las proyecciones de la compañía, la etapa de construcción podría generar hasta 5.000 puestos de trabajo y la operación posterior superaría los 2.000 empleos directos. Son estimaciones empresariales y no puestos ya creados, pero permiten dimensionar las expectativas económicas que el proyecto despierta en la provincia.
La iniciativa también deberá atravesar las instancias de evaluación ambiental y social. La audiencia pública sobre el Informe de Impacto Ambiental y Social fue convocada para el 12 de noviembre de 2026, a las 15, en el Polideportivo Municipal de Tolar Grande. Ese procedimiento permitirá que la población y los sectores interesados presenten observaciones sobre el emprendimiento, aunque no significa por sí mismo que exista una autorización definitiva para comenzar las obras. Entre los aspectos que deberán analizarse se encuentran las necesidades de agua y energía, la infraestructura requerida, los efectos sobre el territorio y las condiciones de participación de las comunidades. La empresa, además, prevé solicitar la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) una vez que obtenga el aval ambiental correspondiente.
El gobernador vinculó el desarrollo minero con la necesidad de recuperar ramales ferroviarios, mejorar las rutas y fortalecer la conexión con los mercados internacionales a través de la ruta nacional 51 y los corredores hacia el Pacífico. También reclamó una distribución más equitativa de los recursos nacionales y volvió a plantear la discusión sobre la coparticipación federal. La infraestructura es una condición central para reducir los costos logísticos y ampliar las oportunidades productivas, pero requiere inversiones sostenidas y acuerdos entre Nación, provincias y empresas. En un escenario de restricciones presupuestarias y menor participación de la obra pública nacional, la posibilidad de concretar esas obras se convierte en otro de los desafíos del modelo minero que promueve Salta.
La discusión que atraviesa el crecimiento minero salteño no se resuelve solamente con anuncios de inversiones, récords exportadores o proyecciones de empleo. También exige transparencia sobre la recaudación, controles ambientales, contratación de trabajadores locales, desarrollo de proveedores y una distribución de los ingresos que alcance a las comunidades cercanas a los yacimientos. Si la minería representa el 44% de las exportaciones provinciales, pero las regalías apenas equivalen al 0,2% de los ingresos públicos, el interrogante sobre el destino de esa riqueza seguirá abierto. La promesa de desarrollo que plantea Sáenz deberá medirse, en definitiva, por las mejoras concretas que la actividad deje en Salta y no solamente por el volumen de minerales que salga de sus tierras.
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