El diputado nacional Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para incorporar expresamente el delito de «crimen de agresión» a la legislación penal argentina. La iniciativa propone penas de entre 8 y 25 años de prisión para los máximos responsables de ataques armados contra otros países y establece que tanto la acción penal como las condenas sean imprescriptibles.
Un proyecto de reforma del Código Penal y de la legislación vinculada a la Corte Penal Internacional comenzó a tomar impulso en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa, presentada por el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, propone incorporar de manera expresa la figura del «crimen de agresión» al ordenamiento jurídico argentino. El objetivo es establecer responsabilidades penales para quienes, desde las máximas estructuras de conducción política o militar de un Estado, planifiquen, preparen, inicien o ejecuten ataques armados contra otro país.
La propuesta contempla una escala de penas de entre ocho y veinticinco años de prisión para quienes sean encontrados responsables de este tipo de delitos. Además, establece que tanto la acción penal como las condenas sean imprescriptibles. Esto significa que las investigaciones y las eventuales sanciones no quedarían limitadas por el paso del tiempo. El proyecto apunta especialmente a quienes tengan capacidad efectiva para controlar o dirigir las decisiones políticas y militares de un Estado, evitando que la responsabilidad recaiga automáticamente sobre cualquier funcionario o integrante de las fuerzas armadas.
Entre las conductas que podrían quedar comprendidas dentro de esta figura se encuentran la invasión del territorio de otro país, los bombardeos, los bloqueos de puertos y los ataques contra fuerzas armadas extranjeras. También contempla otras formas de utilización ilegítima de la fuerza, siempre que alcancen la gravedad y escala necesarias para constituir una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. La iniciativa busca establecer criterios concretos para diferenciar los actos de agresión internacional de otros conflictos o incidentes que no necesariamente configuran este delito.
Uno de los fundamentos centrales de la reforma es completar la incorporación al derecho argentino de las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Argentina ratificó esas modificaciones en 2017, pero el impulsor del proyecto considera necesario avanzar en una adecuación de la legislación nacional para establecer con mayor precisión las conductas alcanzadas y las sanciones correspondientes. De esta manera, se busca que los compromisos internacionales asumidos por el país tengan una aplicación efectiva dentro de su propio sistema judicial.
Gutiérrez sostuvo que la Argentina debe contar con herramientas legales que permitan investigar y sancionar a los dirigentes responsables de ordenar agresiones militares contra otros Estados. En ese sentido, remarcó que la firma de tratados internacionales debe estar acompañada por normas internas que permitan hacerlos cumplir. Según explicó el legislador, el objetivo es que las decisiones de quienes tienen poder para ordenar el uso de la fuerza militar no queden fuera del alcance de la Justicia cuando impliquen violaciones graves del derecho internacional.
Otro aspecto relevante de la propuesta es que la Justicia argentina podría investigar y juzgar estos hechos sin necesidad de contar previamente con una determinación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la existencia de un acto de agresión. Este punto busca evitar que las investigaciones judiciales dependan exclusivamente de decisiones políticas adoptadas en organismos internacionales. Al mismo tiempo, el proyecto mantiene las obligaciones de cooperación de Argentina con la Corte Penal Internacional y respeta las inmunidades reconocidas por el derecho internacional.
La iniciativa también plantea la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para investigar delitos de esta complejidad. Para ello, propone acompañar la eventual aprobación de la reforma con capacitación específica para jueces, fiscales y otros integrantes del sistema judicial. Además, señala la importancia de desarrollar herramientas especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal, garantizar la preservación de pruebas y establecer mecanismos de protección para testigos. Estos recursos serían fundamentales para avanzar en investigaciones que podrían involucrar a autoridades políticas y militares de distintos países.
El expediente 5625-D-2026 fue presentado el 21 de octubre de 2026 y cuenta con el acompañamiento de legisladores de Unión por la Patria, Coalición Cívica y Provincias Unidas. Entre sus firmantes se encuentran Mónica Frade, Diego Giuliano, Jimena López, Cecilia Moreau, Pablo Farías y Pablo Juliano. La iniciativa fue girada a las comisiones de Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. Por el momento, se trata de un proyecto de ley y todavía debe atravesar el debate parlamentario y las instancias legislativas correspondientes antes de convertirse en una norma vigente.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
