La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó nuevas medidas de alivio fiscal destinadas a pequeñas y medianas empresas, entidades sin fines de lucro, trabajadores independientes y contribuyentes del sector de la salud. La suspensión de juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares se extenderá hasta el 30 de junio de 2027. Además, se amplió el plazo para regularizar deudas tributarias y multas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó este jueves 5 de noviembre una serie de medidas destinadas a aliviar la situación fiscal de distintos sectores de la economía argentina. Entre las principales disposiciones se encuentra la extensión de la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y de las medidas cautelares hasta el 30 de junio de 2027. La decisión busca brindar mayor margen financiero a las pequeñas y medianas empresas, entidades sin fines de lucro y otros contribuyentes que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias.
La medida fue formalizada mediante modificaciones a las resoluciones generales del organismo y publicada en el Boletín Oficial. El beneficio alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas de los Tramos 1 y 2 que cuenten con el Certificado MiPyME vigente. También comprende a personas humanas y sucesiones indivisas categorizadas como pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y contribuyentes pertenecientes al sector de la salud. De esta manera, se amplía el universo de sectores que podrán contar con esta protección frente al inicio de acciones judiciales de cobro.
Uno de los aspectos centrales de la resolución es la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares, entre ellas los embargos. Estas herramientas judiciales pueden representar un problema importante para las empresas que atraviesan dificultades económicas, ya que pueden comprometer sus cuentas bancarias y afectar su capacidad para afrontar gastos cotidianos. En particular, las pequeñas empresas suelen necesitar liquidez para sostener el pago de salarios, proveedores, servicios y otras obligaciones necesarias para continuar con sus actividades.
Sin embargo, ARCA aclaró que la suspensión no implica una prohibición absoluta para que el organismo avance contra los contribuyentes. La normativa establece excepciones cuando exista una grave afectación de los intereses del Fisco, situaciones de caducidad de instancia o casos en los que exista riesgo de prescripción inminente. Esto significa que, aunque se amplía el período de protección, el organismo conserva determinadas facultades para intervenir cuando se presenten circunstancias específicas contempladas en la legislación.
En paralelo, el Gobierno nacional modificó el régimen especial de facilidades de pago con el objetivo de ampliar las posibilidades de regularización de las deudas. A partir de los cambios introducidos, podrán incorporarse obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2026 inclusive. Anteriormente, el esquema contemplaba únicamente las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de este año. La ampliación permite incluir deudas generadas durante cuatro meses adicionales y representa una nueva oportunidad para quienes necesitan reorganizar su situación fiscal.
Otro punto importante es la extensión del plazo para adherirse al régimen. Los contribuyentes podrán presentar sus solicitudes hasta el 30 de junio de 2027 a través del servicio digital de ARCA denominado “Mis Facilidades”. La herramienta permite gestionar los planes de regularización y acceder a las condiciones previstas por el organismo. No obstante, quienes tengan deudas vencidas hasta el 31 de octubre deberán tener en cuenta que la posibilidad de incorporarlas al sistema estará disponible a partir del 16 de noviembre de 2026.
Las medidas habían sido anticipadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 32.ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA). En aquella oportunidad, el funcionario sostuvo que el objetivo era brindar herramientas para acompañar el desarrollo de las empresas, impulsar el empleo y favorecer el crecimiento de las exportaciones. La decisión se inscribe en una estrategia oficial que busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar que las dificultades financieras se conviertan en un obstáculo mayor para la continuidad de las actividades productivas.
La implementación de estas disposiciones abre un nuevo escenario para las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y organizaciones sin fines de lucro que necesitan regularizar sus obligaciones sin comprometer su funcionamiento. Si bien las medidas ofrecen más tiempo y alternativas para ordenar las deudas, también plantean el desafío de evaluar su alcance real sobre la economía cotidiana de estos sectores. Para muchas organizaciones, especialmente aquellas que dependen de ingresos variables y tienen dificultades para sostener sus estructuras, la posibilidad de evitar embargos y acceder a planes de pago puede resultar una herramienta importante para preservar puestos de trabajo y garantizar la continuidad de sus actividades.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas
