Con la presencia de gobernadores, funcionarios nacionales y referentes de la industria, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) llevó adelante en Rosario el segundo encuentro de su espacio de articulación sectorial. El cónclave estuvo marcado por debates sobre el impacto del RIGI, la integración de la cadena de proveedores locales y la coordinación institucional entre provincias.
El sector minero argentino transitó una cumbre de alta intensidad política e institucional con la celebración de la segunda reunión de la Mesa Federal Minera, organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y encabezada por su titular, Roberto Cacciola. El encuentro, desarrollado a puertas cerradas en la ciudad de Rosario en paralelo a una masiva agenda de rondas de negocios, congregó a un peso pesado de mandatarios provinciales, funcionarios del gabinete nacional, operadoras mineras y cámaras de proveedores, con el objetivo central de blindar las condiciones de previsibilidad y articular la normativa necesaria para sostener el actual ciclo de inversiones extraordinarias que atraviesa la actividad.
Uno de los ejes gravitacionales de la jornada giró en torno al balance y la proyección del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Durante su exposición ante los presentes, el ministro de Economía expuso cifras preliminares que reflejan montos multimillonarios comprometidos bajo este esquema y enfatizó la urgencia de agilizar los procesos administrativos, especialmente en lo que respecta a la aceptación de facturas y plazos de pago para dinamizar el flujo financiero de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que integran la cadena de valor. Para las operadoras mineras, la agilidad en los circuitos financieros representa una condición sine qua non para evitar cuellos de botella operativos en los yacimientos.
La convocatoria destacó por la amplia representación de gobernadores de provincias con fuerte impronta minera —como San Juan, Catamarca y Jujuy—, sumados a mandatarios de distritos con una marcada base industrial y metalmecánica que no explotan minerales de forma directa, tales como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. Desde la óptica de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), este armado político fue calificado como un hecho político clave para federalizar el derrame económico de la actividad, permitiendo que industrias no tradicionales del centro y sur del país provean bienes de capital, insumos y servicios tecnológicos a los grandes proyectos cordilleranos.
A lo largo del debate a puertas cerradas, los participantes pusieron sobre la mesa la necesidad imperiosa de coordinar normativas fiscales, infraestructura logística, obras viales y energéticas, además de programas de capacitación laboral especializada que trascienden los límites geográficos de una sola provincia. Los directivos de empresas globales con proyectos de litio y cobre en el país remarcaron que el volumen de capital invertido exige reglas de juego estables a largo plazo y una sintonía fina y constante entre las administraciones provinciales y el Estado nacional para destrabar permisos y optimizar la competitividad exportadora.
El encuentro también dejó espacio para lecturas políticas finas y ausencias resonantes. Mientras que la cumbre exhibió un respaldo transversal de los ejecutivos provinciales a la agenda de desarrollo minero, ciertos cortocircuitos políticos y electorales de coyuntura se tradujeron en ausencias parciales o retiradas anticipadas de algunos mandatarios en las actividades complementarias. Asimismo, la dinámica sectorial dejó en evidencia algunos faltazos gremiales de peso, como el de los representantes de AOMA, dejando pendiente la firma de un documento integral de consenso sociolaboral que contemple las demandas de los trabajadores en este nuevo ciclo de expansión.
Para Cacciola y la cúpula de CAEM, la continuidad de este espacio federal —que tuvo su puntapié inicial meses atrás en San Juan— consolida un ámbito indispensable para alinear los intereses a menudo divergentes entre las provincias dueñas de los recursos, la Nación que regula la macroeconomía y las empresas que arriesgan el capital. El gran desafío que sobrevuela la agenda sectorial radica en cómo capitalizar la ventana internacional de demanda de minerales críticos (como el litio y el cobre) transformando la extracción primaria en un polo de industrialización y encadenamiento federal genuino.
Hacia adelante, las conclusiones de la mesa de trabajo anticipan una agenda enfocada en aceitar los mecanismos de sustitución inteligente de importaciones mediante proveedores locales, monitorear el impacto de la desregulación económica y asegurar que los estándares ambientales y sociales acompañen el salto de escala de la industria. La minería argentina se juega en estos espacios la consolidación de un modelo exportador de mediano plazo que aspira a posicionarse como uno de los motores fundamentales de la recuperación de divisas del país.
En conclusión, la segunda reunión de la Mesa Federal Minera en Rosario funcionó como un termómetro político y estratégico del momento bisecur que vive el sector. Entre promesas de agilización financiera bajo el paraguas del RIGI, la puja por integrar a la industria nacional y la necesidad de consensos institucionales sólidos, la cadena minera busca blindar un proceso de inversiones sin precedentes frente a los tironeos de la coyuntura macroeconómica y política.
Fuente: Ambito Financiero
