La Secretaría de Transporte oficializó una nueva estructura de costos para las líneas nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires y autorizó el pago de casi $39.000 millones por diferencias de recaudación acumuladas entre junio y septiembre. El esquema contempla compensaciones hasta enero de 2027 e incorpora por primera vez inversiones vinculadas a colectivos a GNC y eléctricos.
El Gobierno nacional oficializó una actualización de los subsidios destinados a las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y autorizó el desembolso de $38.840.841.807 para compensar diferencias de recaudación correspondientes al período comprendido entre junio y septiembre de 2026. La medida quedó establecida mediante la Resolución 80/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Además, la normativa fija una nueva estructura de costos y las compensaciones tarifarias que se aplicarán entre octubre de este año y enero de 2027.
La decisión se conoció después de varias semanas de tensión entre el Gobierno y las cámaras empresarias del transporte automotor. A mediados de octubre, representantes del sector habían advertido sobre la posibilidad de reducir las frecuencias, especialmente durante el horario nocturno, ante el atraso en los pagos y el incremento de los costos operativos. El reclamo empresarial incluía una deuda cercana a los $40.000 millones, un monto similar al que ahora el Ejecutivo autorizó a cancelar. La advertencia puso en discusión la continuidad de las prestaciones en las 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA.
El entendimiento entre las autoridades nacionales y las cámaras empresarias se terminó de cerrar el 29 de octubre. En aquella reunión, la Secretaría de Transporte acordó actualizar mensualmente la estructura de costos desde octubre hasta enero y reforzar entre un 10% y un 15% los subsidios destinados a las líneas nacionales. El objetivo oficial es evitar que el aumento de los gastos de funcionamiento se traslade directamente al precio del boleto y sostener las frecuencias del servicio. También se acordó cancelar los montos adeudados en tres pagos, aunque las empresas habían reclamado inicialmente que la totalidad de la deuda se abonara en una sola cuota.
La resolución contempla una compensación requerida mensual de aproximadamente $101.728 millones para octubre, $101.549 millones para noviembre, $101.753 millones para diciembre y $103.725 millones para enero de 2027. El valor establecido para enero funcionará como referencia para los meses posteriores, hasta que se apruebe una nueva actualización. Para elaborar estos montos, el Gobierno incorporó el acuerdo paritario del 22 de julio, las previsiones salariales para los choferes y las variaciones registradas en insumos fundamentales para la actividad, entre ellos el gasoil, el GNC, los seguros, la vigilancia, los peajes y el mantenimiento del parque automotor.
Uno de los cambios centrales de la nueva metodología es la incorporación de los costos asociados a la transición energética del transporte público. Por primera vez, el cálculo de las compensaciones reconoce las inversiones necesarias para instalar estaciones de abastecimiento de GNC y puntos de recarga eléctrica, además del costo financiero que implica comprar colectivos con estas tecnologías o reconvertir unidades existentes. Según el criterio técnico incorporado por Transporte, no alcanza con comparar el precio del combustible o de la electricidad: también deben contemplarse el rendimiento de cada vehículo, su mantenimiento, la infraestructura necesaria y el costo total por kilómetro recorrido.
La modificación se produce en un sistema que todavía depende mayoritariamente del gasoil. De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte citados en la información oficial, el parque de las líneas nacionales del AMBA está compuesto por 6.855 colectivos, de los cuales solamente 33 funcionan a GNC y tres son eléctricos. La incorporación de estos nuevos conceptos busca establecer un mecanismo para reconocer las inversiones que requiere la diversificación de la matriz energética, aunque la transformación de la flota todavía representa una porción reducida del conjunto de unidades que prestan servicio.
El financiamiento de las compensaciones se realizará mediante recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), alimentado por los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, junto con partidas del Presupuesto General que se transfieren al fideicomiso administrado por el Banco Nación. La resolución también eliminó el anexo que detallaba la participación de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el financiamiento. El argumento oficial es que el esquema aprobado corresponde íntegramente a la jurisdicción nacional, mientras que las administraciones bonaerense y porteña cuentan con sus propios cálculos para los servicios bajo sus respectivas competencias.
La actualización vuelve a poner en primer plano el debate sobre el costo del transporte público, el reparto de los subsidios y la sostenibilidad de un servicio del que dependen millones de pasajeros en el principal conglomerado urbano del país. Mientras el Gobierno busca contener el precio del boleto y evitar nuevos conflictos con las empresas, el esquema mantiene una fuerte intervención estatal para cubrir la diferencia entre los ingresos tarifarios y los costos reconocidos de explotación. Por ahora, la decisión alcanza a las líneas nacionales del AMBA y no implica automáticamente una modificación de los subsidios ni de las tarifas de los colectivos que circulan en Córdoba y otras provincias.
Fuente: Ámbito Financiero
