La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) decidió intervenir en la causa por la presunta criptoestafa $LIBRA y cuestionó el cierre de la investigación que benefició al Presidente, a su hermana Karina Milei y a otros nueve imputados. El organismo, encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, consideró que todavía existen medidas de prueba pendientes y reclamó que se profundice la investigación.
La causa judicial por la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo y volvió a colocar al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, en el centro de la controversia. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo especializado en investigar hechos de corrupción y delitos vinculados con funcionarios públicos, se presentó formalmente en el expediente para impulsar la continuidad de la investigación y cuestionar los sobreseimientos dictados por la Justicia federal.
La intervención se produjo luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolviera cerrar la causa y sobreseer a Milei, a la secretaria general de la Presidencia y a otros nueve imputados. La decisión había sido adoptada después de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de todos los investigados. Frente a ese escenario, la PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, asumió el ejercicio de la acción penal y presentó un planteo para que se reabra el expediente.
La decisión del organismo especializado respondió a un pedido del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dos organizaciones que habían cuestionado el cierre de la investigación por considerarlo prematuro. Ambas entidades sostuvieron que todavía existen elementos que deben ser esclarecidos y reclamaron una intervención más activa de los organismos especializados en la persecución de posibles hechos de corrupción. Desde el CIPCE calificaron la participación de la PIA como un paso fundamental para esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las medidas de prueba que, según las organizaciones y la fiscalía especializada, todavía deberían realizarse. Entre los puntos señalados aparecen la reconstrucción de la trazabilidad de los fondos vinculados con la operación, el análisis de comunicaciones, la investigación de posibles acuerdos comerciales y el seguimiento de los movimientos económicos relacionados con el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda. Para la PIA, la existencia de diligencias pendientes requiere profundizar la investigación antes de dar por concluido el expediente.
El caso $LIBRA se originó en febrero de 2025, cuando Javier Milei difundió públicamente el proyecto vinculado con la criptomoneda a través de sus redes sociales. Tras la promoción presidencial, el token experimentó una fuerte suba de valor y posteriormente sufrió un desplome que dejó importantes pérdidas entre quienes habían invertido. El episodio derivó en denuncias judiciales por una presunta estafa y abrió interrogantes sobre los vínculos entre el Presidente, los impulsores del proyecto y los empresarios relacionados con su lanzamiento. Entre los nombres que aparecen en la investigación se encuentra el empresario estadounidense Hayden Davis.
La investigación también había alcanzado a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Julian Peh y otros particulares vinculados con el desarrollo y la promoción del activo digital. En el expediente se analizaron posibles delitos de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Sin embargo, el fiscal Taiano consideró que no correspondía avanzar con una acusación penal contra los investigados y solicitó sus sobreseimientos, criterio que fue aceptado inicialmente por el juez Martínez de Giorgi. La presentación de la PIA abre ahora una nueva discusión sobre la suficiencia de la investigación realizada y la validez de su cierre.
La resolución del planteo quedó en manos del Juzgado Federal N.º 8, que se encuentra interinamente a cargo del juez Daniel Rafecas debido a la ausencia de Martínez de Giorgi. La Procuraduría no solamente solicitó que se habilite la reapertura del expediente, sino que también dejó planteado un recurso de apelación en subsidio para que, en caso de un rechazo, la cuestión pueda ser revisada por la Cámara Federal. De esta manera, el cierre de la causa todavía enfrenta una instancia de discusión judicial.
La intervención de la PIA representa un nuevo movimiento en uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno nacional. Aunque Javier Milei había celebrado públicamente el sobreseimiento como un cierre de las acusaciones en su contra, el planteo de la fiscalía especializada vuelve a poner en discusión si la investigación agotó todas las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido. Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre el pedido de reapertura y será la Justicia la que deberá resolver si corresponde continuar investigando el caso que involucra al Presidente, a su hermana y a otros nueve imputados.
Con ayuda de La Nueva Mañana
